RACISMO INSTITUCIONAL. Sánchez pretende expulsar a Marruecos a menores inmigrantes sin acompañamiento

El Ministerio del Interior y el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid han mantenido recientemente una reunión con representantes de la embajada de Marruecos para negociar la posibilidad de realizar expulsiones de menores inmigrantes sin acompañamiento a Marruecos, a costa de vulnerar sus derechos básicos. Esto deja a las claras la similitud actual de las políticas de inmigración del PSOE y el PP, caracterizadas por el ataque a los derechos básicos de los inmigrantes y el fomento de la xenofobia y el racismo institucional. Y, por cierto, no muy alejadas de las de Vox.

La reunión se realizó con representantes políticos al más alto nivel del Ministerio del Interior, Comunidad de Madrid y miembros de la embajada de Marruecos.

Encima de la mesa está la situación en la que se encuentran muchos menores inmigrantes no acompañados procedentes de Marruecos, que sufren los enormes problemas de gestión y falta de recursos materiales que han trascendido a la prensa por el hacinamiento y la falta de atenciones que están padeciendo. Pero, el trasfondo de la reunión tuvo también relación directa con lo destacado 10 días antes por Felipe VI, durante su viaje oficial a Marruecos, en la que el monarca expresó con absoluta claridad la necesidad de ir “más allá” en el control de emigración.

Una fuente del Ministerio del Interior, según ha recogido la prensa, ha comunicado que se está “trabajando con Marruecos” para lograr la posibilidad de “readmitir” a menores no acompañados. Con este indignante eufemismo se quiere decir expulsar del Estado español y devolverlos a Marruecos sin garantía alguna. Devolverles al mismo país del que previamente han escapado por razones seguramente muy graves y poniendo en alto riesgo su vida y su integridad física.

La pretensión real es expulsar indiscriminadamente a todos los menores posibles a Marruecos, independientemente de si se trata de menores de esa nacionalidad o no. Todo para recortar los pocos recursos que se están destinando a ese fin y deshacerse sin ningún problema de los menores que entienden que causan rechazo entre la población y pueden restar, en consecuencia, votos en las próximas elecciones. Rechazo que es un presagio auto-cumplido, dado que las condiciones materiales y sociales en que se les acoge, imposibilita ninguna política eficaz de reinserción social de estos jóvenes que se encuentran solos, en la miseria y sin ninguna perspectiva, por lo que se les aboca a la marginación social. No parece probable, además, que en el proceso se vaya a dedicar mucho tiempo y esfuerzos a averiguar algo sobre el origen real de los menores, dado que los 4.100 niños que están actualmente bajo la tutela de la Comunidad de Madrid provienen de hasta 50 países distintos. Y de lo que se trata de ahorrar recursos y esfuerzos y deshacerse de ellos cuanto antes mejor, sin ningún miramiento ni derecho social o económico que puedan tener.

No se ofrecen, por lo tanto, garantías de ningún tipo para respetar los derechos que asisten a los menores en todo el proceso, entre los cuales uno esencial y básico sería prestarles una atención integral de acogida para lograr su reinserción social y proyectarles hacia una posibilidad de futuro material con garantías. Algo que, por otra parte, el capitalismo es incapaz de ofrecer a amplias capas de la clase trabajadora y las clases populares en general.

Para tratar de justificar esta política extrema de racismo y xenofobia contra los menores desde el Ministerio del Interior han señalado que se trata de realizar este tipo de operaciones solo con aquellos menores “que no se hayan adaptado en España”. Poniendo de manera cínica e hipócrita el sesgo en la adaptación de los menores como si el problema fuera de éstos, y no del hecho de la enorme deficiencia y degradación de los servicios sociales que se les ofrecen para garantizar la posibilidad de su inserción. Malviviendo en centros sin medios ni recursos suficientes, hacinados y abandonados, como ha llegado a denunciar los trabajadores de esos centros de la Comunidad de Madrid, que han calificado como de “condiciones de posguerra”, resultando imposible ninguna integración mínima. Sin embargo, el enfoque tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como el del PP de la Comunidad de Madrid, parte de que el auténtico problema deriva de que algunos menores no se adaptan. Se podría utilizar argumento más racista, pero éste ya lo es bastante, para justificar la expulsión sin garantías de estos menores a los que se supone se debe proteger especialmente y que, además, están amparados por tratados internacionales firmados por el Estado español.

