Política. Santa Cruz: crónica de una persecución anunciada contra la lucha docente

Los conflictos docentes en Santa Cruz tienen larga data, y quizás pueda resumirse en algunos años claves, donde hubo momentos candentes en la lucha por mejoras salariales, laborales, de inversión en la educación pública y contra los ataques que ha sufrido el gremio ADOSAC durante los más de 30 años de gobiernos kirchneristas.

2007 y 2011, años de luchas históricas

Puede mencionarse las enormes movilizaciones del año 2007, con acampes y un masivo respaldo de otros sectores de la administración pública que, a pesar de la militarización de Río Gallegos, llegaron a un triunfo de la lucha docente y la renuncia del gobernador del Frente Para la Victoria Carlos Sancho. El 12 de abril del 2011, mientras un grupo de docentes repartían panfletos a las afueras de la localidad de 28 de Noviembre, fueron atacados salvajemente por una patota de la UOCRA que acompañaba al gobernador Daniel Peralta. Hubo un enorme repudio de gran parte de la comunidad y el gobernador Peralta fue declarado “Persona no grata”, en la cuenca carbonífera de Río Turbio. En cambio, hubo un silencio absoluto del kirhcnerismo e incluso quedaron impunes los responsables del gremio de la construcción. La lucha concluyó con una dura represión en el Ministerio de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de junio de ese año. El gobierno provincial aplicó descuentos masivos a las y los docentes que fueron parte de las medidas de fuerza.

2016, año de grandes movilizaciones docentes y Alicia Kirchner como la mejor alumna de Macri

Los dos últimos grandes conflictos fueron en el año 2016 y 2017. Había asumido como gobernadora Alicia Kirchner y estaba pagando fuera de término y en cuotas, los salarios de las y los trabajadores de la administración pública. Hubo acampes de trabajadores de la docencia, judiciales y jubilados en varios ministerios del gobierno provincial. A nivel nacional, Mauricio Macri era el presidente del país y la gobernadora de Santa Cruz, se transformaba en la mejor alumna de un ajuste fiscal que sometía a los trabajadores a una severa caída de sus salarios, de los cuales aún no se recuperaron.

2017, año de bajos salarios, acampes y represión

Hubo dos hechos particulares. El primero fue no acatar la conciliación obligatoria que tantas veces, el Ministerio de Trabajo de la provincia intentó imponer al gremio docente. De esa manera Alicia Kirchner, pretendía debilitar la lucha docente, pero fue en vano. El 21 de abril, había llegado de visita Cristina Fernández a Río Gallegos. Durante la noche se reunió con su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner en la Casa de la Gobernación. Hasta allí fueron cientos de trabajadores a reclamar que se les abone en tiempo y forma sus salarios adeudados. En los alrededores del edificio había cánticos de repudio al gobierno provincial. Ya casi a la medianoche, un grupo de manifestantes ingresaron al jardín de la Casa de la Gobernación. Mientras la protesta parecía finalizar, rápidamente llegó la infantería policial para reprimir brutalmente a quienes estaban allí. La Izquierda Diario estuvo cubriendo en vivo, mientras la policía tiraba gases lacrimógenos y balazos de goma. Un fotógrafo que cubría la manifestación quedó herido por la represión.

Testimonios de quienes fueron reprimidos el 21 de abril del 2017, en la Casa de la Gobernación de Río Gallegos

Al otro día comenzó la campaña con Cristina Fernández y Alicia Kirchner como testigos y asumiéndose como víctimas de un supuesto ataque premeditado por un grupo de conspiradores que nunca existieron. Meses después llegan las acusaciones de la Justicia Provincial a referentes de la docencia y la administración pública como Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquín, Diego Barrionuevo y Gabriela Ance (dos son militantes del Partido Obrero). La carátula aplicada contra los acusados fue “violación de domicilio”, y un procesamiento hasta el inicio del juicio que hasta ahora no tiene fecha. Supuestamente “habían incitado a ingresar al jardín”, pero las pruebas nunca fueron corroboradas.

2022, año de multas millonarias contra ADOSAC

En abril del 2022, el juez Francisco Marinkovic (muy aliado al gobierno provincial), multó en una suma total de 32 millones de pesos a ADOSAC, por no acatar la conciliación obligatoria del año 2017. El gremio docente argumento que, quienes estaban incumpliendo, era el gobierno de Alicia Kirchner, cuando no pagaba el salario en tiempo y forma. Incluso abonaban en cuotas los salarios, ocasionando serios problemas bancarios para los trabajadores de la administración pública.

2023 año de decretos, ilegalidad e intento de encarcelamientos

Este año hubo otro avance en los ataques del gobierno provincial a ADOSAC. El 11 de abril, el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz resolvió declarar ilegal el paro docente por negarse a aceptar un aumento salarial insuficiente, que apenas llega a los 150 mil pesos. Según estudios realizados por el propio gremio, la Canasta Básica Total llega a los 220 mil pesos. Sin embargo el Concejo Provincial de Educación, con su ministra Cecilia Velázquez decía en los medios de prensa que “el salario docente en Santa Cruz, es el mejor del país”. Por supuesto, las medidas de fuerza continuaron a pesar de que el 16 de junio, Alicia Kirchner decidió imponer un aumento salarial por decreto, cerrando abruptamente las paritarias.

