Escala el enfrentamiento en el paro que se acerca a las cuatro semanas de los trabajadores del Registro Civil. Una demanda simple es rechazada por la intransigencia del Gobierno transformándose en un paro duro. Que puede escalar aún más acercándose al inicio de la negociación por el reajuste del sector público que comienza en noviembre.
Viernes 23 de octubre de 2015
La intransigencia del Gobierno
El día comenzó con una provocación del Gobierno. El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy declaró temprano que “uno podría en estos casos llegar a la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado”.
Para agregar leña al fuego, despreció el carácter de trabajadores de los funcionarios del Registro Civil, tratando una demanda histórica, propia, característica de los trabajadores, la mejora salarial y de sus condiciones de trabajo, en la compra-venta de un servicio, cuando dijo que “los servidores públicos deben ser servidores públicos no puede ser esto solo un sistema mercantil, donde uno hace una prestación contra prestación como pasa en la empresa privada”, aludiendo a que estos se deben al país más que a los intereses monetarios.
Y claro, ministros y subsecretarios, así como los parlamentarios, ganan sueldos “reguleques” de 4 o 5 millones de pesos. Y con la externalización, tratan a los trabajadores como prestadores de servicios.
Poco después, el vocero Marcelo Díaz tuvo que aclarar que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado "no es un mecanismo que corresponda en una situación como ésta".
Hay que recordar que ya cargan con un trabajador asesinado por luchar, Nelson Quichillao.
Y recalcó el argumento del ajuste y del ataque, que tiene 18.000 trabajadores mineros despedidos, mientras las empresas siguen haciéndose de multimillonarias ganancias, al agregar que acá “no hay falta de voluntad, hay una disposición limitada de recursos porque el país vive una situación económica compleja".
Para rematarla, la ministra del Trabajo Ximena Rincón dijo que "en la Constitución no existe el derecho a huelga en sector público". La Constitución del ’80, la de Pinochet, la que dicen que quieren cambiar con su proceso constituyente, pero que defienden contra las demandas de los trabajadores.
La respuesta de los trabajadores
Ante la intransigencia del Gobierno, los trabajadores se vieron empujados a endurecer sus medidas.
Por la mañana, funaron algunas de las primeras ceremonias del Acuerdo de Unión Civil.
Más tarde, anunciaron que desde el lunes en ninguna oficina se realizará ninguna actuación, sin turnos humanitarios.
Después, presentaron un recurso de protección por el reemplazo de trabajadores en huelga, que el Gobierno implementó. El mismo que dice querer avanzar a la reforma laboral para terminar con el reemplazo en huelga.
El presidente de la Anef Raúl de la Puente, denunció que "se está instruyendo para que funcionarios públicos realicen trabajos que son del Registro Civil en huelga", lo que calificó como una "práctica antisindical".
Aunque no llamó a ninguna movilización.
La CUT por su parte, en su reunión con Bachelet, presentó las demandas de los trabajadores. Y solo se limitó exclusivamente a eso.
La posibilidad de una convergencia con el inicio de la negociación por el reajuste del sector público, abre un flanco de confrontación con los trabajadores aún mayor. El intento de las dirigencias nacionales de la CUT y la ANEF de evitarlo, aleja la posibilidad de impedir el argumento del ajuste y el ataque a los trabajadores. La necesidad de que lo imponga la base, abre la posibilidad de revertirlo, y unirlo a la lucha contra los despidos en la minería, el sector de trabajadores más afectado hasta el momento.
