Las facultades de espionaje que mantuvo el ejército durante la dictadura, hoy siguen vigentes. El reciente caso de la Operación Topógrafo muestra que utilizan sus investigaciones para salvaguardar la “integridad” de la institución frente a los casos de corrupción.
Camilo Jofré Profesor, militante del PTR e integrante de la agrupación de trabajadores de la educación Nuestra Clase.
Lunes 12 de agosto de 2019
Dos investigaciones de espionaje fueron llevadas por el ejército el 2017, la primera de ellas conocida como la “Operación W”, en donde pudieron acceder a escuchas telefónicas, informáticas, etc, del periodista Mauricio Weibel, quien en el año 2016 escribió el libro “Traición y Patria”, en donde daba a conocer todas las irregularidades de lo que fue el desfalco de dinero a la Ley Reservada del Cobre por parte del ejército. La segunda investigación que llevaron el mismo año, tiene por nombre “Operación Topógrafo”, en donde el ejército a través de sus organismos de inteligencia, mantenía intervenidas las líneas de comunicación de 4 funcionarios que denunciaron irregularidades que se llevaban dentro de la institución.
Los métodos de la dictadura se mantienen en el ejército
La Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ha encabezado estas investigaciones que claramente buscan resguardar la integridad de la institución que ya viene siendo bastante cuestionada por los casos de corrupción en su interior, sino fuese así, ¿Por qué buscarían espiar a funcionarios denunciantes o periodistas, que han mostrado evidencias sobre las irregularidades que existen en el ejército? Lo que intentan, sobre todo los altos funcionarios, es anteponerse ante cualquier situación de riesgo en donde se vean amenazados sus privilegios con los que han gozado durante la dictadura y posterior a ella.
Pero para que todas estas investigaciones se puedan efectuar, legalmente se necesita la autorización judicial de un ministro de la corte de Apelaciones, que durante los últimos años han sido Jessica González, Juan Antonio Poblete y Mario Carroza.
Es así como el ejército a través de un comunicado efectuado el sábado 10 de agosto intenta desvincularse de toda responsabilidad, depositándola en los poderes judiciales del Estado. Lo que nunca plantearán, es que un régimen en donde se mantienen los principales pilares económicos e ideológicos de la dictadura militar, el Sistema Judicial, seguirá velando por su integridad, y no verá problemas en facultar a organismos de inteligencia del ejército a investigar a sus propios denunciantes.
Se abre otra grieta al interior de la derecha
Ante el destape de las acciones al interior del ejército y sus organismos de inteligencia frente a los casos de corrupción, han sido diversas las posturas al interior de Chile Vamos. Por un lado tenemos a figuras como Felipe Kast (Evópoli) planteando que éstos casos deben investigarse en profundidad y que se debe discutir una modernización del ejército. Por otra parte, tenemos a parlamentarios como Mario Desbordes (RN), quien absuelve al ejército diciendo que está todo dentro de la ley.
Todo lo anterior, en un marco de un gran rechazo al Gobierno de Sebastián Piñera, y a importantes ministros como Marcela Cubillos, por dar un ejemplo. Una crisis abierta en donde no solo el Gobierno viene débil y cuestionado, sino que también sus instituciones como el Poder Judicial, las fuerzas represivas de carabineros, militares, etc.
La lucha de los docentes mostró que además de que existían las fuerzas para conquistar sus demandas, la movilización abrió paso a cuestionar a todo un régimen de conjunto. Esta lucha nos muestra el camino para acabar con los pilares que se mantienen en el Chile neoliberal, el que nos dejó la dictadura de Pinochet.
Pero para que desarrolle la fuerza de las y los trabajadores los organismos debiesen apostar a unir las luchas. Las dirigencias del Colegio de Profesores, la CONFECH o la CUT, dirigidas por el Frente Amplio o el Partido Comunista, continúan con una tregua con el Gobierno, siguiendo la estrategia de presión parlamentaria sin poner al centro el desarrollar una gran fuerza a través de la movilización, integrada por trabajadores, mujeres y por la juventud.
Frente a esto, profesores, estudiantes y trabajadores se han organizado, y han levantado instancias como el Encuentro de Agrupaciones clasistas y burocráticas en Antofagasta, para sacar las principales lecciones de estos procesos.
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Es necesario poner fin a las fuerzas especiales, que hoy día arremeten con todo y y generan nuevas facultades para reprimir a quienes se movilizan, como aula segura, pero también es necesario denunciar el fortalecimiento de las leyes punitivas que ha presionado a aprobar el gobierno actual, donde solo han hecho demagogia, planteando que venían tiempos mejores para los trabajadores. Hay que ponerle freno a la ya aprobada agenda corta anti terrorista. No pueden seguir existiendo en tiempos que califican ellos mismos de democráticos, métodos como el espionaje, o la tortura, a propósito de los videos de ritos de “iniciación” dentro del ejército.
