Exigen la reincorporación de dos compañeros despedidos y la mejora inmediata de las condiciones laborales.
Matías Mustafá Corresponsal Salta
Viernes 14 de noviembre de 2014 10:19
Hace más de cuarenta días que cuatro trabajadoras de una empresa que terceriza servicios generales en diversos hospitales públicos de la capital salteña, se encuentran encadenadas en la entrada del Hospital San Bernardo exigiendo la reincorporación de dos compañeros despedidos y la mejora inmediata de las condiciones laborales.
El patrón que es dios, pero también el diablo
La tarde-noche del martes 10 durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provinciales el bloque del Partido Obrero solicitó al diputado Eduardo Abel Ramos (PJ) explicaciones respecto de la situación laboral de los empleados de la Fundación Trabajo y Solidaridad (FTS), y sobre la situación de las irregularidades denunciadas por numerosos organismos públicos dónde cumple tareas y funciones dicha fundación.
Previamente la Cámara de Diputados había solicitado un informe a la Auditoria General de la Provincia, donde instaban al ente regulador a que indague respecto de “los contratos entre la fundación y el estado, los detalles de facturación, y de las multas de los dos últimos años, si la fundación cuenta con capital propio y la situación de los trabajadores”.
Afuera del recinto una manifestación hacía oír su indignación, mientras tanto en el Hospital San Bernardo Gilda Vega, trabajadora que junto a otras tres mujeres se ha encadenado en la entrada del nosocomio como medida de fuerza, esperaba el regreso de sus compañeras, escuchaba por radio la sesión de diputados, ayudaba a su hijo a terminar las tareas de naturales para la escuela y se disponía a dialogar con La Izquierda Diario.
La FTS forma parte de la cartera de “empresas sociales” que Ramos monopoliza y mediante las cuales penetra, fragmenta y explota la organización de los trabajadores de la Salud Pública. Gilda nos alecciona al respecto de la FTS: “(…) la fundación es de Ramos, aunque él siempre se niegue a reconocerlo (…) y se trata de una fundación que contrata personal de “servicios generales” en los hospitales públicos San Bernardo, Oñativia, Ragone, Papa Francisco y El Milagro Viejo (…) somos mucamas, camilleros, cocineras, personal de mantenimiento, limpieza y lavandería (…)”. Al mismo tiempo el infausto diputado es también el eterno Secretario General de la filial Salta de ATSA, y todos los trabajadores de la FTS deben afiliarse obligatoriamente al gremio y a la obra social de ATSA, cerrando así un contrato laboral con Dios y con el Diablo.
Las “empresas sociales” de Ramos no sólo acaparan en el área de la Salud Pública a los trabajadores de servicios generales, también se extienden hacia una arista fundamental para la proyección de un sistema de salud público, gratuito y laico: el Colegio Calcuta y la Escuela de Enfermería Ramón Carrillo también son propiedad de Ramos. Completan este somero escenario el Centro Médico de ATSA, el Hotel del Club Sanidad (en Salta capital y Cafayate) y la Productora Capricornio que distribuye sus contenidos en Fm. La Mujer, Fm. Líder y el programa “ATSA: un presente y un futuro”, que se emite por canal 2 de Cablevisión.
Precariedad, persecusión y despidos
La lucha de los trabajadores de la FTS empezó hace seis meses y tuvo como punto de partida el reclamo por las condiciones de precariedad laboral. Claudia Echenique, otra de las trabajadoras que hace guardia en la entrada del Hospital San Bernardo, asegura: “(…) no contamos ni con guantes ni calzado, no tenemos las herramientas de trabajo necesarias, no nos otorgan licencias, nuestros salarios no tienen nada que ver con lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 Clínicas y Sanatorios (…)”. A medida que el cerco mediático de invisibilidad condenaba paulatinamente al olvido la lucha de los trabajadores de la FTS, la intolerancia y la ineptitud política del hijo del diputado Ramos, Sebastián Ramos, sirvió como punto cohesionador y reavivamiento de la lucha.
Oscar Maidana es el vocero elegido democráticamente por los trabajadores de la FTS en el Hospital San Bernardo para representar sus intereses y demandas ante la patronal. En las últimas paritarias a nivel nacional ATSA consiguió un aumento escalonado del 35%: un 18% en el mes de julio, un 10% en el mes de octubre y un 5,5% en febrero de 2015. Maidana fue agredido por el hijo de Ramos cuando realizó una presentación al contador Cano - el responsable de liquidar los sueldos de los trabajadores de la FTS- donde exigía el pago inmediato del aumento salarial correspondiente al mes de julio. Ante semejante atrevimiento Sebastián Ramos consideró necesario disciplinar al trabajador combativo, lo que no supo calcular fue la profundización que provocaría de la tensión entre la patronal y los trabajadores.
Oscar Maidana también fue despedido de hecho de la FTS, negándosele la reincorporación en las más de seis conciliaciones obligatorias que se han efectuado hasta el momento, por mandato de la Secretaría provincial de Trabajo. A partir de este hecho la indignación de los trabajadores cobró estado público mediante la medida de fuerza. Sin embargo han sido sistemáticamente invisibilizados.
La decisión de encadenarse en la puerta del Hospital San Bernardo según afirma Claudia les ha costado a ella, Gilda y dos compañeras más -Susana Ortiz y Ana Villafañe- sus puestos laborales. “(…) Ramos nos dice que nos va a garantizar nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos sindicales, si abandonamos la lucha y volvemos a trabajar (…) ¿pero cómo creer y confiar en alguien que nos reprime, nos roba y precariza nuestras condiciones de trabajo? (…)”, se pregunta Claudia.
En asambleas y reuniones los trabajadores tomaron la iniciativa de auto-determinar su filiación gremial y se encuentra ahora en plena gestación el “Sindicato de Trabajadores de Servicios Generales”, una suerte de correlato de “Docentes Unidos de Salta”, agremiación nacida al calor de la lucha de los docentes salteños durante la primera mitad de este año.
El caso de Ramos lamentablemente no se trata de una excentricidad. Cuando indagamos sobre su trayectoria política emerge el arquetipo fundamental del sindicalista corrupto, burocrático y patoteril. El kirchnerismo como cultura política acarrea en su relato contradicciones con estas características, y por más que sean negadas las vinculaciones objetivas nos permiten inferir que el grado de deterioro en la contención de tales procesos se problematiza, se profundiza y toma la forma y el contenido de la indignación social y la resistencia.
