El colegio privado San Gabriel ubicado en la localidad de Muñiz dentro del partido San Miguel se encuentra tomado por alumnos, acompañados de docentes y padres, como parte de su pelea por la reapertura de esta institución.
Lunes 21 de marzo de 2016 09:30
El sábado 12 de este mes una orden de desalojo cayó al colegio San Gabriel. La dueña del establecimiento había exigido por vía judicial desde el año 2011 al Grupo Midland quienes administraban una escuela privada en ese inmueble que entregara el edificio. Esta sociedad formada por Bruno Vitale, Claudia Guimarain y Carol Gómez nunca obedecieron estas órdenes y de esa manera la justicia intervino llevando a cabo la orden de desalojo. Docentes, estudiantes y padres se enteraron ese mismo día de este hecho. Ante esto, ellos se reunieron y en asamblea decidieron unificarse bajo el reclamo de reapertura del colegio. Los profesores veían que se quedaban sin trabajo y que sus sueldos no iban a ser pagados, los estudiantes sin su cursada y los padres, estafados. Un día anterior al desalojo muchos padres habían pagado matrículas y cuotas. El grupo Midland desapareció ese sábado. “Los chicos se fueron el viernes a su casa con tarea para el lunes“ dijeron frente a las cámaras de TV algunos padres indignados por la situación.
Docentes, estudiantes y padres siguieron la lucha. El lunes 14 se vieron en las principales calles de San Miguel decenas de estudiantes y docentes, acompañados por los padres movilizándose por su derecho a la educación y al trabajo. Ese día la única respuesta que tuvieron fue la de la jefatura de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) de San Miguel que ofreció reubicar a los alumnos en otros colegios privados de la zona. Los docentes seguían sin tener una respuesta por su fuente de trabajo. Con la excusa de garantizar la educación de los estudiantes, el objetivo de DIPREGEP fue seguir beneficiando de clientes a escuelas privadas que reciben jugosos subsidios a costa de la educación pública. Esta respuesta cayó mal entre los estudiantes ya que veían que iban a ser separados de sus compañeros. “Terminemos juntos” decían los carteles que colocaron por toda la escuela. Y juntos decidieron tomar el colegio ese mismo lunes. Docentes y padres los acompañaron. Se decidió hacer clases públicas para garantizar las clases.
La toma continuó. El miércoles 16 se volvieron a movilizar por las calles de San Miguel al ver que no había una respuesta por parte de las autoridades municipales y provinciales a su pedido de reapertura. La noticia de la toma tuvo repercusión nacional. Era algo común ver medios de comunicación en el lugar. Hacía tiempo que los estudiantes no salían a las calles. Esto obligó al municipio a tomar cartas en el asunto. El pedido de desalojo que había presentado la dueña del edificio fue frenado. Esto fue un golpe de aire que permitió darle continuidad a la toma.
El sábado pasado docentes, estudiantes y padres se reunieron en el colegio tomado.
Para la justicia son “usurpadores”. Analizaron los pasos a seguir. El próximo lunes 21 se reunirán con autoridades de DIPREGEP provincial para buscar una habilitación que por medio de una intervención desde el ministerio permita garantizar la fuente de trabajo a los 35 docentes que trabajan en la institución y la cursada a los 300 estudiantes de los distintos niveles que funcionan en el colegio. Desde el punto de vista de quienes escribimos esta crónica la salida está en manos de los docentes y estudiantes en compañía de los otros miembros de la comunidad escolar. Su organización y lucha es la única que puede permitir la formación de una cooperativa en la cual el Estado deba garantizar los salarios y el mantenimiento del edificio. Es la única salida para que los estudiantes no pierdan sus clases y para que los docentes no pierdan su trabajo. Mientras tanto, la toma debe continuar.
