En el Senado mexicano todo apunta a que voten hoy a Eduardo Medina Mora para ocupar un puesto vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien fue uno de los responsables de la salvaje represión de San Salvador Atenco en 2006.
Miércoles 11 de marzo de 2015
Con el fallecimiento de Sergio Armando Valls Hernández el pasado 3 de diciembre de 2014, se produjo una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuyo gobierno enfrenta una crisis de credibilidad desatada a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de otros tres, junto a tres civiles, vio una oportunidad para postular funcionarios afines a su política para la SCJN.
La terna que propuso el mandatario está integrada por los magistrados federales Horacio Armando Herrera Orozco y Felipe Alfredo Fuentes Barrera y por el ex procurador General de la República y actual embajador en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora.
El nombre que suena más fuerte es el de este último. Y aunque el conjunto de la terna fue cuestionado, Medina Mora es quien se lleva el premio al funcionario más siniestro.
La justicia de los ricos contra los mineros de Pasta de Conchos
En febrero de 2006, una tragedia conmovió a México. Varios túneles de las minas de Pasta de Concho, en Nueva Rosita, Coahuila, pertenecientes al Grupo México, se derrumbaron. Fallecieron 65 mineros y 13 resultaron heridos. Hasta el día de hoy no se han recuperado los cuerpos.
Medina Mora era entonces titular de la Procuraduría General de la República. Obstruyó la investigación que debía llevarse a cabo sobre Germán Larrea, dueño de Grupo México, la misma empresa que contaminó el año pasado el río Sonora, así como obstaculizó el rescate de los cuerpos de los trabajadores fallecidos. Así lo denuncia la Organización Familia Pasta de Conchos, en el artículo “México: Eduardo Medina Mora obstruyó la justicia en el caso Pasta de Conchos”.
Medina Mora, jefe de la represión en San Salvador Atenco
En mayo de 2006 tuvo lugar un violento operativo represivo contra los pobladores de San Salvador Atenco que se oponían a la construcción de un aeropuerto en la zona.
Militares y policías, por orden de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y de Eduardo Medina Mora, arremetieron contra el pueblo. El saldo: la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad; la expulsión de cinco extranjeros y las agresiones sexuales contra 26 mujeres, todos ellos y ellas activistas sociales.
Aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a reconocer que hubo graves violaciones a los derechos humanos, el hecho continúa impune.
Ocultamiento de datos de la llamada “guerra contra el narco”
En su gestión como Procurador General de la República entre 2006 y 2009, Eduardo Medina Mora negó entregar información al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre las acciones llevadas a cabo durante la “guerra contra el narco” emprendida por Felipe Calderón con el aval del gobierno estadounidense.
Aunque se estima que sólo durante el sexenio de Calderón hubo más de 121 mil muertos, y por lo menos 30 mil desaparecidos, la acción de Medina Mora puso un candado a la posibilidad de contar con datos oficiales: la información es clasificada.
Según se informa en el artículo “Medina Mora: a los amigos no los investiga nadie”, de Linaloe R. Flores, publicado en el portal Sin embargo.mx, en el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, la información está clasificada hasta el 2020.
También se dice que estuvo al tanto de la operación “Rápido y Furioso” de tráfico de armas entre Estados Unidos y México.
Un nuevo escándalo para Peña Nieto
El nombramiento de Medina Mora, que se realizará gracias a un acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), ratifica la descomposición de la “democracia bárbara” mexicana. Desnuda los lazos indestructibles entre el poder ejecutivo y el poder judicial, que gobiernan para los ricos.
Su postulación al cargo atrajo críticas de un amplio espectro de la sociedad mexicana. Desde el derechizado Partido de la Revolución Democrática (PRD), académicos, luchadores sociales hasta estudiantes indignados repudian su nombramiento.
Medina Mora es representante de los intereses de los empresarios, del imperialismo y del decadente régimen de dominio que impera en México: la corrupta alianza del PRI-PAN-PRD, coludidos con el narco y con las trasnacionales para golpear a los trabajadores y al pueblo mexicano con la aplicación de las reformas estructurales.