El 30 de junio pasado, los ataques contra ADOSAC y la docencia, escaló gravemente, cuando la Cámara Oral en lo Criminal, aceptó el cambio de carátula de “intento de violación de domicilio” a “intento de femicidio y homicidio”, solicitado por el fiscal subrogante Federico Heinz. Dicho cambio puede permitir el encarcelamiento de los docentes Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquín, Diego Barrionuevo, más la trabajadora estatal Gabriela Ance. Falsamente los acusan de intento de asesinato, simplemente por ser mujeres, la gobernadora Alicia Kirchner y la actual vicepresidenta Cristina Fernández, en la manifestación del 21 de abril del 2017. La acusación carece de pruebas contundentes y las principales testigos son la propia gobernadora y la vicepresidenta.

Ante el cambio de carátula hubo un repudio de numerosos organismos de derechos humanos, sociales, organizaciones gremiales, partidos de izquierda y centros de estudiantes. Consideran que es un grave antecedente que busca criminalizar la protesta social en Santa Cruz e impedir que las y los trabajadores salgan a luchar por reclamos justos. El propio abogado del gremio docente Enrique Papa, fue categórico diciendo “Si acusan de homicidio agravado, como es el tema de femicidio, tiene que haber una intención de matar por ser mujer, que claramente no hubo. Esto es la banalización total y absoluta, de la lucha de las mujeres contra la violencia de género”.

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El último ataque

El 4 de julio pasado fue el último ataque a la lucha docente. La Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes N°1, exigía el retorno a clases y la Justicia Provincial dio lugar intimando a ADOSAC y la docencia a volver a las aulas. Caso contrario, comenzarían a correr multas, ausentismos y posibles despidos para quienes sigan de paro. Luego de la repercusión en los medios nacionales, con datos que describen que Santa Cruz es la provincia con menos clases, en lo que va del año. Hubo 60 días de paro y eso puede perjudicar electoralmente al futuro gobernador oficialista y sucesor de Alicia Kirchner y su coalición Unión por la Patria.

El abogado Enrique Papa, repudió el dictamen y recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, pero es sabido que los tiempos de la justicia pueden ser eternos y difícilmente pueda resolverse a favor de los reclamos docentes. A finales de la primera semana de julio, empezó a tener repercusión en varios medios nacionales lo que acontece con la lucha docente santacruceña.

La Justicia, el Ministerio de Trabajo y el Concejo Provincial siempre fueron cómplices del gobierno de Alicia Kirchner. Buscaron herramientas para doblegar los reclamos y medidas de fuerza, intentando debilitar al único gremio que no se sometió, ni tampoco se hizo cómplice de los bajos salarios que otorga el gobierno provincial.

Datos mata relatos

Según el informe del “Financiamiento Educativo Provincial”, del Observatorio de Argentinos por la Educación para el periodo 2004-2021, la mitad de las provincias redujeron la inversión en educación pública.
Santa Cruz, es la segunda que menos presupuesto asignó a la educación, apenas el 17,6% de sus recursos provinciales. No es casual entonces que, hubiera varias denuncias de ADOSAC por falta de calefacción en invierno, falta de mantenimiento de los edificios escolares, escasos materiales pedagógicos y además sumarle salarios docentes que no superan la línea pobreza.

En un discurso del año pasado, Cristina Fernández dijo que "Santa Cruz integra el pelotón de las nueve provincias con más ingresos en dólares, por la minería". Además agregó que, si se compara por cantidad de habitantes, es la primera provincia en tener más ingresos en dólares, por la exportación de oro y plata. Hay que aclarar que las regalías que pagan las empresas mineras, es el ínfimo 1,5%. Aun así, el gobierno provincial tiene recursos para solventar una mejor educación, con mejores salarios y revertir la caída de la inversión en la educación pública. Pero no es primordial para el kirchnerismo.

El Congreso Provincial de ADOSAC, resolverá como seguir con los reclamos y como revertir los últimos dictámenes de la justicia provincial. No cabe duda que siempre hubo un ensañamiento contra las y los trabajadores de la educación en Santa Cruz. La gobernadora Alicia Kirchner busca encarcelar a cuatro trabajadores referentes de la lucha contra un ajuste salarial, mientras a nivel nacional repudiaba la represión que sufren en Jujuy, la comunidad educativa, los pueblos originarios y el pueblo en general. Aquí en la provincia también persigue a quienes salen a luchar, con decenas y decenas de procesados docentes, mineros, petroleros, desocupados, municipales y jubilados. Varias veces fueron reprimidos o sufrieron la brutalidad policial, pero allí la Justicia Provincial deja en la impunidad absoluta a las denuncias de quienes la padecieron. No es un caso aislado de persecución gremial, es un historial sistemático de ataques continuos a las luchas de trabajadores en la lejana Patagonia, como sucede con las y los docentes que no quieren vivir más debajo de la línea de la pobreza.