Casos como el del ex presidente de Murcia, Gürtel o las grabaciones a Fernández Díaz disparan el nivel de preocupación por la corrupción al 44,8%.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 6 de abril de 2017
Foto: EFE
El caso del ya ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, el curso judicial por las tramas Gürtel y la de las tarjetas black y la comisión investigadora al ex ministro Fernández Díaz. Combínelo, agítelo y obtenga un cocktail explosivo de corrupción de variados niveles: política, financiera, policiaco-conspirativa.... Esto es lo que más sube en el índice de preocupación -y cabreo- recogido en el último estudio del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Según su última encuesta, elaborada entre el 1 y el 10 de marzo, la preocupación por la corrupción sube de forma abrupta hasta el 44,8%. Una subida de 7,5 puntos que la lleva a alcanzar la mayor cota durante los últimos ocho meses. Solamente superado por el desempleo como primera preocupación con un 72,2%.
Sin embargo, todo esto no sorprende a nadie ya. Todos los escándalos de corrupción, no solo los del Partido Popular que sin duda está a la cabeza, sino de la más amplia gama de instituciones del Régimen del ’78 y sus principales partidos -Corona, PSOE, Convergència...- vienen a demostrar que estas prácticas fraudulentas son parte fundamental del sistema capitalista español, y valdría decir del sistema capitalista en general.
A principios de semana Pedro Antonio Sánchez dimitía como presidente de la región de Murcia tras el anuncio de la Audiencia Nacional de imputarlo por fraude, cohecho y revelación de secretos en el marco de la trama Púnica. Se trata de una de las más grandes y escandalosas tramas de corrupción de los últimos años. Sin embargo, el ex presidente llevaba ya meses poniendo al Partido Popular nuevamente en el ojo del huracán de la corrupción con otros muchos casos provinciales.
En octubre empezaban los juicios contra la trama Gürtel y el caso de las tarjetas black de Bankia. Toda una pléyade de ilustres extesoreros y exministros han ido pasando por los banquillos de la Audiencia Nacional, acompañados de la “crème de la crème” de la sociedad empresarial situada en los mejores consejos de administración. También concluyó el juicio del caso Noos, la más abierta lección de “justicia para ricos”, con la Infanta absuelta y Urdangarín libre sin fianza en Suiza.
Y para colmo de males, estas últimas semanas las cloacas del Estado vuelven a rezumar vigorosa actualidad con las grabaciones al ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel Alfonso en las que conspiraban para acusar de diversos delitos a dirigentes de CDC y ERC.
No obstante, todos estos casos son tan solo la punta del iceberg de la corrupción institucionalizada, ese mecanismo que garantiza, por si los privilegios y mecanismos legales no son suficientes, que el Estado y sus “servidores” puedan vivir alejados de la realidad de la inmensa mayoría trabajadora de la población y así estar al fiel servicio de una exigua minoría de capitalistas. Corruptos y corruptores se mezclan y confunde hasta convertirse en parte de lo mismo, la clase capitalista.
Mientras millones sobreviven a duras penas entre el paro y la precariedad laboral, una casta profesional de políticos capitalistas vive como los millonarios, implicados en tramas corruptas y, para colmo, después se retiran como asesores y gerentes de las mismas empresas que beneficiaron durante décadas desde sus puestos en el gobierno, el parlamento y los ayuntamientos.
Nada se puede esperar de la Judicatura, que es parte de esta casta. Convive con ella, se casan entre ellos y sobre todo vive como ellos. Por eso la única manera de terminar con esta lacra es luchando por acabar con los mecanismos característicos de esta democracia del IBEX35 y las grandes empresas. Empezando por la justicia para ricos que les ampara y protege, por el fin de la judicatura de carrera, la elección de jueces por sufragio universal, que cobren igual que una maestra y que los juicios sean todos por jurado popular. Y a su vez pelear por el fin de todos los privilegios de la clase política capitalista, que todos los cargos públicos y altos funcionarios del Estado (la cantera de los consejos de administración) pierdan todos los gastos de representación y privilegios, y su salario sea también el de una maestra o trabajador cualificado, con un control minucioso de la evolución de su patrimonio personal y familiar.
Se trata de medidas elementales para poder realmente terminar con esta “casta” y sus mecanismos de reproducción, y que será imposible encontrarlos en ninguno de los programas de transparencia que defienden demagógicamente sus partidos. Podemos, que desde sus intentos de llegar a un acuerdo de gobierno con el PSOE parece haberse olvidado de aquello de la “casta”, tampoco vienen levantando este tipo de medidas contundentes para atajar el problema de raíz. Proponerse llevar adelante una lucha real contra la “casta” y las raíces profundas de la corrupción será el elemento distintivo para saber si el “cambio” se propone realmente barrer esta lacra o simplemente atenuarla y acabar integrándose como una nueva “casta” de izquierda.
