La ley de emergencia en seguridad vuelve a poner sobre la mesa la trayectoria de las fuerzas represivas y las violaciones a los Derechos Humanos en la región.
Martes 4 de febrero de 2020 07:55
Foto: Enfoque Rojo
Una batería de medidas se seguridad, son presentadas como la solución del Ministro de Seguridad Saín, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia. La historia reciente demuestra lo contrario. Una serie sucesiva de desembarcos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria no solo no ha resuelto el problema, sino que ha traído nuevos: participación de estas fuerzas en el narcotráfico y delitos contra la población civil.
Recientemente la Ministra de Seguridad Frederic confirmó que son 3.000 los agentes federales que se dispusieron en Santa Fe. Ante eso, Perotti planteó que es "una muestra del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada en la provincia” en referencia a la venia de Alberto Fernández. Resulta llamativo que ante un problema que, como él mismo dice, hace años está instalado en la provincia, se aplique la misma receta.
77 muertes en manos de las fuerzas
Desde el año 2014 que se realizó el primer desembarco de Gendarmería en Rosario, los abusos de poder hacia la población se incrementaron. El entonces Secretario de Seguridad Sergio Berni brindaba un espectáculo decadente recorriendo la ciudad en helicóptero, recogiendo los aplausos del gobernador Bonfatti y todo el Frente Progresista, con quienes habían acordado los operativos. Apremios ilegales, detenciones arbitrarias, son algunas de las resultantes de este período, en la ciudad que fue asesinado Pocho Lepratti en 2001.
El extremo de esta realidad lo encontramos en los homicidios causados por la represión. Un informe de la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del MPA muestra que 77 personas murieron entre 2014 y 2018 en toda la provincia de Santa Fe debido al accionar de miembros de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Las investigadoras Camila Castoldi y Agustina Leorza, y el coordinador Augusto Montero, explican que “la característica común de los hechos estudiados es que las víctimas murieron como consecuencia del ejercicio intencional de la violencia por parte de un miembro de una fuerza de seguridad”.
La juventud, el blanco predilecto
No es casualidad que la población joven sea la principal afectada por estos delitos. Como denota el informe mencionado: “En cuanto a la edad de las víctimas, se observa que la violencia ejercida por miembros de fuerzas de seguridad afecta a una población, en principio, más joven que la de los homicidios en general”. Esto se condice con una práctica cotidiana de hostigamiento a los pibes y pibas de los barrios marginados.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) reflejó en un informe sobre el actuar de la Gendarmería entre el año 2013 y 2014 en el llamado “Operativo Cinturón Sur”, que se produjeron 43 hechos delictivos asociados a detenciones ilegales y torturas sobre 53 víctimas de las cuales 40 fueron niños y adolescentes. Este operativo fue aplicado por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner desde 2011.
Pero en los años del Macrismo la provincia de Santa Fe continuó siendo militarizada. Al grito de "vamos a saturar de fuerzas federales", Bullrich acordó con Lifschitz nuevos desembarcos.
Analizando el Registro Provincial de Violencia Institucional y Afectaciones de los Derechos Humanos de los últimos años, el número de víctimas entre 2015 y 2018 es muy importante. Contemplando que la mayoría de ellos no son denunciados por miedo a represalias.
En el año 2015 las víctimas ascienden a 503, la mayoría de las cuales tienen 18 años y un 70% entre 13 y 30 años. En el año 2016 se observa un aumento considerable con 683 víctimas. En 2017, se relevaron 516 agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad, en su mayoría a varones jóvenes menores de 25 años.
Según el último informe presentado por este organismo, durante el año 2018 se registraron 579 víctimas de violencia institucional en las cinco circunscripciones judiciales que conforman la provincia de Santa Fe. Rosario es la principal ciudad afectada, con 280 casos. Del total provincial de víctimas se detectaron 958 casos de torturas. Solo el 42% de estos casos fueron constatados médicamente, amparándose del Protocolo de Estambul, con la relevancia que esto conlleva en materia de Derechos Humanos.
Las recientes medidas adoptadas por Perotti en este campo parecen ir más allá, acorde con su slogan de campaña “paz y orden”. Habilitar que las fuerzas tengan una bala en la recámara, modificando una resolución de 1998, es uno de los ejemplos en este sentido. Esto fue repudiado por referentes de Derechos Humanos, sindicales y políticos en una declaración reciente.
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Las víctimas siguen reclamando justicia
Un caso que transita todas las ilegalidades del Estado en materia de violencia institucional, es el de Franco Casco, que termina con la lamentable desaparición seguida de muerte del joven en 2014. En diciembre pasado, 19 policías de la Comisaría 7ma fueron elevados a juicio con la carátula de desaparición forzada agravada por muerte de la víctima y encubrimiento, ni más ni menos. Aquí no solo se aplicó violencia del Estado en el propio delito cometido, sino que la familia y las organizaciones que la acompañaban tuvieron que dar una enorme pelea para que el caso no quede impune, con una investigación totalmente contaminada.
En enero de 2015 es asesinado Jonatan Herrera por miembros de la Policía de Acción Táctica mientras lavaba el auto en la puerta de su casa. La justicia de Santa Fe dictó una sentencia escandalosa, manteniendo la impunidad de los policías, llegando al extremo de condenar a solo seis años a Rosales, que los mismos jueces reconocieron que disparó. La familia sigue dando una pelea incansable por conseguir justicia.
Gerardo Pichón Escobar fue encontrado en el río en agosto de 2015, luego de ser golpeado por custodios de un boliche. La causa, por desaparición forzada, sigue sin resolución en manos de la Justicia Federal, que la última vez dicto falta de mérito para los guardias y los agentes federales involucrados.
En mayo de 2017 la muerte de María De Los Ángeles Paris en la Comisaría 10ma puso nuevamente sobre la mesa el accionar policial en Santa Fe. Hay 19 agentes imputados. David Campos fue asesinado junto a Alejandro Medina el 22 de julio de 2017 con 18 policías procesados.
En octubre de 2019, también en el fuero federal, fueron condenados dos oficiales de la policía santafesina por vejaciones agravadas a detenidos en el marco de un procedimiento callejero. Ese año tuvo como víctimas a Juan Cruz Vitali en un control vehicular en Capitán Bermúdez.
La triste lista de víctimas de violencia institucional, sigue resonando en las movilizaciones de la Multisectorial contra la Violencia Institucional: Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Kevin Pacheco.
En una ciudad con más del 14% de desocupación, donde la salida que se presenta para miles de jóvenes es caer en la miseria, la respuesta represiva propuesta por el peronismo queda, por lo pronto, muy lejana a la seguridad democrática. Más bien queda próxima a la mano dura y el embelleciendo de una política que por donde se la mire se propone aumentar el aparato represivo del Estado. Pretender “reformar” estas fuerzas parece, si, una utopía.
