MILITARIZACIÓN. Salvador Cienfuegos y el caso Ayotzinapa

El pasado 15 de octubre el ex Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en EE. UU. Luego de un periodo en el que estuvo detenido en una prisión en Nueva York, el pasado martes fue anunciada su liberación, luego de que le fueran retirados los cargos por tráfico de drogas.

Salvador Cienfuegos ha sido señalado como uno de los principales responsables de crímenes de Estado, tras la actuación del Ejército en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Sin embargo, por esto no ha sido juzgado en EE. UU. ni en México.

Es decir, lo que no esta puesto en cuestión, hasta ahora, ni en EE. UU. ni en México, es la responsabilidad del exsecretario de la SEDENA en el asesinato de miles de civiles en la guerra contra el narco, en el aumento de las desapariciones forzadas, feminicidios y juvenicidos; ni la actuación del ejercito, a su cargo, en crímenes de Estado como Ayotzinapa y Tlatlaya.

Uno de los casos emblemáticos de este actuar fue precisamente Ayotzinapa, en el que desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” y asesinaron a seis personas. Pese a que tanto los testigos como la evidencia del caso dejaban completamente claro que el Ejército había participado con el batallón 27 de Iguala, en ningún momento se puso bajo investigación a este organismo.

Cienfuegos no solo negó lo que para todos era evidente, sino que impidió que se investigara al Ejército. En octubre de 2015 declaró: “No puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”.

Agregando además “yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales […] esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy.”

Esta clara posición de Cienfuegos, no solo respondía a salvar a “sus soldados” sino a preservar al Ejército como institución y a su figura misma. Esto tras una enorme crisis abierta para el régimen mexicano, que fue cuestionado con multitudinarias movilizaciones que declaraban “Fue el Estado”.

En ese momento, incluso hizo mención de que no había ningún marco legal para poder interrogar a integrantes del Ejército, y que el convenio con la Comisión Internacional de Derechos Humanos no tenía esas facultades; dejando claro que instituciones como el Ejército están completamente protegidas y gozan de la mayor impunidad.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa exigieron que se les permitiera el acceso a las instalaciones militares, señalando que era probable que ahí se encontraran los jóvenes. Sin embargo, tanto Cienfuegos como el conjunto de instituciones se negaron a proceder.

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En nombre de la “soberanía”, AMLO rechazó el procedimiento hacia Cienfuegos desde su detención, y el pasado 17 de noviembre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció el retiro de los cargos por vínculos con el narcotráfico hacia Cienfuegos, casi como un triunfo.

Actualmente, el ex secretario de la SEDENA se encuentra en libertad en suelo mexicano. Es así que, mientras AMLO promete justicia a los padres de los normalistas, hoy no queda claro que hará la 4T con respecto a la situación de Cienfuegos.

Se especula que una de las monedas de cambio para la liberación de Cienfuegos, fue que la DEA continuara en operaciones en el territorio mexicano, dejando en claro que el problema no es el “resguardo de la soberanía”, misma que se vulnera de acuerdo a las necesidades de la Casa Blanca.

Sin embargo, esta situación responde a la política sostenida por AMLO desde antes de que llegara a la presidencia, que se traducía en resguardar las instituciones y al régimen. Dejó en claro que, pese al descontento en contra de expresidentes y exfuncionarios, él no juzgará ni procederá en contra de los mismos, a pesar de estar clara su relación con la delincuencia organizada, el narcotráfico y su responsabilidad en crímenes de Estado.

Pero en particular, a AMLO le preocupa preservar a la militarización como proyecto de seguridad, pues ésta ha tenido continuidad con la Guardia Nacional. Dejar que se juzgue y castigue a un militar del rango de Cienfuegos, dejaría la posibilidad de tener una puerta abierta para que el conjunto de la institución sea cuestionada.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que pese a la retórica que envuelve a la Guardia Nacional, esta está compuesta por viejos elementos del Ejército y la Marina (que fueron desplegados desde el gobierno calderonista), y que dicho organismo ya ha sido señalado como responsable por violaciones de DDHH. No es casual tampoco que éste sea el organismo predilecto para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

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Nuevamente, queda claro que la justicia no vendrá desde arriba. Para los miles de jóvenes, trabajadores y mujeres, de familias cercenadas producto de la guerra contra el narco; para aquellos que hemos vivido los estragos de la militarización de nuestros barrios, para quienes hemos salido a exigir justicia ante los crímenes de Estado, se hace urgente poner en pie un amplio movimiento que exija juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del México hecho fosa clandestina. Esta lucha debe incluir la demanda del regreso de los militares y la Guardia Nacional a sus cuarteles.