Provincia de Córdoba. Schiaretti propone un miembro del Opus Dei como fiscal general en Córdoba

La propuesta del nombramiento de Juan Delgado confirma una vez más que, la pretensión de mostrar al gobernador Schiaretti como representante de un sector progresista del peronismo, es una operación que tiene poco de respaldo real.

Delgado se trata de un abogado de bajo perfil, especialista en Derecho Comercial, pero con una trayectoria que lo hace confiable para los sectores del establishment local, que le exigen muestras al gobernador de que no se sumará al armado político del gobierno nacional.

Tuvo su formación profesional como especialista en derecho bancario en la Universidad Austral, que funciona como semillero de reclutamiento de cuadros para el Opus Dei. Fue parte del equipo legal, trabajando en el estudio de Jorge Scala, junto al Portal de Belén del ex legislador García Elorrio, que busco en reiteradas oportunidades, impedir el acceso a la llamada pastilla del día después e incluso su venta en farmacias.

Actualmente, Juan Manuel Delgado ocupa el cargo de Procurador del Tesoro provincial, designado directamente por Schiaretti. Entre sus antecedentes profesionales como abogado se encuentra la defensa, en 2011, del ex yerno del fallecido De la Sota Carlos Laje, en un caso de “prácticas indebidas” que fuera denunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se ha dedicado a representar a desarrollistas inmobiliarios, cómo por ejemplo el Grupo Edisur, donde fue Síndico suplente. Recordemos que dicho grupo tiene varios emprendimientos polémicos, como la urbanización Manantiales, realizado sobre una antigua reserva natural, y que con la autorización de distintos gobiernos municipales cambió el uso del suelo.

También ha sido vocal de la Bolsa de Comercio de la provincia, que es donde se concentra el empresariado local y se machaca de manera permanente contra las conquistas de la clase trabajadora, tildándolas de privilegios.

Otro dato que se pudo conocer de Juan Manuel Delgado, es que realizó un aporte de 48 mil pesos, en el año 2015, para la campaña electoras de la segunda vuelta presidencial. Al cambio de ese momento, eran aproximadamente 5 mil dólares los que aportó. El beneficiario de tan jugoso aporte fue el luego electo Mauricio Macri.

Nos encontramos frente a un verdadero defensor de los intereses de los sectores más concentrados y poderosos de Córdoba. Tanto que el perfil del postulante, hace que al menos la mitad de los legisladores opositores pertenecientes a Juntos por el Cambio y el radicalismo, vean con buenos ojos la posibilidad de votar favorablemente el pliego de Delgado en la legislatura provincial.

En la edición del último domingo del diario Perfil se señala que sus cuatro prioridades son la inseguridad, el narcomenudeo, la violencia de género y la protesta social.

Sobre la violencia de género es poco lo que se puede esperar de un representante del sector más conservador de la iglesia católica, como es el Opus Dei. En su trayectoria publica tiene el antecedente, señalado más arriba, de haber participado junto a García Elorrio en querer prohibir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El plan sería crear un “Cuerpo de Peritos Especializados en Violencia de Género” que sería el encargado de definir la libertad o no de los detenidos que tengan denuncias por violencia de género. Recordemos que en el propio poder judicial hay dos funcionarios imputados por un caso de trata como es el de Nora.

La sensibilidad en materia de género por parte del gobierno provincial se trata de otra operación política sin respaldo en la realidad.

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El mismo diario, cuando enumera las prioridades señala otras dos, que son la inseguridad y el narcomenudeo. Para la inseguridad buscaría aumentar las prisiones preventivas, saturando aún más los centros penitenciarios de personas sin condena firme, o sea, más de la misma receta que se viene aplicando hasta ahora.

Sobre el narcomenudeo destacan a una fuerza, como la FPA de “policías muy bien formados y entrenados que están haciendo un gran trabajo”. Los operativos cinematográficos y espectaculares de esa fuerza, con efectivos armados como si fueran a buscar a algún capo narco de las series de Netflix, cuentan con magros resultados en sus allanamientos. Se encuentran apenas algunas plantas o un par de porros, junto a un puñado de dinero. Eso sí, jóvenes y mujeres en su mayoría, pueblan aún más las cárceles de Córdoba.

Un punto que requiere especial atención, es el intento de poner límite a la protesta social. Para eso, la cámara de comercio, uno de los sectores patronales más negrero de la provincia, emitió un comunicado pidiendo que se limite el derecho a la protesta, con el remanido argumento de que peligran las fuentes de trabajo. Según Perfil, desde el entorno del fiscal general señalaron que “Es un incordio lo que sucede en Córdoba con los cortes permanentes y hay que controlar eso”. La cada vez más complicada situación económica y social, con aumento de desocupación, pobreza y precarización laboral, es respondida por el gobierno con la persecución judicial y la aplicación del código penal.

La legisladora del Frente de Izquierda, Noel Argañaraz señaló que desde su fuerza política “rechazamos la designación de Delgado como fiscal general. Es un representante de una Córdoba clerical que ya está poniendo trabas para la aplicación de la interrupción del embarazo, cómo lo hizo históricamente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es el representante de los desarrollistas urbanos que son corresponsables del desastre ambiental que vivimos en la provincia. También ha sido parte de la Bolsa de Comercio que es uno de los principales arietes para precarizar aún más las condiciones de vida del pueblo trabajador. Ahora nos enteramos que también quiere limitar el derecho a la protesta social, que sepa que se va a encontrar un pueblo movilizado porque son terribles los agravios que sufrimos diariamente. Es a las claras la orientación pro empresarial y clerical hasta la medula, del gobernador Schiaretti que usa un poder judicial amigo para beneficiar a los que se creen dueños de Córdoba. Proponemos la elección popular de jueces y fiscales, así como su revocatoria y avanzar en los juicios por jurados”