NO ES UN POLICÍA, ES TODA LA INSTITUCIÓN. Se cumplen seis meses de la masacre de Monte a manos de la Bonaerense

Hace 184 días un grupo de criminales de la Policía Bonaerense, en plena madrugada y en medio de la Ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte, consumaban uno de los crímenes más resonantes del largo historial criminal de esa fuerza.

A los tiros, provocaron el descontrol de un Fiat 147 que transitaba por la zona, haciéndolo estrellar contra un acoplado estacionado a la vera de la ruta. En el auto viajaban Aníbal Suárez (22), Camila López (14), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (13) y Rocío Quagliarello (14). Los cuatro primeros murieron en el acto y la quinta chica estuvo en grave estado durante semanas hasta que logró recuperarse.

La masacre de Monte conmocionó al país, especialmente luego de que se difundieran las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron la persecución, filtradas a los medios en secreto por empleados del Municipio que luego fueron perseguidos por funcionarios de la intendente Sandra Mayol (Frente de Todos).

Además de esas imágenes, hubo testimonios que ayudaron a develar el operativo de encubrimiento montado desde el minuto cero por la gestión municipal de Mayol, junto a la Bonaerense (al mando de Cristian Ritondo) y al jefe de los Bomberos Voluntarios de Monte, Nelson Barrios.

Sumado a todo ello, y determinante, la enorme movilización de gran parte de ese pueblo bonaerense, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, obligó al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a actuar (en contra de sus intereses) apresando a parte de la banda policial.

Pese a que aún siguen impunes algunos personajes centrales de esta historia, lo que se avanzó en seis meses no es poco, teniendo en cuenta el larguísimo historial de impunidad con el que cuenta la fuerza represiva provincial moldeada por Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

Pruebas suficientes

En diálogo con La Izquierda Diario Mauricio Sansone, abogado y primo de Danilo, y Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria (que toma parte de la querella en el caso) analizaron el estado de la causa, lo que ya se probó y lo que aún resta investigar.

Ante todo, Sansone recuerda que “el comisario Mario Mistretta, que estuvo durante todo el día de la masacre en la comisaría organizando el encubrimiento, ni siquiera está imputado” en la causa. Al mismo tiempo, Jarque agrega que “si bien en estos meses la investigación se centró en el accionar policial, también se abrió otra investigación respecto al accionar de la intendente y del jefe de Bomberos (que habrían tenido conocimiento de los hechos y no actuaron), entendemos que hay que avanzar en eso ahora”.

Leé también Masacre de Monte: imputan por encubrimiento a la intendente Sandra Mayol

Para la abogada de la CPM eso es así en tanto que en estos seis meses las pruebas recolectadas sobre la masacre ya son suficientes para llevar a los policías a juicio y condenarlos. “En la causa ya hay pruebas suficientes tanto respecto a cómo ocurrió el hecho y quiénes fueron los responsables como respecto a cómo fue el mecanismo de encubrimiento de parte de una comisaría completa, incluyendo al comisario. Ahora es importante enfatizar la investigación sobre Sandra Mayol y Nelson Barrios”, afirma en relación a la intendente del Frente de Todos y al jefe de los Bomberos locales.

En efecto, la causa tiene un cúmulo importante de imputados (trece) y pruebas. La semana pasada cinco de los policías declararon buscando zafar de la acusación de encubrimiento y dejando “pegados” solamente a quienes persiguieron al auto en aquella madrugada.

“Resulta poco sólida la idea de volver sobre la responsabilidad de quienes están imputados por el homicidio, intentando quitarse responsabilidad de sus actos de encubrimiento, como lo son el falseamiento de libros de actas y demás intentos de ocultamiento de los hechos. De todos modos no podrán desmoronar la prueba objetiva que ya se recolectó en la causa”, enfatiza Jarque.

Así, se espera que el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte continúe dándole forma a las acusaciones sobre el capitán Rubén García y los oficiales Manuel Monreal, Leonardo Ecilape y Mariano Ibáñez (todos imputados por homicidio agravado); así como sobre el comisario Julio Micucci, el subinspector José Domínguez, el inspector José Durán, el teniente primero Héctor Ángel y el exsecretario de Seguridad municipal (y excomisario) Claudio Martínez (todos imputados por encubrimiento agravado y falsedad ideológica).

A esos nueve funcionarios presos hay que sumar a las oficiales Melina Bianco y Nadia Genaro, también acusadas de encubrimiento y falsificación de actas pero en libertad y a los oficiales Juan Gutiérrez y Cristian Righero que siguen siendo investigados pero por ahora gozan de una falta de mérito.

Leé también Madre de víctima de la masacre de Monte: “En el pueblo el control lo tenía la Policía”

Para las familias y sus abogados patrocinantes, el fiscal viene actuando con cierta celeridad. En ese sentido, se espera que en los próximos meses avance en la recolección de pruebas que faltan y finalmente eleve a juicio la causa.

