El viernes 30 de junio pasado, la Cámara Criminal Oral dio lugar al pedido del fiscal Federico Heinz en el cambio de carátula de “violación de domicilio” a “intento de femicidio”. Tiene que ver con la protesta social ocurrida el 21 de abril del 2017, en la Casa de la Gobernación. ADOSAC, partidos de izquierda y organizaciones sociales denuncian la posible encarcelación de los acusados y un avance de la criminalización de la protesta social.
Domingo 2 de julio de 2023 00:36
Quienes están acusados son militantes de izquierda y referentes de la lucha docente que enfrentaba el ajuste que el gobierno de Alicia Kirchner aplicaba y se sigue aplicando en Santa Cruz. Hay que recordar que, en aquellos duros meses de lucha docente y del resto de los trabajadores de la administración pública, se movilizaban por mejoras salariales y el pago en tiempo y forma de sus salarios adeudados. Aquella noche del 21 de abril, hubo una manifestación espontánea frente a la Casa de la Gobernación, donde se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández. El descontento social estaba en su nivel más alto, debido al pago en cuotas de los salarios a trabajadores activos y pasivos. Varios manifestantes ingresaron al patio delantero del establecimiento, los cuatro acusados estaban realizando un cordón para evitar que la gente se acerque a la puerta de ingreso e impedir el posible intento de ingreso de otros manifestantes. Durante esa madrugada del 22 de abril, se desató una brutal represión policial contra quienes se estaban en dicho patio y en las inmediaciones adyacentes. Al otro día comenzaron con las investigaciones sobre lo ocurrido, intentando criminalizar a varios referentes de la docencia y militantes de izquierda.
Imagen del 21 de abril del 2017
El cambio de caratula como “intento de femicidio”, rápidamente generó un repudio unánime de las y los docentes y el gremio ADOSAC. “Pueden encarcelar a los acusados de manera preventiva, hasta que comience el juicio”, declaró el abogado del sindicato docente Enrique Papa. Los cuatro acusados son el docente y militante del Partido Obrero Juan Manuel Valentín, la trabajadora estatal y militante del Partido Obrero Gabriela Ance, el docente Claudio Wasquin y el gremialista de la ADOSAC Diego Barrionuevo. Todos son referentes de las luchas contra los ajustes que se aplican en la provincia y claramente es un avance del gobierno para encarcelarlos, mientras la lucha docente sigue vigente.
El fiscal Federico Heinz tuvo notoriedad en las últimas semanas de junio, por su insistente pedido de cambio de caratula en los sucesos ocurridos el 21 y 22 de abril del 2017, aunque las pruebas presentadas no son contundentes. Al principio fue rechazada por los jueces de la Cámara Criminal Oral, pero finalmente, por presión del poder político oficialista y una fuerte campaña mediática de los medios de prensa afines, los jueces Alejandra Vila y Jorge Yance, dieron lugar al pedido de Heinz.
Al día de hoy continúa la lucha docente en Santa Cruz, con propuestas salariales insuficiente, que luego se impuso mediante un decreto de manera inconsulta. El sector docente ve como la creciente inflación va deteriorando el poder adquisitivo. Ahora el avance del poder judicial muy afín al gobierno provincial, intenta con falsas acusaciones, dar otro golpe contra trabajadores y trabajadoras empardando lo ocurrido en el 2017 con el atentado que sufrió Cristina Fernández en septiembre del año pasado.
El próximo lunes 3 de julio, ADOSAC realizará una conferencia de prensa, para impulsar la campaña por la “Absolución”, de los cuatro acusados. Además detallarán la situación docente y los ataques del Consejo Provincial de Educación y el gobierno provincial.
Son numerosos los casos de represión y brutalidad policial denunciadas en Santa Cruz, en las cuales la justicia no avanza y sigue todo impune. En cambio, sí avanza en acusar a activistas, sindicales, sociales y militantes de izquierda para disciplinar a los trabajadores que salen a luchar en la provincia. La gobernadora Alicia Kirchner y todo su arco político de Unión por la Patria, mantiene un doble discurso cuando repudió la represión del gobernador Gerardo Morales días atrás, cuando hubo una salvaje represión (y aún sigue reprimiendo), en Jujuy. Pero contradictoriamente, aquí en Santa Cruz, también se avanza con la persecución gremial y política de quienes luchan. Se abre una nueva y grave etapa en Santa Cruz.
