Ayer se conocieron declaraciones antisemitas del Defensor del Pueblo de Cerrillos, Carlos Paz, en su cuenta de Facebook. El repudio fue inmediato en los medios de comunicación. Se exige su renuncia y juicio político. La justicia ha abierto una “investigación preliminar” y el ministerio de DDHH hará una presentación en el INADI.
Martes 30 de agosto de 2016 14:04
En una publicación en su muro de Facebook el Defensor del Pueblo de Cerrillos, localidad de unos 20 mil habitantes al sur de la capital salteña, se despachó con afirmaciones anti-semitas que provocaron un repudio generalizado entre periodistas y organizaciones. Desde la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina solicitaron a la intendenta del municipio, Yolanda Vega (Frente Renovador – Romero + Olmedo), y al Consejo Deliberante, que lleven adelante la destitución y el juicio político contra el funcionario.
En un intento por analizar el conflicto en la Franja de Gaza, Carlos Paz descargó una verborragia de ataques al pueblo judío en general, acusándolo, entre otras cosas, de haber “negociado los muertos de la AMIA y la embajada a cambio de millones”. Una vez que el escándalo fue noticia en todos los medios locales, el funcionario intentó defenderse aduciendo que su cuenta de Facebook habría sido hackeada.
El defensor también hace alusión en su desatinado comentario a la situación vivida en la ciudad de Bariloche, donde un grupo de estudiantes de la Sociedad Educativa y Deportiva Alemana Lanús Oeste ingresaron a un boliche exhibiendo simbología nazi y generaron el inmediato repudio y la denuncia de alumnos de la escuela ORT, perteneciente a la comunidad judía.
“Ahora enjuician a jóvenes en Bariloche, por haberse puesto ropa alemana de la 2 guerra, no podemos ni decir judíos de mierda, porque somos racistas discriminadores y basuras humanas”, expresaba Carlos Paz.
Hoy se conoció que el fiscal penal de Rosario de Lerma, Torres Rubelt, inició una “investigación preliminar” sobre los hechos aclarando en un comunicado oficial que “conductas como estas están sancionadas como delito penal en la Argentina, desde el año 1988, por una previsión que se encuentran mencionada de manera específica en el artículo tercero de la Ley 23.592.” Por su parte, el ministerio de DDHH de la provincia anunció que realizará la presentación correspondiente ante el INADI.
