El jueves 1 de octubre se despachó al Senado la cuestionada Carrera Profesional Docente del gobierno de la Nueva Mayoría. No se incluyó el bono permanente al retiro, uno de los puntos polémicos durante la discusión en la Cámara de Diputados.
Viernes 2 de octubre de 2015
La cámara de diputados aprobó el proyecto de ley de Carrera Profesional Docente, proyecto que fue rechazado por los docentes que exigían su retiro. Esta demanda implicó 57 días de paralización que no consiguió su objetivo, debido a la implementación de una mesa tripartita entre gobierno, parlamentarios y Colegio de Profesores, donde se acordó un rediseño para canalizar el conflicto.
La bajada del paro es el punto clave para medir la legitimación del proyecto en curso. La finalización del paro no fue expresión de acuerdo entre los docentes por el rediseño del proyecto, ni siquiera fue votado por las bases docentes. Más bien tiene como consecuencia mayor desconfianza en el actuar de los parlamentarios y los propios dirigentes del Colegio de Profesores, principalmente de su presidente Jaime Gajardo, militante del Partido Comunista y de la coalición del Gobierno.
El fantasma de cómo bajaron el paro está presente en la tramitación, pues el paro a vista de todo el mundo, lo bajó el gobierno en una operación con todas las bancadas políticas de la Nueva Mayoría y la Derecha, contribuyendo a la operación la división en dos Asambleas Nacionales del Colegio de Profesores. Distintas tácticas para proceder a bajar el paro a cambio del rediseño que firmaron sus dirigentes en las negociaciones de la mesa tripartita. La división se expresó, por una lado, la Asamblea de la Nueva Mayoría que con 90 votos de dirigentes de distintas regiones que anunció la finalización del paro a los medios, por otro lado, la disidencia liderada por Mario Aguilar del Partido Humanista, que llamó a una consulta para bajar el paro y se negó asistir a la Asamblea convocada por Gajardo.
La victoria del gobierno es rechazada por los docentes, que hoy están en plenos planes de recuperaciones con extenuante agobio laboral y una extensión horaria antipedagógica para los estudiantes. La claridad de estos hechos fortalece la convicción de que el proyecto no es el que necesita la educación. Que el gobierno no diera una respuestas favorable en 57 días a los profesores movilizados muestra de una intransigencia de "expertos", y hoy por hoy, la existencia de las recuperaciones y la persecución da cuenta de qué tipo de educación quieren fortalecer.
Los parlamentarios no se dan por vencidos, para revertir su impopularidad propusieron la moción de bono al retiro permanente. Aunque varios diputados votaran a favor, sabían de antemano que ello es una atribución de ejecutivo y que no era parte del presupuesto. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se hizo cargo de la aclaración cuando amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional.
El bono al retiro permanente nunca fue acordado en la mesa tripartita, solo fue mencionada como una problemática, que evidentemente iba a ser rechazada una vez que el proyecto entrara al parlamento. Este ejemplo da cuenta que la estrategia de negociar sin movilización y con acuerdos parciales fracasó rotundamente, pues si no hay movilización no puede haber negociación favorable a los trabajadores.
La ministra de educación, Adriana Delpiano, se comprometió a "evaluar" la opción de extender el actual incentivo al retiro aprobado para ser otorgado durante este año hasta 2018. Nuevamente nada claro y seguro. Seguramente sus políticas "realistas" con sus presupuestos "realistas" para cumplir los intereses de los sectores empresariales no evaluara lograr una bono al retiro permanente para finalizar con la angustia de miles de profesores al momento de jubilar. Eso solo será posible con un movimiento docente fuerte, si dirigencia burocrática, con una amplia democracia de base que lleve adelante con movilización las demandas docente.
