MILITARIZACIÓN Y BUROCRACIA SINDICAL. Santa Fe: el día que el PJ volvió al poder

El 16 de Octubre será recordado como el día de la deslealtad para el progresismo no peronista. El bastión del PS “claudicó” a las cúpulas de 50 gremios y al Secretario de Seguridad Sergio Berni, que vino a Rosario invitado por Antonio Caló y aprovechó para hacer campaña por Scioli Presidente. Los gremios exigían más policías, más gendarmes, más militarización.

Las mismas cúpulas sindicales que nunca exigieron reuniones para discutir el pase a planta permanente del 30% de los trabajadores que están precarizados en la provincia. Las que nunca amenazaron con paros salvajes cuando cerraron Mahle, Paraná Metal o hubo despidos en Acindar, Liliana, General Motors, ni para exigir seguridad para las decenas de obreros de la construcción accidentados al construir las torres y edificios de la Rosario enriquecida. Estas cúpulas sindicales decidieron, de repente, sacar a relucir el enorme poder social que tienen los sindicatos para pedir una nueva militarización de la ciudad de Rosario. Y el gobernador saliente, Bonfatti, claudicó… aunque a decir verdad tampoco opuso demasiada resistencia.

Mientras tanto, en un mundo paralelo Binner reparte tijeras, abandonando a Margarita en un febril e impotente intento de no colapsar y mantener una banca en el Senado.

Es un llamado encubierto a votar por Macri, como denunció Octavio Crivaro, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda.

Un delaruísmo narcopolicial

Es el final de una historia anunciada. El Frente Progresista asumió el gobierno de la provincia como expresión institucionalizada y tardía de la relación de fuerzas heredada del 2001, del cual el PJ provincial salió dividido y desprestigiado.

Binner llegó a la casa Gris con un discurso kirchnerista de “reparación histórica” por los crímenes de las inundaciones y del 19 y 20 de diciembre; pero el kirchnerismo tenía, además de discurso, poderes reales: policías, gendarmes, sindicatos, barones del conurbano, Moyano, etc.

No sucedía lo mismo con el Frente Progresista, que nunca superó su ADN delaruísta. No tuvo nunca lazos orgánicos con dos de los tres poderes reales de la provincia: policía y burocracia sindical. Con la policía solo constituyó una ligazón relativa en base a arrodillarse ante cada demanda de la fuerza y soldar reiterados pactos de impunidad solo interrumpidos por pequeñas medidas cosméticas de cambios en las cúpulas.

Con el enorme movimiento obrero de la provincia jamás tuvo una política seria, ni de acuerdos con las cúpulas que controlan burocráticamente sus organizaciones, ni de otorgar ni la más mínima reivindicación. Con el único sector gremial con el que tenía una buena relación –los docentes- lo liquidó en poco tiempo a fuerza de ataques y descuentos de días de huelga como hace Macri.

El desarrollo del narcotráfico (al amparo del gobierno provincial que está sospechado –sin que avance la investigación- de haber tenido financiamiento narco para ganar varias elecciones) tuvo efectos contradictorios ya que socavó el tercer elemento de poder real que sí tenía el PS: el control territorial con un vasto aparato sostenido primero desde la municipalidad y luego desde provincia.

Para suplir esta debilidad, el Frente Progresista ensayó diversos pactos por arriba con el Estado nacional para obtener recursos y garantizar la gobernabilidad. El PJ siempre aceptó gustoso: cada pacto lo cobró con intereses, socavando al Partido Socialista con diversos operativos de prensa –casi siempre basados en hecho reales de corrupción y vinculación con el narcotráfico- pero preservando la estabilidad del régimen político al que aspiran a regresar.

La primera militarización de Rosario fue un salto: el gobierno provincial entregaba el control territorial de la ciudad más importante de la provincia a Sergio Berni y su gendarmería. Una parte de los gendarmes se fueron, pero vinieron los fraudes a la “socialista” y nuevamente el gobierno nacional, aunque los aprovechó para el desgaste político, garantizó la paz cuando el director nacional electoral, Alejandro Trujillo, convalidó la decisión del Tribunal Electoral Provincial para no abrir las urnas, como exigía la izquierda.

