El próximo miércoles 26 de octubre, se produciría el desalojo en el Barrio Popular Patagonia Argentina. Más de 40 familias permanecen en la incertidumbre de quedarse sin vivienda en Puerto San Julián.
Martes 25 de octubre de 2022 21:11
Varias mujeres del Barrio Popular Patagonia Argentina, viajaron hasta Río Gallegos para realizar una conferencia de prensa donde se conozca el posible desalojo de sus viviendas. Afirman que el intendente radical Daniel Gardonio es el que impulsa dicho desalojo, junto al resto de las autoridades del municipio.
Dicen que no les ofrecieron soluciones en los ministerios de La Niñez y La Mujer. El Juez de dicha localidad, Ludovico Pío Pala dictaminó como fecha límite para el desalojo, para mañana miércoles 26 de octubre.
Las mujeres del barrio reparten volantes, donde explican su difícil situación. “Casi todas somos madres, y muchas madres crían solas a sus hijos. Nadie está a favor de una toma, la mayoría hubiéramos querido que se nos haya vendido la tierra para hacer nuestra casa, pero hace 7 años que no hay sorteo de terrenos. En la última década sólo se construyeron 32 viviendas en la localidad (un promedio de 3 por año) habiendo una demanda habitacional de cientos de personas (más de 700 pedidos de terrenos en Tierras del Municipio y más de 500 carpetas solicitando una vivienda en el IDUV, según las autoridades). Es por eso que apelamos a la solidaridad y pedimos que no se romantice que en San Julián no haya acceso a la tierra ni la vivienda, no romanticemos el mal manejo del Estado que hicieron todos los que gobernaron en los últimos 30 años”.
En su página de Facebook (Barrio Popular Patagonia Argentina), puede verse las donaciones de otros vecinos, con alimentos para las y los cincuenta niños del barrio. Quieren visibilizar la difícil situación que lleva poco menos de dos años, cuando decidieron instalarse y tener un lugar donde vivir, para no pagar elevados costos de alquileres y ante la imposibilidad de conseguir un terreno.
La crisis habitacional es una problemática constante en Santa Cruz y golpea en las familias que tienen trabajos precarios, bajos salarios, empleos temporales o padecen la desocupación. Es el caso de las familias del barrio de Puerto San Julián que están siendo respaldados por docentes y otras organizaciones sociales.
