Jueves 11 de septiembre de 2014
En la semana han trascendido críticas al proyecto de ley del boleto gratuito para transportes urbanos, interurbanos y de larga distancia para personas con HIV, tuberculosis, en tratamiento de hemodiálisis y con patologías oncológicas de tratamiento prolongado (más de tres meses) sancionado por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hace ya casi un mes. Esta normativa pretende, en palabras de quien presentó el proyecto Lucia Portos (FPV), “facilitarle a los bonaerenses que sufren una enfermedad que viajen gratuitamente a través del territorio provincial mediante transporte público”. El beneficio requiere el previo trámite de un carnet de identificación que será válido por seis meses y renovable.
Gustavo Pecoraro (página 12, 5/09) cuestionó la inexistencia de una ley nacional (habiendo ya leyes similares en diferentes ciudades) en beneficio de “personas que se van de sus ciudades o pueblos buscando el trato anónimo de los hospitales en las grandes ciudades, para que el médico que te recete el Ritonavir no sea el mismo que encuentres en el bar del club el domingo.” Asimismo, además de caracterizar como “antigua” a la legislación al referirse a las personas viviendo con HIV como “enfermos de SIDA”, señaló los obvios límites del alcance de la normativa.
Sucede que la justificación aborda la necesidad de ampliación de derechos de los “sectores más vulnerables”. ¿Pero acaso no son “vulnerables” también las personas trans atravesadas por la precarización laboral con una expectativa de vida de 35 años? ¿O los inmigrantes, muchos de ellos esclavizados, que habitan en villas al que el Estado provincial y local responde con topadoras? ¿Y qué decir del conjunto de trabajadores y poblaciones con condiciones de vida cada vez más paupérrimas y trabajo precarios? Sucede que nociones como vulnerabilidad, exclusión, etc. no hacen sino ocultar las bases sobre las que funciona la sociedad que son la explotación y la opresión. Esta es la obvia razón por la cual el corte que propone la ley debería correrse del diferencial médico para contemplar la falta de trabajo y vivienda a la hora de garantizar el acceso a la atención médica.
Desde el Gobierno nacional, provinciales y municipales de todo el país, nunca se ha abordado una cuestión clave para garantizar el acceso a la atención médica. Un sistema de salud único, gratuito, integral y de calidad se plantea como utópico y en cambio solo abundan medidas de (muy) corto alcance que legislan sobre enfermedades y padecimientos puntuales imitando el estilo del “proyecto Oregón” norteamericano. Políticas ultra focalizadas detrás de las cuales siempre hay un negocio. Desde organizaciones como Fundación Huésped plantean el negocio millonario mundial que se ha generado sobre la pandemia del VIH, donde los únicos ganadores son la Industria Farmacéutica avaladas por la FDA, OMS, OMC, lobbystas profesionales de salud o empresarios.
La medicalización no favorece a la Adherencia, otra de las cuestiones que justifica la letra de la ley. El problema de la adherencia tiene causas estructurales profundas en cómo viven cada una de las personas. Sólo tomando el caso de personas viviendo con HIV, una medida mínima debería ser garantizar que los empresarios no realicen el test de VIH en los pre-ocupacionales, garantizar el derecho al trabajo y en caso de que problemas de salud lo impidieran, las personas seropositivas deben recibir un subsidio que le permita pagar todo los gastos para vivir, además de atención médica gratuita.
En línea con lo anterior, la medicalización estandarizada conduce a la imposición del medicamentos más económico o los más promocionado por la industria farmacéutica, muy alejado de tratamientos integrales fundamentales que contemplen el derecho a la buena alimentación, y el cuidado de la salud solo es posible con un punto de partida donde el trabajo, la vivienda estén garantizados. Tampoco se contempla los grandes daños en la salud que provocan la utilización misma de las drogas que provocan pancreatitis, hepatitis medicamentosas (causada por los medicamentos para HIV), etc.
Esta ley aprobada en la provincia de Buenos Aires echa luz sobre el retroceso en materia de salud para toda la población y para los sectores particulares contemplados en la norma. Recuerdos de los 90’ de aquellos grupos de progres asustados siguiendo al Dr. Alfredo Miroli cual iglesia de buenas conductas morales. Pero la moral sólo barniza opresiones. Y esa runfla menemista asume con este tratamiento legislativo en manos del FPV una nueva forma de control social y patologización de conductas “propias” y “ajenas”. Mientras tanto en materia de derechos, bien gracias.