El acuerdo alcanzado este viernes con las cúpulas de 50 sindicatos y con la intervención de Berni es un nuevo salto, quizá mortal, del Frente Progresista, consumando una nueva militarización de Rosario. A los gendarmes y prefectos ya instalados, se sumaron 700 agentes de la Federal elevando nuevamente el número de agentes federales en la ciudad a 2000.

El gobierno de Lifschitz está atado de pies y manos a este acuerdo y a esta relación de fuerzas, que lo deja como un gobierno títere. Será responsable de todas las crisis y de ninguno de los “avances”. Para el PJ, es la fórmula perfecta para desgastar al partido gobernante pero fortaleciendo el poder de fuego del Estado al que aspiran a volver. El resultado inmediato es una política reaccionaria, que incrementa el control social y represión sobre los trabajadores y sectores populares. El rol de los gremios es derechista y criminal. En las vísperas de un ajuste que todos los candidatos patronales preparan, no ponen sobre la mesa los reclamos de los trabajadores por sus salarios, contra la precarización, contra las muertes obreras evitables, sino que utilizan la fuerza social de las organizaciones sindicales para pedir más verdugos que reprimirán las luchas de los trabajadores, como hizo la gendarmería de Berni en la panamericana (con gendarme carancho incluido).

Jugando con fuego

Sin embargo, es un juego peligroso que puede volverse en contra. Desgastar a tal nivel a la fuerza política gobernante en una provincia con un gran peso social del movimiento obrero, concentrado en el cordón industrial que une el gran Rosario con la zona norte de Buenos Aires y que tiene como aliados estratégicos a decenas de miles de docentes y estudiantes en cada localidad y centro político, no es de lo más responsable. Ya no estamos a la salida de los 90, donde la clase obrera venía de derrotas. Concretamente, dos sindicatos muy poderosos se encuentran por fuera del acuerdo reaccionario aceptado por el gobierno. Por un lado los aceiteros, que paralizaron el principal puerto agroexportador de América Latina durante semanas, enfrentando el techo salarial del gobierno nacional y la obsecuencia del gobierno provincial con las grandes multinacionales aceiteras. Por el otro Amsafé Rosario, que hace unos años adoptó una postura independiente de ambos gobiernos y es una de las organizaciones más activas. Éstos, objetivamente, no entran en la línea de la derechización.

Además, hay un fenómeno combativo en la juventud trabajadora. Gerardo Escobar es el Pocho Lepratti del Partido Socialista: pero esta vez no es un militante social que trataba de mejorar la situación de los barrios arrasados por la desocupación, sino un joven trabajador precarizado, como decenas de miles en la provincia que están haciendo una experiencia política novedosa y se ligan a la izquierda.

Los reclamos que emergieron en la lucha de Liliana no están satisfechos y siguen alimentando el hervidero de una juventud obrera y popular que ya no estalla de forma desorganizada pero que tampoco baja la cabeza ante las apretadas de los superiores.
Desarrollar esa fuerza social, con los sindicatos combativos a la cabeza, para enfrentar el ajuste que se viene y, simultáneamente, intervenir políticamente en las grandes discusiones provinciales (como la derechización y militarización) puede permitir que al desbarranque del PS no lo suceda un peronismo verde oliva, sino un territorio de disputa donde una fuerza de Izquierda, obrera y popular, gane peso.

La izquierda se juega a organizar una gran militancia obrera y estudiantil contra los que nos ofrecen ajuste económico y balas policiales y narcos. Desde esta perspectiva, el único voto útil es la Frente de Izquierda, que pelea para que haya un diputado de la izquierda santafesina en el Congreso, una herramienta más para la lucha y resistencia contra lo que se viene.