La aprobación de la Ley de Eutanasia en el Congreso de Diputados unió a diferentes bloques parlamentarios. La “muerte asistida” solo es legal en seis países del mundo.
Viernes 18 de diciembre de 2020 10:23
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia, y ahora también España se incorpora a la legislación el derecho a la eutanasia. Con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, la ley debe pasar ahora por el Senado, donde se espera su aprobación. En 2021 ya será legal solicitar la “muerte asistida” para enfermos de dolencias incurables.
La Ley contó con el apoyo del bloque de la legislatura del Gobierno, PSOE, Unidas Podemos, Más País, ERC, PdCat, entre otros, pero también de la oposición de centroderecha, Ciudadanos y el PNV. En contra de la Ley se pronunciaron desde el PP y VOX. Desde VOX defendieron un discurso reaccionario y conservador, asegurando que se estaba poniendo en marcha una “industria de la muerte”, y que lo peor es que se hace justo “cuando el mundo va a celebrar el nacimiento de Jesús”.
La ley establece que podrá solicitar su derecho a la “muerte asistida” en la sanidad pública cualquier español mayor de edad con residencia en España "en plena capacidad de obrar y decidir", y que lo haga de forma “autónoma, consciente e informada”, cuando se padezca un “sufrimiento físico o psíquico que considere intolerable” por padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado o “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.
¿Cómo se hará la solicitud del paciente?
El paciente, que deberá confirmar la voluntad de morir al menos cuatro veces, ha de formular dos solicitudes escritas voluntariamente con un intervalo mínimo de quince días, aunque el médico responsable del caso puede acortar el plazo si considera un riesgo "inminente" de "pérdida de la capacidad" del enfermo para otorgar el consentimiento informado. El enfermo podrá revocar la solicitud en cualquier momento o pedir el aplazamiento.
Después de cada solicitud, el médico realizará con el paciente un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. A continuación, se volverá a preguntar a la persona si desea desistir o continuar. Entonces, el facultativo responsable deberá consultar el caso con un médico consultor, que tendrá 10 días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.
Tras la firma del consentimiento informado, el paciente deberá comunicar al médico responsable cómo quiere la ayuda para morir (en un centro sanitario o el domicilio): que el personal médico le administre directamente una sustancia o que se la prescriba o facilite, de modo que se la pueda autosuministrar. En ambos casos, el médico y el resto de profesionales sanitarios estarán con el paciente hasta el momento de morir.
La eutanasia actualmente es legal únicamente en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia. En Suiza, en cambio, lo que está legalizado es lo que se conoce como suicidio medicamente asistido, donde los médicos facilitan los medios necesarios, pero la acción de poner fin a su vida queda a cargo del paciente. En países como Italia o Francia la eutanasia está prohibida, como era el caso en España hasta ahora. Mientras que en EEUU, donde también es ilegal, hay algunos Estados que permiten la muerte asistida en caso de enfermedades terminales.
Diferentes organizaciones que vienen exigiendo la aprobación de esta legislación celebraron que se incorpore este derecho en la legislación española, para evitar casos como el de Ramón Sanpedro, quien sufría una tetraplejía totalmente incapacitante producto de un accidente y que en 1998 terminó con su vida, después de 29 años de disputas judiciales para poder hacerlo legalmente, sin que ninguna persona fuera penalizada por ello. Su caso abrió el debate sobre la eutanasia en España y llegó al cine en 2004 con la película Mar Adentro de Alejandro Amenabar, protagonizada por Javier Bardem.
Desde el Gobierno progresista celebraron la aprobación de la ley, que había sido propuesta por Podemos en una ocasión anterior y rechazada en su momento por el PSOE. Sin dudas, es un importante derecho legal conseguido por años de luchas de diferentes personas y organizaciones. Sin embargo, para que la “muerte digna” sea un derecho efectivo para la mayoría habrá que conseguir primero que haya una “vida digna” para todas las personas, lo que es incompatible con la pervivencia de esta sociedad que pone las ganancias de unos pocos por delante de la vida de las mayorías.
