El Gobierno ha aprobado una ayuda de último recurso para aquellas familias que no alcancen unos niveles mínimos de renta. La nueva medida se estima que llegará a 2 millones 300 mil personas, según el ejecutivo.
Elías Lavín Madrid
Viernes 29 de mayo de 2020
El llamado ingreso mínimo vital sido aprobada este viernes en el Consejo de Ministros y Ministras, y está destinada para la “unidad de convivencia”. Está pensada para complementar los ingresos de los hogares más vulnerables, esto es, aquellos cuyos ingresos no alcancen la renta correspondiente como mínima (teniendo en cuenta el patrimonio). Será el tramo entre este umbral mínimo y los ingresos existentes, lo que será complementado por el Estado. La ayuda no es, por tanto, una cantidad fija, sino que depende de la renta de la unidad de convivencia, el número de miembros y otras variables.
Se han estipulado ayudas para 14 tipos de “unidades de convivencia” distintas. Iglesias ha afirmado que el umbral de renta garantizada será de unos 462 euros para una persona adulta que viva sola. Esta suma se irá engrosando con 139 euros por cada persona con la que conviva hasta llegar a 1.015 euros mensuales como máximo. De este modo, a familias compuestas por tres adultos y dos niños o más, o por cuatro adultos y un niño, podrán aspirar a estos 1.015 euros. Se establece también un complemento para los hogares monoparentales.
A pesar de las loas y alabanzas entre PSOE y UP resulta una medida del todo insuficiente, muy por detrás de la situación de empobrecimiento creciente de los y las trabajadoras por la crisis económica de la Covid-19, y que sigue sin cuestionar el sistema fiscal regresivo vigente en el Estado español.
La cuantía fijada, en la mayor parte de los casos por debajo del SMI, es realmente de miseria, semejante a la de una pensión no contributiva y mantendrá en los mínimos imprescindibles al beneficiario. El ministro Escrivá ha expresado en varias ocasiones la necesidad de que sea compatible con el trabajo remunerado. De este modo, todos aquellos trabajadores que estén en paro deberán estar inscritos en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo.
El País ha llegado a afirmar que “este viernes el Estado de bienestar da un paso adelante”. Pero nada más lejos de la realidad, la medida no sacara del umbral de la pobreza a las familias beneficiarias. La medida cumple, de esta forma, la exigencia de la patronal de que la ayuda quede lejos del SMI. La patronal no quiere que una prestación social reduzca la presión sobre la competencia entre trabajadores en el mercado de trabajo, se hace necesario, asimismo, mantener un considerable “ejército de reserva” con el que presionar los salarios y condiciones laborales a la baja.
El FMI prevee que el Estado español va a sufrir la peor caída del PIB desde la guerra civil, sin embargo, PSOE y UP han aprobado una medida que realmente ya funcionaba antes de la crisis en gran parte de los países de la eurozona, y que el propio Unidas Podemos ya contemplaba en el acuerdo de gobierno con el PSOE. Si bien la crisis del Covid-19 ha venido a acelerar su implantación, la medida dista de estar pensada para dar solución a los problemas que atraviesan los trabajadores.
Se calcula que su coste será de unos 3.000 millones al año que se pagarán mediante una transferencia que Hacienda hará a la Seguridad Social. Sin embargo, no se ha ni planteado ningún impuesto a la banca y a las grandes fortunas para costear el ingreso mínimo vital. Unidas Podemos hizo del “impuesto a la banca” una de sus principales banderas en la campaña electoral. Pasadas las elecciones esta medida ha sido sensiblemente rebajada.
Dotar de una renta básica de cuarentena a todos aquellos trabajadores y trabajadoras no es misión imposible. Una prestación así para 4 millones -tomando no solo aquellos que están sin ingresos sino también complementos de quienes tienen paro o ayudas muy lejos del SMI- supondrían 4 mil millones al mes, 40 mil si se deben prolongar durante 10 meses. Es justo la cantidad que debe la banca del rescate de 2012.
Se hace preciso una renta de cuarentena equivalente al SMI que sea sufragada con impuestos especiales a la banca, las grandes empresas y fortunas. Unidas Podemos, plenamente integrado en el régimen, vuelve a poner de manifiesto que es una pata más de los intereses de la patronal.
