Los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio siguen resistiendo los ataques y difamaciones de los medios de prensa afines al Gobierno nacional, que apoya la gestión de Omar Zeidán.
Jueves 21 de septiembre de 2017 09:52
La Izquierda Diario entrevistó a los dirigentes de ATE Río Turbio, quienes tuvieron que declarar en la Fiscalía de Río Gallegos sobre las medidas de fuerza que están realizando en la empresa minera del carbón, para que puedan aclarar las maniobras difamatorias en su contra.
Producto de la medida de fuerza, la Intervención dijo que se produjo un derrumbe ¿se pudo haber generado ese derrumbe y el deterioro de la estructura de la mina de carbón por la medida que iniciaron los trabajadores?
Germán Cardeza- Ya hay un derrumbe de hace años en el Chiflón de Mina 3, lo que pasó allí en verdad, es que la intervención dijo que no está garantizada la seguridad de los compañeros, así que por lo tanto dijo que no se trabaje en el derrumbe. Nosotros como representantes de ATE Río Turbio cuando empezamos con la medida entendimos que se debía seguir trabajando en la zona del derrumbe y en el resto de los sectores que se sumen a la medida de fuerza. La decisión fue netamente de la empresa de detener la reparación del derrumbe.
¿Cómo sigue la medida de fuerza?
Cristian Gordillo – Sigue siendo una ocupación pacífica y cada trabajador está en su puesto de trabajo. Algunos de los compañeros mantienen las tareas esenciales y los compañeros del sector hidráulico, electromecánica y viales se van a plegar a las medidas también. Osea que van a marcar sus tarjetas y van a estar en sus puestos de trabajo de brazos caídos.
El interventor Omar Zeidán afirma que es un boicot lo que están realizando los trabajadores. ¿Qué tienen para decir ustedes?
Cristian Gordillo- Nosotros planteamos hace años la intención de tener una empresa carboelétrica estatal y que se ponga en funcionamiento. Siempre le dijimos a todos los gobiernos que no queremos una intervención eterna de la empresa, porque sabemos que, en esa situación, al depender del Estado nacional hay políticos de turno que aprovechan para robar y servirse para un botín. Nosotros denunciamos al Gobierno anterior como a De Vido, Baratta, Regina, Marta Pérez que estaban haciendo las cosas como no debían. Ahora estamos denunciando a este Gobierno
nacional, que Omar Zeidán y Eduardo Costa también están usando a la empresa como un botín político. No vemos reflejadas las inversiones, porque la Super Usina no se va a poner en marcha y hay 3600 millones de dólares que están en el presupuesto de la empresa, más 416 millones de dólares que se agregaron, pero no vemos invertido en nada.
La parálisis que denuncian, esta generada por ellos mismos que sólo decidieron realizar una sola tarea como la red troncal y levante de la galería. Hay otras labores que se tendrían que haber hecho, como un frente que se dejó de avanzar por cuatro meses y cuando los compañeros quisieron seguir, hubo un derrumbe que generó que haya compañeros accidentados y fue totalmente tapado por la empresa.
¿Con la actual gestión de Omar Zeidán hay acomodos de privilegios políticos, como en las gestiones kirchneristas anteriores?
Cristian Gordillo- Sí, porque vemos desplegado el despotismo a cien por ciento y despiden a nuestros compañeros aduciendo que es por problemas de alcoholismo y drogadicción. Pero eso es mentira por hubo despidos discriminatorios a compañeros que nunca habían faltado, para luego meter a la empresa a parientes o gente que está con ellos. Los metieron en cargos gerenciales.
¿Ustedes salieron a pedir la solidaridad de la comunidad de la cuenca carbonífera?
Cristian Gordillo- Nosotros queremos decirle a la comunidad que la empresa gerenciada por Zeidan y Costala están llevando a una situación similar a la década de los 90, porque directamente desafectaron a la Mega Usina y no la van a poner en marcha. Quieren obligarnos a discutir la productividad y quitarnos los beneficios que nos corresponden, bajando nuestro convenio colectivo de trabajo.
Es más porque quieren despedir a más compañeros para tener una empresa con menos trabajadores y estos derechos que nos ganamos fue a través de la lucha, fallecieron 14 compañeros en el 2004 y vemos que esto ahora no está plasmado faltando muy poco para terminarlo y ahora está paralizado. No hay ningún privilegio en la mina de carbón y hay que entender que es un trabajo peligroso, con riesgo de muerte todos los días y por eso nuestro convenio colectivo no se debe tocar.
¿Ustedes tuvieron que ir a declarar en la Fiscalía de Río Gallegos por las medidas de fuerza? ¿Cuál es la intención de esta citación que dictó el Fiscal Marijuan?
Miguel Páez- Entendemos que es una maniobra para criminalizar la protesta social y vemos que son rápidos para llevarnos a declarar, pero lentos para intervenir en nuestras denuncias.
Nosotros queremos el resguardo de la fuente productiva de nuestro pueblo y pretendemos una unidad económica de exploración, explotación y producción de energía desde el carbón y aportar al país. Esto nos genera preocupación porque no hay inversión, hay despidos, retiros voluntarios y persecución ideológica. Hemos dicho basta a estas políticas que van en contra de los trabajadores. Detrás de cada compañero hay una familia y mientras tanto suman monotributistas, pero no justifican los números. En la discusión de paritarias no aportan ninguna propuesta y nosotros hemos presentado informes como trabajadores, siempre dispuestos al diálogo.
Por otro lado, estamos luchando por la figura jurídica de YCRT y que se terminen las intervenciones que llevan a coyunturas políticas que dejan de lado porque quedan en el medio los trabajadores de Río Turbio y no se llega al tan anhelado sueño de tener una empresa sustentable. No queremos, ni podemos ser cómplices de una gerencia que lleva adelante tareas donde no le dan garantías de seguridad a los compañeros.
Esta intervención hace lo mismo que la anterior intervención, usando a la empresa como una campaña electoral para repartir colchones, trayendo indumentaria realizada por algunos favorecidos de ellos. Yo no sé si son tan distintos a la gestión anterior, o incluso creo que son peores. Nosotros como trabajadores no fuimos cómplices de la intervención kirchnerista, ni tampoco queremos ser cómplices de esta gestión de CAMBIEMOS.
Por último, quiero decir que tenemos un funcionario responsable de seguridad y medio ambiente que se llama Crispín Rodríguez que es un ex gendarme implicado en la causa del Proyecto X, que no tiene capacidad o conocimiento de lo que es la explotación minera y está puesto por conveniencia política.
