El Gobierno fijó un nuevo monto a partir del cual se pedirá documentación que respalde el origen de los fondos, con el fin de evitar maniobras destinadas al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Jueves 12 de marzo de 2015
A través de la resolución 56/2015 que se publicó en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, se modificaron los montos de transacciones sujetas a control. Se elevaron los niveles que, anteriormente, estaba en 200 y 500 mil pesos.
Con la nueva disposición, las transacciones que superen los 2,2 millones de pesos se requerirán documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, o copia autenticada de la escritura, en el caso de venta de inmuebles, o certificado de un contador público, validado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente. Para validar el origen de los fondos, también, se solicitará documentación bancaria, documentación que acredite venta de bienes, valores, u otra documentación de carácter respaldatorio que se considere pertinente.
Además, se podrá exigir "documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes" o "cualquier otra documentación que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación".
Esta es una nueva medida que pretende mostrar controles para evitar el lavado de dinero, pero no deja de ser una medida cosmética. El oficialismo con su política de blanqueo dio muchas facilidades para que todos los que evadieron y fugaron puedan regularizar su situación. Así como tampoco quiso modificar la Ley (de la dictadura) de Entidades Financieras, ley que desreguló la banca y abrió paso para hacer negocios con las bicicletas financieras y la fuga y evasión de dólares.
