Ayer, la Justicia dictó prisión preventiva para los cuatro choferes detenidos desde el pasado 12 de septiembre. Hoy fueron detenidos siete choferes acusados de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños en concurso real".
Jueves 29 de septiembre de 2016 16:32
Hoy se conoció la detención de siete choferes de varias líneas de transporte urbano de Salta Capital y de la ciudad norteña de Orán. Las órdenes de allanamiento se fraguaron en el marco de la causa conocida como “toma de la UTA”, un conflicto sindical entre dos alas de la comisión directiva del sindicato que se destapó hace dos semanas y derivó en el Juzgado de Garantías Nº 2, al mando del juez Ignacio Colombo.
Los siete trabajadores detenidos esta mañana se suman a otros cuatro choferes que permanecen detenidos hace 16 días, y sobre los que el juez dictó prisión preventiva acusados de ser los máximos responsables de los hechos sucedidos el pasado 12 de septiembre en la sede Salta de la Unión Tranviarios Automotor.
Esta mañana, madres, esposas y familiares de los choferes detenidos brindaron una conferencia de prensa donde desmintieron la versión oficial de “una toma violenta de la sede de la UTA”, afirmando que se trató siempre de una asamblea con la que unos 32 trabajadores exigían que desde Buenos Aires tomen cartas para que el gremio a nivel local responda ante despidos e irregularidades laborales en distintas líneas de Saeta (Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor).
“No fue una toma. Todo el tiempo estaban en una completa asamblea. Los secretarios de la UTA no fueron secuestrados, porque ellos públicamente dijeron que no estaban secuestrados, pero después en sus declaraciones ante la justicia dijeron todo lo contrario”, relató una madre.
Por su parte, la esposa de un chofer detenido afirmó que “ahora lo que se está viendo es algo más político, no tienen una denuncia formal por la cual ellos tengan que estar detenidos, esto pasó por nivel federal, nacional, y lo rechazaron porque no encontraban una causa, y ahora se hace cargo la provincia, pero tampoco tienen nada formal”.
La judicialización del conflicto entre los trabajadores del transporte implica un avance en la intromisión del gobierno y las empresas en la vida interna de las organizaciones y es algo que debe ser rechazado.
