Según ordeno la justicia, la provincia y la municipalidad no pueden modificar la situación de los pobladores.
Jueves 17 de mayo de 2018 23:14
Como respuesta a la grave situación que atraviesan los vecinos del barrio La Sexta y luego del intento de la repudiada represión que vienen viviendo, la justicia dio lugar a una acción de amparo. En la misma, se solicita una medida de no innovar, para que se detenga el inicio de ejecución de obra y le ordene al gobierno provincial y municipal que se abstengan de realizar un desalojo sobre los vecinos.
En este sentido, Salvador Vera, abogado que patrocina a la Asamblea de la Sexta y al grupo de 20 familias que requirió a la justicia para que tome cartas en el asunto, manifestó que el objetivo es que “cesen los actos de intimidaciones, persecución y hostigamiento”, y agregó: “Todo esto lo hicimos sobre la base de que el predio ocupado por los vecinos, que llega a 300 familias, ostentan una posesión pública, pacífica y continua, en algunos casos por mas de 6 décadas, como lo hemos acreditado. Esto genera una situación de hecho y de derecho que es objeto de protección legal y por eso le hemos solicitado al juez que lo garantice.”
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Asimismo, el abogado expresó que pidieron al juez que ordene la intervención de los organismos provinciales competentes: Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Defensoría de Niñez, Defensoría del Pueblo y la Dirección Provincial de discapacidad. Todo ello conforme la constitución de las familias y los grupos poblacionales que merecen una protección especial, y que al momento las autoridades provinciales y municipales estaban violando este derecho.
En relación a la represión y los intentos de desalojo que vienen sufriendo los vecinos, Vera manifestó que “denunciamos que estos intentos de desalojo están cargados de un amplio despliegue, de parafernaria policial e intimidaciones, que pueden sancionarse legalmente. Son actos ilegales, arbitrarios, y las autoridades no tienen autorización judicial para obligar a los vecinos a salir de sus domicilios. Generan en la práctica una situación que, de ejecutarse, llevaría a que estas personas que hoy tienen viviendas edificadas, pasen a estar en situación de calle. Implica una innumerable cantidad de violación de derechos. Demandamos que esta actitud por parte del gobierno, en sus distintas esferas, cese de inmediato.”
En la jornada de hoy, al informar sobre la resolución favorable del amparo, informaron que están a la espera de la fecha de audiencia entre las partes.
