El gobierno de Morena aprobó, gracias a su mayoría en el Congreso de la Unión, recortes presupuestales cargándole la cuenta a sus adversarios políticos dentro del régimen, pero sobre todo perjudicando a la población trabajadora.
Miércoles 11 de noviembre de 2020
Este martes, 10 de noviembre, Morena consumó un recorte presupuestal -en el dictamen para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021- para los estados de la república, con el apoyo de sus aliados más cercanos, el PT, el PES y ahora el Partido Verde, desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El recorte fue del 9% para los estados y municipios sin que se les etiquetara con recursos extras, mediante la reasignación de 182 mil 937 millones de pesos, pasando por el pleno del Congreso esta medida.
Con este nuevo esquema presupuestario gana la Secretaría de Bienestar, con un presupuesto para el 2021 de 191 mil 724 millones de pesos, superior a los 189 mil 970 millones de pesos del año 2020; el otro beneficiario fue la Secretaría de Gobernación, ya que su presupuesto aumentó 53 millones de pesos y la Secretaría del Medio Ambiente con 400 millones más. Lo cual evidencia que el gobierno de la 4T da prioridad a de sus instrumentos clientelares y de control político.
Ya que, aunque se llame Secretaría del Bienestar, lo cierto es que realmente no ofrece bienestar, más bien es el órgano encargado de paliar la pobreza mediante los programas sociales, pero no por eso decimos que los recortes estén bien, lo que afirmamos es que estos programas no resuelven de fondo el problema de la desigualdad ni la miseria. Por su parte, la Secretaría de Gobernación se caracterizó por ser la agencia de inteligencia del Estado, desde la cual se operaba la represión y el espionaje, con el fin de controlar a la disidencia política y a los movimientos sociales.
La Alianza Federalista
Este recorte es un golpe a los rivales políticos del presidente, pero ¿quiénes son éstos? La llamada Alianza Federalista la integran los partidos de la derecha electoral e institucional, gobernadores y diputados de los distintos estados del país, del PRI, del PAN, del PRD, Convergencia Ciudadana y partidos locales. Esta alianza se formó para posicionar a estos sectores frente al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Los gobernadores de la Alianza fueron a una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la que se les notificó el recorte al presupuesto asignado para sus estados, lo que representó una reducción de -8.92%. Ahí mismo los gobernadores opositores declararon que sólo aceptarían el -0.3%, del gasto neto fiscal. Además, solicitaron audiencia con el presidente y con el secretario de hacienda, Arturo Herrera, para hacer una negociación. De hecho, amenazaron con que si se dan estas disminuciones saldrían del pacto fiscal, por lo que cada administración estatal recaudaría sus propios impuestos.
El plan de la 4T busca centralizar mayores recursos, además de debilitar a sus adversarios dentro del régimen disminuyendo la cantidad de ingresos de los que éstos pueden disponer, pues para los partidos de “oposición” el presupuesto público representa sus botines políticos y económicos con los que operan sus proyectos de gobierno. Recordemos que nos encontramos frente a la crisis económica más grande de la historia del capitalismo, por lo que ninguno de estos partidos quiere quedarse desprotegido y sin dinero de cara a la emergencia, ya que con ella no sólo administran a sus clientelas electorales, también inyectan capital a sus negocios.
El problema del recorte
El recorte al presupuesto es un reflejo de la crisis económica, en detrimento del bienestar social, ya que si bien los gobernadores de los partidos de derecha ven en esta reducción la disminución de la cantidad de dinero para sus botines políticos como dijimos antes, hay que pensar las consecuencias para las masas trabajadoras, las cuales van a ser terribles, pues un recorte de este tipo implica que haya menos dinero para cuestiones tan importantes como educación y varios servicios sociales que se suponen que tendrían que estar garantizados por el Estado.
Pero las preguntas pertinentes respecto a todo esto son: ¿Qué soluciona este recorte? ¿Cuáles son sus consecuencias? O en todo caso, ¿era algo inevitable? La respuesta es definitivamente no, el gobierno de Morena es partidario de determinadas fracciones empresariales y poderes locales, quienes se han visto beneficiados por el actual gobierno hasta la fecha; entre ellos tenemos a Ricardo Salinas Pliego, dueño de grupo Salinas, o los propios gobernadores oficialistas en los estados. Ellos son a los que busca favorecer, pero lo hace a costa de la precariedad de la vida de millones, ya que uno de los grandes perdedores producto de los recortes es la Secretaría de Educación Pública, además de que la presión está ahora sobre los programas sociales y la pensión a adultos mayores.
Es ahí donde la crisis de los capitalistas se descarga sobre las mayorías laboriosas. Por otra parte, si bien hay rubros a los que no se les recortó, tampoco se les dieron los aumentos necesarios, pues el sector salud sigue operando con las mismas carencias que tenía antes, pero con una mayor presión por el Covid-19. Y es que el gobierno de AMLO no está dispuesto a tocar ni con el pétalo de una rosa los intereses empresariales y de la casta política, lo que podría hacer imponiendo aumentos progresivos a las grandes fortunas o eliminando los privilegios de los altos funcionarios, ya que, si bien hay recortes a los órganos de gobierno, eso no atenta contra los privilegios de la casta política.
Por el contrario, generalmente son los trabajadores de las dependencias los que terminan por pagar los platos rotos, con rebajas en sus magros salarios, con empleos cada vez más precarios o incluso con despidos. Recordemos que, a inicios de este gobierno, se aplicó la “austeridad republicana” contra cientos de empleados administrativos de diversas dependencias, como fue el caso del SAT, preservando las prebendas de la alta burocracia. Por eso la solución, desde un punto de vista obrero y socialista, no puede ser el recorte presupuestal, sino los ya mencionados cobros de impuestos progresivos a las grandes fortunas, expropiación de las empresas que despidan o recorten el sueldo a sus trabajadores, abrogación de las reformas estructurales como la energética, que permite a las petroleras expoliar los recursos energéticos de México.
Otra medida es el no pago de la deuda externa, el control obrero de las paraestatales (como Pemex y la CFE), con el fin de eliminar el pesado y costoso aparato burocrático de la administración estatal, entre otras medidas que facilitarían la obtención de recursos para el bienestar social. Pero esta es una política a la cual ni López Obrador ni la Alianza Federalista están ni mínimamente dispuestos a impulsar, porque ambos representan los intereses de los ricos,
