El gobierno nacional logró imponer sus condiciones para aportar fondos que eviten la quiebra de Sancor: el gremio se comprometió a negociar más flexibilización laboral.
Esteban Mercatante @EMercatante
Sábado 6 de mayo de 2017
El gobierno sumó ayer un nuevo caso testigo para su intención de flexibilizar (precarizar) las condiciones de trabajo en la Argentina. Después de días de medidas de fuerza en Sancor, bajo la amenaza de quiebra por la crisis financiera que aqueja a la firma cooperativa, el gremio, los representantes de la empresa y el gobierno alcanzaron un acuerdo para que el Estado nacional aporte nuevamente fondos. El precio: un compromiso para negociar una "modernización" del convenio laboral.
Del acuerdo participó el ministerio de Producción, junto al gremio ATILRA, el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de la Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL). Las autoridades laborales consignaron que hay un "compromiso de las partes de modernizar el convenio colectivo del sector y modificar el aporte patronal permanente" con el objeto de "impulsar el desarrollo y la competitividad" sectorial. Se estima que la empresa recibirá una asistencia del Estado nacional del orden de los 450 millones de pesos.
A esto se agrega la perspectiva de despidos en la planta. La delegada del ministerio de la Nación, Verónica Soli, señaló que "en el acuerdo se incluye rever los contratos abultados de los gerentes, el pago por cada trabajador al sindicato ATILRA para un fondo compensador y una reestructuración de plantas".
Otro antecedente preocupante para las condiciones de trabajo
"El Gobierno Nacional anunció que asistirá financieramente a Sancor Cooperativas Unidas en el marco de un plan de reestructuración sustentable que permita su desarrollo", se informó oficialmente. Esta "sustentabilidad" pasa por reducir los aportes que recibe el gremio, así como bajar el costo laboral. Este último es un objetivo que el gobierno nacional persigue para todo el entramado productivo. La estrategia para alcanzarlo parece ser avanzar rubro por rubro, aprovechando especialmente las situaciones de crisis sectorial, como ha sido en Vaca Muerta, caso testigo donde por primera vez hay en el convenio metas de producción a las cuales se ata la remuneración de los trabajadores. A pesar de esta conquista, el anunciado despegue de la explotación no convencional no se ha producido. Ahí también ocurre la misma sequía de inversiones que en el resto de la economía.
También se negociaron modificaciones en el sector automotriz, con el declarado objetivo de aumentar la producción. Pero esta sigue cayendo, y gracias a los convenios "modernos", es cada vez más fácil para las patronales descargar los costos de la crisis sectorial en las espaldas de los trabajadores.
Conflicto de intereses
De acuerdo a lo señalado ayer por un artículo de Alejandro Bercovich en el diario BAE, en esta presión para imponer la renegociación del convenio como condición para asistir financieramente a Sancor, pesó algo bastante más mundano que el objetivo general de ajustar las condiciones de trabajo para beneficiar a los empresarios y atraer inversiones. Según se consigna allí, quien trabó el aporte de fondos hasta ayer fue Gustavo Lopetegui, uno de los tres miembros más poderosos del gabinete de Macri, "obsesionado con flexibilizar el convenio colectivo de los lecheros para beneficiar a Pampa Cheese, la planta exportadora que fundó una década atrás y presidió hasta un día antes de asumir en la Rosada". No es el único miembro del gobierno que participa de esta firma. Según consigna Bercovich, también son parte el también vicejefe de gabinete Mario Quintana, y el secretario de Comercio, Miguel Braun.
Al igual que el caso de Correo Argentino o en el la apertura de la aviación aerocomercial para nuevos jugadores "low cost", el interés general de clase y los negocios personales se confunden peligrosamente en este gobierno de CEOs.
