Se elimina prohibición de lucro: Los beneficios para el Grupo Laureate

Ayer temprano se dio a conocer el comunicado oficial del Tribunal Constitucional, respecto de la votación mayoritaria que declaró como inconstitucional el artículo 63 y 18 transitorio del proyecto de Ley de Educación Superior, que dictaminaba que los controladores de las universidades no podían ser entidades con fines de lucro.

Al mismo tiempo, CIPER publicaba un reportaje en extenso acerca de la notificación que próximamente se le presentará al Grupo Laureate, por infringir gravemente las normas que prohíben el lucro en tres de las 5 instituciones de su red educacional en Chile: Universidad de Las Américas, Universidad Andrés Bello y Universidad de Viña del Mar.

El Grupo Laureate reúne 76 instituciones de educación superior en 27 países, con cerca de 600.000 estudiantes bajo la principal red mundial de universidades privadas. En Chile, además de la UDLA, UNAB y UVM, también son controladores del Instituto Profesional AIEP y Escuela de Danza Moderna de Música y Danza. En total, el Grupo Laureate a través de estas instituciones, imparte 156 programas de pregrado y 77 carreras técnicas y profesionales, entregando educación a más de 173.000 estudiantes.

Requerimiento al Tribunal Constitucional

El 26 de enero la Rectora de la Universidad de Las Américas y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Pilar Armanet (PPD), presentó al Tribunal constitucional el requerimiento que ayer fue aprobado por mayoría. Alrededor de estos días ocurrió también otro hecho: la entonces subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, recibió en su oficina el informe realizado durante 15 meses, por un equipo de expertos del Mineduc, encargados de verificar si las instituciones realizaban lucro.

El informe es contundente: “Es posible concluir que a través de los contratos celebrados entre la universidad y su controlador Laureate se ha incrementado de forma constante e injustificada el patrimonio de este último, lo cual constituye una infracción grave de los estatutos de la corporación universitaria, toda vez que parte considerable de sus ingresos no son reinvertidos en la propia institución para sus fines de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, sino que tienen como destino el aumento de las ganancias de su controlador Laureate International”. Solo aquello ya sería motivo suficiente según la Ley 20.800 para intervenir o cerrar los planteles, decisión que en última instancia pasaría por la subsecretaría de Educación.

Sin embargo, la subsecretaria Quiroga del gobierno de la Nueva Mayoría, firmó unas resoluciones que, si bien no sobreseen a las instituciones, tampoco formulan cargo alguno ¿Entonces? La exigencia que se plantea es que las 3 universidades mencionadas, finiquiten dos de los contratos que mantienen con Laureate en un plazo de tres meses, donde la Superintendencia de Educación Superior debe velar por el cumplimiento de la orden.

Lo contradictorio, eso sí, es que la Superintendencia de Educación Superior aún no está promulgada, es decir, que al finalizar el plazo de tres meses, aquel organismo aún no estará en funcionamiento como para hacer seguimiento de si las resoluciones son o no aplicadas. En definitiva, el cumplimiento de este “castigo en la medida de lo posible”, queda por completo en manos del mismo Grupo Laureate.

Mecanismo de robo

Los tres planteles tienen contratos firmados con sociedades subsidiarias de Laureate. En el caso de la UDLA, que tiene a más de 24.000 matriculados, incluso más que universidades tradicionales como la USACH, tiene dos contratos con Laureate Trademark BV: uno desde 2011 para utilizar las licencias del grupo, donde la UDLA se compromete a pagar US$250 anuales por cada estudiante matriculado. Es decir, al menos US$6,1 millones hasta el 2017. Mientras que el segundo contrato es respecto de la utilización de asesorías administrativas y contables, donde la UDLA se compromete a pagar el 2% de sus ingresos anuales netos.

El informe del Mineduc además establece que el 21% de los gastos y costos de esta universidad, van a parar a las sociedades relacionadas, pertenecientes a Laureate. “Resulta un hecho que el lucro en la educación superior universitaria no se presenta de forma ostensible o burda a través de la distribución de utilidades o excedentes entre los miembros de la corporación educacional, sino que a través de figuras y vías jurídicas que formalmente se ajustan al derecho vigente, pero que desde un punto de vista material y sustantivo tienen por finalidad incrementar el patrimonio de los controladores de la institución universitaria en flagrante detrimento, perjuicio e infracción de los fines estatutarios de dicha corporación”, dice el informe.

