El gobierno no garantiza condiciones de salubridad e higiene para una vuelta a la presencialidad segura. Hay que organizar a la comunidad educativa para exigir y controlar a los gobiernos que garanticen todos los elementos para evitar contagios.
Paula Aznar Docente | Corriente Nacional 9 de Abril
Miércoles 17 de febrero de 2021 18:43
Hoy comenzaron las clases en Ciudad de Buenos Aires y se pudo observar largas filas de niñas y niños con sus familias en las veredas. Esa situación era previsible para las y los docentes que observaban la inviabilidad del protocolo y organización por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el respaldo de gobierno de la nación. Esta primera prueba piloto quiere generar un precedente para el resto de las provincias que comienzan su ciclo lectivo en semanas posteriores.
En Santa Cruz las clases deberían comenzar el 01 de marzo, pero aún no se sabe cómo sería el plan de retorno por parte del gobierno de Alicia Kirchner. Actualmente son las y los docentes de nivel inicial quienes deben cumplir horario en sus instituciones pudiendo comprobar que los elementos de prevención que debería proveer el Consejo Provincial de Educación no están siendo garantizados.
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Pocos barbijos y guantes, termómetros sin batería, alcohol en gel insuficiente para el personal docente y no docente. Esto sólo para hacer referencia de los elementos de profilaxis, si tenemos que enumerar los edificios que no están aptos para comenzar el ciclo, aún sin pandemia, tendríamos una lista bastante larga. La educación pública nunca ha sido prioridad para el actual gobierno y para quienes les precedieron, lo cual no es novedad. Sino no se explican los millones y millones de pesos que se van del país para pagar deudas usureras e ilegítimas y no invertidas para las escuelas y las y los trabajadores de la educación.
La provincia de Santa Cruz tiene numerosas multinacionales, mineras, pesqueras y petroleras que pagan irrisorias cuotas de regalías (mientras causan una enorme depredación de los recursos naturales y generan daños ambientales) de las que se podrían recaudar cuantiosas sumas de dinero para financiar la salud y educación pública. Pero no es política del gobierno ajustar a quienes más tiene.
Al igual que no es política del gobierno generar ámbitos educativos acordes a la realidad pandémica que se vive. Por eso es preciso que seamos docentes, auxiliares y comunidad educativa en general quienes fijen las condiciones de retorno a la presencialidad, no podemos dejarlo en mano de los gobiernos, del Consejo Federal de Educación y de los partidos patronales. Debemos exigir que haya bioseguridad, vacunación, infraestructura, ampliación del personal docente y auxiliar, conectividad para docentes y alumnos y alumnas.
Es necesaria la unidad entre toda la comunidad educativa, para discutir en asambleas por escuela cada situación y las necesidades que presentan dichas instituciones. Diagramar protocolos acordes para no exponer nuestra salud y de las familias de la institución creando así comités de seguridad e higiene para que sean una verdadera herramienta de organización en defensa de la escuela pública de calidad. No se pueden iniciar de clases presenciales en caso de que no se cumplan las condiciones de prevención epidemiológicas necesarias para salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa.
Desde nuestra agrupación impulsamos las Comisiones de Seguridad e Higiene, e invitamos al gremio docente ADOSAC y a toda la comunidad educativa a participar para poder debatir y llevar adelante juntos esta propuesta.