También es un hecho que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya el pasado noviembre llegó a comunicar a la prensa que podrían producirse “posibles repatriaciones” de menores no acompañados. Eso sí, para que nos quedáramos tranquilos enseguida añadió que en cualquier caso “siempre se aplicaría el criterio del bien superior del menor”, algo que sería gracioso si no resultara insultante, teniendo en cuenta que durante los últimos años se han venido produciendo protestas, por la actuación institucional hacia los menores. Ya en el año 2009 el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de amparo de un adolescente marroquí al que ni se le preguntó ni se le informó, ni se le permitió opinar o discutir sobre su repatriación.

Por otro lado, han sido constantes los cuestionamientos de las instituciones españolas a los menores no acompañados sobre su edad, aplicándoles pruebas y análisis de todo tipo sin ningún respeto a sus derechos ni a las pruebas aportadas por estos menores, para tratar de darles un tratamiento como adultos, sin respetar sus derechos como niños inmigrantes.

La única garantía que ha ofrecido el ministro del Interior, para tratar de asegurar un trato no discriminatorio ni vejatorio para los derechos esenciales de estos menores, ha sido que se intentaría ofrecerles un trato individualizado, algo nada creíble.

Todo esto partiendo de que las cifras de llegada son bastante escasas, unos mil menores no acompañados durante todo 2018 para el conjunto del Estado y en lo que va de año de 2019 se han acogido 652. Claro que las actitudes racistas desde las instituciones del Régimen del 78 son constantes. Ningún municipio se ha querido hacer cargo y alcaldes como el de Tres Cantos o Somosierra mostraron directamente el rechazo a abrir centros de acogida en sus localidades. La solidaridad entre Comunidades Autónomas también ha sido inexistente y las que reciben mayor número, Andalucía, Cataluña y Madrid vienen reclamando más fondos y/o políticas la realidad para deshacerse de los menores sin ningún tipo de acogimiento.

De la “tolerancia” a la represión

Lejos quedan ya las primeras y simbólicas medidas de urgencia humanitaria sobre inmigración adoptadas por el Gobierno de Sánchez, al poco de llegar a la Moncloa. Primero fue la recepción en el puerto de Valencia del “Aquarius”, un barco cargado de inmigrantes y abandonado a su suerte en el mar por todos los Gobiernos europeos del entorno cercano, Italia y Malta esencialmente, y del que nadie se quería hacer cargo. Posteriormente del “Open Arms” en Algeciras. Todos recibidos, además, mediante comités de recepción como misiones humanitarias y acompañados de cierta flexibilización legal de la política inmigratoria.

Apoyándose en un discurso de defensa de los derechos humanos y de los derechos de los náufragos en el mar, lo que llevaban implícita la necesidad de ofrecer un puerto seguro, el Gobierno dio cobertura legal a estas operaciones y se ofreció una cierta salida a su situación. Esto hizo que se generaran ciertas ilusiones sobre la posibilidad de que se produjeran algunos cambios en la política de inmigración del PSOE respecto a lo que había sido la política represiva del Gobierno de Rajoy, las expulsiones en caliente y las concertinas

Pero pocos meses más tarde, un segundo rescate del mismo barco “Aquarius” en aguas cercanas a Libia era rechazado por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese al peligro que implicaba desembarcarlos en algún puerto libio, como señalaba el capitán del barco, y el rechazo del resto de puertos cercanos de otros países europeos.

Pero tampoco se han retirado las concertinas de las vallas de las fronteras, que tanto daño hacen, tal y como se había prometido. Y se pasó, incluso, a defender ante las instituciones de Bruselas la política de expulsiones en caliente con la potencia de todo el aparato jurídico-administrativo del Estado ante las denuncias recibidas por las actuaciones durante la era Rajoy.

Lo último, tras el resultado de las elecciones andaluzas con la fuerte subida de Vox, ha sido el bloqueo en los puertos españoles de los barcos de rescate de las ONGs, siguiendo claramente la agenda política anti inmigratoria y xenófoba de Salvini en Italia.

Así, la política de Sánchez ha derivado rápidamente hacia una política claramente represiva de la inmigración, que incluye además seguir adelante con la construcción de los CIES, esas auténticas cárceles ilegales en las que los derechos de los inmigrantes son pisoteados sistemáticamente.

Frente a esta política reaccionaria, es una cuestión de principios para la izquierda defender los derechos de los inmigrantes, menores y adultos, hombres y mujeres, luchando por la derogación de todas las leyes represivas de la inmigración, la ley de extranjería, el cierre de los CIEs, el combate contra los ataques racistas de la extrema derecha, y el desarrollo de una política de acogida de “puertas abiertas”, basada en la solidaridad, la igualdad social y la transformación social en un sentido anticapitalista y revolucionario.