No va a haber traslados a la Península, ni alternativas a las devoluciones, que se realizaran tan rápido como se pueda hacer cumpliendo la Ley de Extranjería. Así lo han acordado los presidentes del Gobierno y de Ceuta.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Miércoles 25 de agosto de 2021
La tarde de este miércoles se han reunido Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante la paralización judicial cautelar de las devoluciones de los cerca de 800 menores migrantes que llegaron a la ciudad ceutí el pasado mes de mayo. Finalizada la reunión, Vivas ha anunciado en rueda de prensa el compromiso de ambos gobiernos para realizar las expulsiones por “la vía que marca el reglamento de la Ley de Extranjería”, para evitar nuevas paralizaciones judiciales, y en “el menor tiempo posible”.
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Tras dos semanas de litigios judiciales, este martes un tribunal ceutí mantenía la paralización cautelar de las devoluciones al considerar que no cumplían la legalidad. Así lo había denunciado la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que presentó los recursos que pusieron en evidencia la irregularidad del proceso.
La Ley de Extranjería exige la realización de informes individuales previos a cada menor migrante. Procedimiento que no estaban cumpliendo los gobiernos español y ceutí, que habían acordado con el Estado de Marruecos la devolución directa. Así lo han señalado los tribunales y por ello Sánchez se ha trasladado a Ceuta para resolver el asunto con Vivas.
Tras el acuerdo de ambos presidentes, Vivas ha informado que las devoluciones no están en discusión, porque “el auto no ha dicho que los retornos no sean posibles, sino que se tienen que someter a un determinado procedimiento”. No ha especificado los plazos, tan sólo que van a poner todos los medios posibles para agilizar los expedientes y así realizar cuanto antes las expulsiones.
De esta manera queda descartada toda alternativa a las devoluciones y al traslado de menores migrantes a la Península, aunque sea de manera temporal. Sin embargo, el presidente ceutí no ha dado detalles sobre las condiciones de los cientos de menores a la espera de que se cumpla el procedimiento para su expulsión, a pesar de reconocer que su situación actual en la región es muy precaria, muchos de ellos viviendo directamente en la calle.
El objetivo de la reunión tan solo era acordar y garantizar la expulsión. Por lo que Vivas, a pesar de ser presidente por el Partido Popular, ha valorado muy positivamente a Sánchez y la actitud de su gobierno durante esta situación. Y tiene razones para estar agradecido, cuando el gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos ha aplicado justamente la política de la derecha y la extrema derecha: militarizar fronteras y expulsiones masivas.
Tal ha sido la vehemencia con las expulsiones de un gobierno que, supuestamente, es el freno y alternativa a la derecha, que hasta los reaccionarios tribunales lo han puesto en evidencia por incumplir los pocos derechos que la racista Ley de Extranjería deja a las personas migrantes.
En nombre de los “intereses” de los propios menores migrantes, de Ceuta y de España, Sánchez y Vivas llevan adelante lo que no más que parte de toda una política racista e imperialista de Estado, del Régimen del 78 en su conjunto. Defendida desde el PP y el PSOE, pasando por la extrema derecha de Vox y los tribunales, hasta Unidas Podemos como parte del gobierno que la aplica.
Es la perspectiva que ofrecen los gobiernos europeos e imperialistas ante las cada vez más profundas crisis migratorias y que sus propias políticas generan. Sea en África, Oriente Próximo o América Latina; sea bajo discursos “progresistas” que caen en la mayor hipocresía o bajo discursos directamente xenófobos. Finalmente, la agenda de la extrema derecha se impone para garantizar los negocios de los capitalistas y sus multinacionales.