Tranquilidad para los empresarios y endeudamiento para los estudiantes

El Grupo Laureate, si bien aún no ha sido notificado acerca de los informes y resoluciones tomadas por la subsecretaría de Educación del gobierno anterior, ha venido realizando algunas declaraciones a raíz de la Ley de Educación Superior.

Hace solo algunos días salían en la prensa los dichos de Eilif Serck-Hanssen, CEO del Grupo Laureate, durante una conferencia con analistas, donde ya advertía que de implementarse la Ley como estaba, se desencadenaría la desconsolidación de sus activos en el país.

Mientras Jean-Jacques Charhon, vicepresidente ejecutivo de Laureate, advertía de lo que podría significar esta nueva regulación en la contabilidad del grupo, “sería básicamente un aumento neto de US$110 millones de deuda”.

De mínima cabe preguntarse si aquellos dichos, durante los mismos días de la primera revisión del Tribunal Constitucional al artículo 63 de la Ley de Educación Superior, tuvieron algún impacto en la decisión final del organismo, que no olvidemos, de sus 10 miembros son 3 designados directamente por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Luego de esta decisión, no solo podrán integrarse entidades con fines de lucro a los controladores de universidades privadas, sino que además, estas tendrán la posibilidad de lucrar (como lo han hecho estos últimos años) con dineros públicos, y así, la beca gratuidad no solo beneficiará a los estudiantes más pobres, sino que además, beneficiará también a los privados.

El peso de los empresarios de la educación

El destape del informe del Mineduc, es solo una muestra del gran negocio educativo que significan las instituciones privadas para los empresarios que invierten dentro del país. Seguramente aquella forma de funcionamiento, lejos de ser una excepcionalidad, es más bien una regla.

En CNN ya decía Camila Vallejos que “en el artículo 65 de la Ley de Educación Superior se señala que toda institución de educación superior no puede lucrar y por lo tanto todo excedente que genere la institución tiene que ser reinvertido en los fines educativos”. El problema, en palabras de Vallejos, es que parte de aquellos “fines educativos”, también se entienden como “celebrar contratos con otras entidades para la inversión. Eso podía dejar la puerta abierta a que se generara una triangulación de fondos para otros fines. Sin embargo, el artículo 63 que es el que elimina el Tribunal Constitucional, impedía que eso pasara”.

En realidad, desde un inicio, la Nueva Mayoría siempre supo que esta Ley era insuficiente para acabar de raíz con el lucro en las universidades, sin embargo, apostaron todas sus cartas a que a través de distintos artículos de la Ley, esto pudiese evitarse. ¿Qué pasó? La derecha actuó ¿Cómo? A través del Tribunal Constitucional, que ya ha sido utilizado en otras ocasiones para poner límites a las reformas que quieren hacerse y que van en contra de sus intereses y los de los empresarios.

La solución estructural al problema de la educación de mercado en Chile, no la encontraremos en los pasillos del parlamento, con lobby y acuerdos. El peso de los empresarios en estas discusiones que afectan directamente sus bolsillos, es el suficiente como para echar por la borda cualquier declaración de buenas intenciones.

La única posibilidad de acabar con el mercado en la educación, pasa necesariamente por la conquista de la gratuidad universal, con un plan nacional de educación superior pública, financiado completamente por el Estado. Pero aquello nuevamente, no lo conseguiremos por la buena disposición de los parlamentarios en el Congreso.

Para lograr aquella demanda estructural, por la que como movimiento estudiantil hemos estado durante años en las calles, la única vía es la de organización y movilización. Con un robustecido movimiento estudiantil, capaz de unificarse junto a otros sectores y movimientos, como las y los trabajadores y las mujeres, sí podemos ser capaces de arrancar de los bolsillos de los empresarios nuestro derecho a la educación. Solo así podremos avanzar a paso firme hacia la gratuidad universal, para todos y todas.