La movilización popular como arma

En el pueblo, al comienzo del caso, no fueron pocos los que sindicaban al fiscal Damonte como parte del entramado mafioso que rodea a las instituciones públicas de la región. De hecho es conocida su relación de amistad y colaboración con parte de los policías a los que hoy investiga. En ese marco, sin dudas la enorme movilización social debe haberlo obligado a actuar aunque no lo hubiera querido.

Para Mauricio Sansone, primo de Danilo, “esa acción inmediata de la Justicia no sólo tuvo que ver con el año electoral sino con la repercusión que tuvo la masacre a nivel nacional. Eso hizo que rápidamente tuvieran que detener a algunos de los culpables”.

El abogado recibido en la Universidad de La Plata considera que “evidentemente hay muertes que le importan al Estado y hay otras que no. Las muertes de los pibes de Monte parece que sí importaron, pero hay muchas muertes por gatillo fácil en muchos barrios y lugares marginados que ni siquiera hay investigación, mucho menos prisiones y condenas. Entonces acá, con la acción inmediata, se quiso atenuar en parte el conflicto social que se había generado y la movilización del pueblo, para que no tenga mayores repercusiones a nivel político e institucional. De hecho la intendenta pagó su responsabilidad, aunque sea a nivel electoral, con su derrota en octubre”.

Consultado por este diario sobre cómo están las familias de las víctimas, Sansone afirma que “no hay reparación para el dolor que genera el vacío de la existencia física de un familiar, menos aún cuando cuando el asesino es una institución del Estado y es el mismo Estado el que luego te va a proporcionar a ‘la Justicia’. Pero bueno, ese es el laberinto y las reglas del juego que hay que jugar para que estos asesinos sean condenados. Esperemos que lo sean y que durante bastante tiempo cumplan la condena en prisión”.

Leé también Monte: la intendente acusa a los familiares de “politizar” la masacre de sus hijos

Mauricio va un poco más allá. “Necesitamos es generar las condiciones materiales, las bases sociales para que esto no vuelva a suceder. Y es el pueblo el que tiene que tomar esas decisiones. No va a depender de un gobierno determinado, porque sabemos que el gatillo fácil es una política de Estado que va más allá del color del Gobierno de turno. No queda otra que nosotros mismos, como pueblo, generemos los controles ante estos arrebatos de la vida que da el sistema, que esta institución policial se va cobrando con los pibes de los barrios, con las trabas, con los pobres, con cualquiera que de pronto sale a pasear, como le pasó a los pibes un domingo a la noche”.

¿Y el móvil?

Uno de los elementos centrales del caso que hoy por hoy continúa siendo una incógnita (al menos en el expediente) refiere al móvil del hecho. Es decir, por qué esa madrugada la banda de forajidos uniformados y armados se lanzó a la persecución del Fiat 147, acribillándolo a balazos y haciéndolo estrellar contra el acoplado de un camión.

Las querellas ya han solicitado a esos efectos algunas medidas de prueba que deberían arrojar resultados concretos que ayuden a desentrañar ese misterio. Otra posibilidad sería que los propios asesinos confiesen el móvil, pero prácticamente nadie en su sano juicio puede esperar que eso suceda.

En Monte se habla de, al menos, tres posibilidades. Por un lado que los pibes y las pibas hayan visto cómo la banda policial participaba del contrabando de drogas. Por otro, que los uniformados se hayan “pasado de rosca” en el amedrentamiento a Aníbal Suárez, de quien muchos aseguran que “la cana se la tenía jurada”. Y en el tercer caso, una combinación de los dos primeros. Conociendo a la Bonaerense, cualquiera de las tres opciones no solo son posibles, sino más que probables.

Quienes miran el expediente de cerca confían que en el juicio oral y público pueda surgir más de un indicio de por qué tanta saña, tanta violencia y tanta masacre.

Leé también Carla Lacorte: “Hace décadas el gatillo fácil es política de Estado y ahora se profundizó”

Este miércoles a la tarde, en la plaza principal de San Miguel del Monte donde Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío pasaron tantas horas de juegos, rap y amistad, nuevamente el pueblo se congregará en la exigencia de juicio y castigo para todos los culpables.

“Como todos los 20 se invita al pueblo a participar de la jornada para recordar a los pibes, haciendo público el arte del rap de los amigos de los chicos”, dice Mauricio Sansone. Y agrega que “también en este caso se hará una colecta de artículos de librería para un centro comunitario de Monte, con la idea de que no solo se mantenga viva la memoria de los chicos y se reclame la justicia que se merecen sino que además se empiezan a gestar nuevas causas que encuentran la misma raíz de la injusticia”.

Leé también De Duhalde a Vidal, siempre fue la misma maldita Policía Bonaerense