La tensión diplomática entre Argentina y Gran Bretaña subió varios puntos con la convocatoria de los embajadores en los respectivos países por Malvinas. El gobierno denunció a las empresas británicas que operan en las islas.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Viernes 10 de abril de 2015
Este jueves al mediodía, el gobierno nacional denunció penalmente a cinco empresas de capital británico que realizan actividades de exploración de hidrocarburos en zonas cercanas a las Islas Malvinas, dentro de la plataforma continental de Argentina.
La denuncia es por operar sin haber sido autorizadas por la Secretaría de Energía de la Nación.
La denuncia es una respuesta a la citación que sufriera este miércoles Alicia Castro, embajadora argentina en Gran Bretaña. Castro fue citada por la Cancillería británica y la Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores) del Reino Unido. La citación respondió a los “dichos de la presidenta Cristina Kirchner" en torno a las Islas Malvinas, durante el acto ocurrido el pasado jueves 2 de abril. Este hecho vuelve a evidenciar la prepotencia imperialista de Gran Bretaña, que cuestiona abiertamente el discurso de un mandatario de otro país.
Más allá de su historia como potencia colonialista, esta actitud se inscribe en el marco de un giro político hacia la derecha que responde, en el plano interno, al intento de evitar una fuga de sectores conservadores al partido ultranacionalista UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido en Gran Bretaña, por sus siglas en inglés) que emergió como gran ganador en las últimas elecciones.
Una tensión creciente
El pasado 25 de marzo el gobierno británico decidió aumentar el presupuesto destinado a la defensa de las islas. El plan de refuerzo militar se sostiene sobre el argumento del eventual peligro de ataque por parte de Argentina, algo que carece de fundamento en la realidad.
El gobierno nacional salió a criticar el “espíritu colonialista” de la decisión de Gran Bretaña. El paso siguiente fue el discurso del 2 de abril, en el aniversario del inicio de la guerra de Malvinas. Ese día Cristina criticó a las empresas que anunciaban, “casi provocadoramente (…) que han descubierto petróleo”. Allí mismo agregó que “nosotros no nos vamos a dejar arrastrar por ninguna provocación porque tenemos chapa, tenemos historia, tenemos política de convivencia y de diálogo".
Efectivamente ese día las compañías británicas Premier Oil, Falkland Oil & Gas y Rockhopper habían anunciado el descubrimiento de yacimientos en una zona que se encuentra a 220 kilómetros de las islas. Constituía claramente una provocación imperialista.
Espiando en el sur
En este marco vino a colarse una noticia explosiva. El jueves 2 de abril el portal de noticias TN dio a conocer información sobre un enorme sistema de espionaje montado por el gobierno del Reino Unido contra Argentina con el objetivo de "prevenir que la Argentina recupere las Islas Malvinas”. Esa información provino del ex agente de inteligencia de la CIA Edward Snowden.
Las tareas de inteligencia se iniciaron en el año 2006 y los documentos conocidos abarcan hasta el 2011. El conjunto del trabajo de espionaje se orquestó a través del llamado Grupo de Búsqueda e Inteligencia contra Amenazas (JTRIG por sus siglas en inglés) dependiente de la Central de Inteligencia del gobierno británico. Además se reveló la realización de operaciones encubiertas en redes sociales, la intervención de comunicaciones militares y de seguridad. En estas tareas de espionaje la inteligencia británica contó, por lo menos hasta 2010, con la cooperación de la NSA de EEUU.
Este jueves el gobierno nacional, que se había mantenido en silencio, finalmente reconoció que estas tareas de espionaje existieron y señaló, a través de Daniel Filmus, que es Gran Bretaña la que tiene que dar explicaciones.
Retórica antiimperialista y moderación política
En este marco, el gobierno nacional sacó a relucir su tradicional retórica anticolonialista. Pero, en el terreno de la discusión por la soberanía sobre Malvinas, este discurso no tiene consecuencias.
Desde el gobierno, el kirchnerismo ha desplegado una activa política diplomática, pero que ha resultado completamente impotente. A pesar de las resoluciones obtenidas en las Naciones Unidas, no ha logrado que Gran Bretaña acepte sentarse a discutir el estatus de las islas.
El Reino Unido considera que la discusión sobre la soberanía se halla saldada desde que los kelpers votaron por mayoría, en marzo de 2013, mantenerse como parte de esa nación. Un argumento claramente colonialista porque parte de un hecho consumado: la ocupación militar de las islas por parte de la Corona británica desde 1833, con una población implantada desde entonces. El reclamo de soberanía argentino parte precisamente de este hecho y de la cercanía geográfica de las islas al territorio nacional. La mayor militarización que impulsa Gran Bretaña implica fortalecer las islas como un enclave colonialista, útil a toda política imperialista.
Contra esta posición intransigente, la estrategia de presionar por medio de Naciones Unidas, aparece como impotente. Y lo es por razones geopolíticas: ninguna potencia imperialista está dispuesta a cuestionar a Gran Bretaña a favor de Argentina. La colaboración entre la NSA y el servicio de inteligencia británico demuestra esa unidad de intereses estratégicos.
Discurso y realidad del anticolonialismo
La política del gobierno hacia Malvinas no puede ser entendida por fuera de la política que se sigue hacia los intereses imperialistas. Las empresas de capital británico, como ocurre con los capitales de otras naciones imperialistas, gozan de todos los privilegios.
Hace unos años, en un discurso de enero de 2012, la presidenta afirmaba que hay “empresas del Reino Unido que trabajan en Argentina como la British Petroleum, que es accionista de Paramerican Energy, la Royal, la Easy, ex Duperial, todas las mineras, como Río Tinto, Alexander Mins, Patagonia Gold, HSBC, Standar Gold, Glaxo, Unilever, British Telecom, en fin, pilas de empresas argentinas que están trabajando desde hace muchísimo tiempo aquí en la República Argentina”. Cristina Fernández remataba preguntándose “¿cómo es que nos tienen miedo, somos tan malos? Si somos tan malos no deberían venir”. La enorme mayoría de esas empresas siguen operando en Argentina sin mayores inconvenientes. Petroleras y mineras que saquean también nuestros recursos continentales, bancos y empresas de servicios que hacen fabulosos negocios.
El discurso por Malvinas se choca con la cruda realidad de la estructura económica nacional, dominada por el gran capital imperialista. La reversión de esas condiciones, que el kirchnerismo -y todos los gobiernos que responden a los intereses empresariales- ha demostrado no estar dispuesto a hacer, será un primer paso en una verdadera lucha antiimperialista.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
