La Cámara de Diputados acaba de aprobar la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos en Chile. Mientras la calle exige juicio, verdad y castigo, el Estado fortalece su edificación, en un nuevo intento por domesticar la memoria en Chile.
Viernes 21 de agosto de 2015
La cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley, que crea la Subsecretaria de Derechos Humanos, la cual tiene como principal objetivo fomentar la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Cabe destacar que si bien esta fue una promesa de campaña de la Nueva Mayoría, este proyecto de Ley fue ingresado el año 2012, cuando en ese entonces gobernaba Sebastián Piñera.
Este proyecto, recién aprobado, establece la creación de dos organismos: Por un lado la Subsecretaria antes mencionada, y por otro lado el Comité Interministerial de Derechos Humanos. Este órgano estará compuesto por: Ministro de Justicia, Ministro del Interior y Seguridad Pública, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Defensa Nacional , Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Educación, Ministra Servicio Nacional de La Mujer y Ministro Secretario General de la Presidencia. El Comité asesorará directamente a la presidenta sobre lineamientos de políticas intersectoriales en Derechos Humanos.
Dentro de esto se contempla además un Plan Nacional de Derechos Humanos, que será el resultado de aquellos temas prioritarios emanados de los órganos antes mencionados, como por ejemplo: investigación y sanción en crímenes de lesa humanidad, preservación de la memoria histórica y promoción de reparación para las víctimas.
Al leer estas palabras, se puede desprender que el gobierno ha dado un paso adelante en robustecer una línea en Derechos Humanos. Si bien es cierto, tiene su letra chica. Y es que viene a edificar un discurso y un relato oficial en torno a la memoria histórica del país. Nuevos recursos humanos y financieros serán destinados para este propósito.
Hoy, cuando diversas organizaciones históricas de Derechos Humanos en Chile, reaparecen ante la opinión publica volviendo a colocar en la palestra el horroroso periodo de represión y muerte a los que estuvo sometido el país durante casi dos décadas, reclamando contra la vigencia de la impunidad y reavivando las exigencias de verdad, juicio y castigo, la respuesta del Estado es totalmente conscientemente engañosa. Busca cooptarlas, dejarlas en jaque, inyectando millonarios fondos en los mismos y cuestionados políticos del régimen, antes de responder las legítimas demandas de estos sectores. Que alguien le avise, que la batalla de la memoria se viene librando en la calle y esta viene por más, incluso por ellos.
