LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. Se archiva la querella de Pacheco contra Villarejo por torturas durante el franquismo

La jueza del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha archivado el proceso penal interpuesto por Julio Pacheco Yepes, víctima de torturas en la etapa final del franquismo. La querella apuntaba a José Manuel Villarejo como responsable de los hechos y ha sido la primera vez en que víctimas del franquismo han podido declarar en los juzgados españoles para relatar las torturas recibidas.

La causa ha sido archivada por prescripción atendiendo al contenido del Auto 57/2024 dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional. Siguiendo la jurisprudencia del Constitucional este considera que la vigente Ley de Memoria Democrática no sustituye la potestad de este Tribunal para la interpretación de los derechos fundamentales y que el articulado de la ley es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas. Por lo que dicho Auto en su momento cerró la vía judicial para investigar otra causa abierta por torturas y habría sido tomado para archivar también la causa presentada por Pacheco.

En concreto, el Constitucional tomaría como referencia el artículo 2.3 de la Ley de Memoria Democrática, en cuanto establece que “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Para los jueces del Tribunal esto no sería suficiente para que las normas de Derecho Internacional penal sean fuente directa o indirecta de Derecho penal para investigar y juzgar hechos que no estaban tipificados en la ley penal estatal vigente en el momento de los acontecimientos.

Asociaciones que han apoyado la querella como Amnistía Internacional, Iridia o Sira advierten de la insuficiencia de la Ley de Memoria Democrática para investigar los crímenes del franquismo y de que todas las querellas presentadas por las víctimas han sido inadmitidas o archivadas por ahora. Señalan que es un problema que implica a los tres poderes formales del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Y quienes tienen la responsabilidad de tomar medidas adecuadas para revertir la impunidad de los crímenes franquistas.

Las asociaciones seguirán trabajando para exigir justicia penal y pelearán en todas las instancias posibles para continuar el proceso judicial presentando un recurso ante la archivación de la causa.

Una querella de gran importancia puesto que tras más de seis años de pelea en juzgados españoles y más de un centenar presentadas denunciando crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, esta querella archivada ahora fue la única admitida a trámite que citó a los querellados a declarar en calidad de investigados. La Jueza tomó declaración al querellante y a la testigo Rosa María García Alcón el 15 de septiembre de 2023, siendo un hecho de gran excepcionalidad, al ser la primera vez que víctimas del franquismo declaran en los juzgados españoles.

Este caso viene a resaltar por enésima vez la impunidad de los crímenes de la dictadura y la falsedad del relato de la “modélica” Transición, gracias a la cual el nuevo Régimen monárquico y parlamentario no sólo mantuvo la continuidad de los aparatos del Estado, judiciales, militares o policiales, sino también su impunidad.