Después de semanas de reuniones, llamadas y cruce de declaraciones, los socios de Gobierno alcanzan un acuerdo para la negociación sobre la reforma laboral. ¿Qué se puede esperar de una negociación tutelada por Sánchez?
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 27 de octubre de 2021
Lo que se estaba convirtiendo en la mayor crisis del gobierno “progresista” desde que comenzara su andadura, parece que llega, en principio, a su fin. Las desavenencias entre Calviño y Yolanda Díaz para ver quién lideraba la negociación sobre la reforma laboral han sido encauzadas por ambas formaciones.
Unidas Podemos, nuevamente, ha discrepado más con sus socios de gobierno ante los medios que en la sala del Consejo de Ministros y ha aceptado liderar la negociación que tendrá que realizarse con la patronal y sindicatos, pero siendo esta negociación tutelada, especialmente a lo que hace al contenido, por el PSOE y Pedro Sánchez.
Existían dos aristas que explicaban el desencuentro de estas últimas dos semanas. Una era de contenido mientras que la otra era de método. UP, en busca de la foto y el titular fácil, quizá pensando más en el posicionamiento como líder de Yolanda Díaz que en política, se ha quedado con el método.
Es decir, con el acuerdo alcanzado será la cartera de Trabajo quién asuma el liderazgo de las negociaciones que se tendrán que realizar con la patronal y con las direcciones de CCOO y UGT, mientras que el PSOE aportará a la mesa directores generales de diferentes áreas. Esto hará que, jerárquicamente, la ministra de Trabajo esté al mando.
Ahora bien, en lo que realmente importa, el contenido, Sánchez y el PSOE serán los responsables y los que marcarán los límites. Un desenlace que no sorprende y es que, si a algo nos tiene acostumbrados UP, es a bregar ante los medios de comunicación pero a no salirse de la línea política que marca Ferraz.
Desde las filas socialistas ya han asegurado que la posición del Gobierno se ceñirá al “pacto de coalición”, pero está por ver si tan siquiera se llega a esos puntos. Recordemos que entre otros puntos, el pacto de gobierno establece: derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales o limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa o la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos.
Se hace complicado pensar en que un gobierno que ha dejado pasar el robo de las eléctricas estos últimos meses, que aprueba una ley de vivienda que indemniza a precio de mercado a las constructoras que cedan espacio para vivienda social o que ejecuta un plan de inversiones con los fondos europeos a medida de las grandes multinacionales del Ibex 35, vaya ahora a modificar lo esencial de la reforma laboral a favor de la clase trabajador.
A esto se suma la presión que desde la CEOE, ya se ha empezado a ejercer. A pesar de su buena sintonía con la ministra “comunista”, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi ha empezado a sacar los fantasma del paro y del frenazo en la contratación si esta reforma se modifica. Y es que no olvidemos que para la patronal, las reformas laborales de Zapatero y Rajoy supusieron allanar el camino para precarizar aún más el mercado laboral del Estado español.
Tampoco es desdeñable el papel de las burocracias sindicales de CCOO y UGT. Algunos dirán que están desaparecidos, y no es falso. De hecho, a pesar de la situación brutal de crisis del último año y medio y de la profundización de la precariedad laboral de la última década en el Estado español, debemos retroceder en el calendario 9 años para recordar la última jornada de huelga general.
Esta aparente inactividad por parte de las burocracias sindicales es lo más eficiente y útil para el gobierno y la patronal, que de este modo bajo el falso paraguas de la mesa de dialogo social, pueden hacer y deshacer en base a sus beneficios.
Es por ello que, más allá de las disputas y declaraciones cruzadas más o menos subidas de tono entre los socios de gobierno, ninguna modificación sustancial de la reforma laboral será llevada a cabo. No al menos en esos puntos más lesivos para la clase trabajadora y los sectores populares. En esa mesa social entre gobierno, burócratas y CEOE, solo se vela por los intereses de la patronal.
Es por ello que, ante la apertura de estas negociaciones, la clase trabajadora y los sectores populares debemos exigir que las burocracias sindicales convoquen asambleas en todos los centros de trabajo para preparar una gran huelga general.
Que organicen democráticamente la respuesta para acabar con el chantaje patronal y la servidumbre del PSOE y UP. No hay modificación de la reforma laboral beneficiosa para la clase trabajadora y los sectores populares si no es organizándonos y saliendo a la calle para decir basta a aquellos que quieren imponernos condiciones de miseria y precariedad mientras ellos siguen batiendo récords de beneficios.