El decreto fue puesto en marcha desde el 14 de enero pasado. Con la nueva extensión por quinta vez se cumplirá un año manteniendo al país bajo el Estado de excepción y el de Emergencia económica.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Martes 15 de noviembre de 2016
Desde que lo lanzó por primera vez, Maduro argumentó que “necesita poderes especiales” para luchar contra una supuesta "guerra económica" de empresarios y “contra la derecha”. Esta vez arguye que lo extiende "para seguir gobernando y enfrentando la situación económica y apoyando a nuestro pueblo".
Pero a lo largo de todo este año ni ha servido para enfrentar la supuesta “guerra económica” y mucho menos para enfrentar a la derecha. Muy lejos de “apoyar a nuestro pueblo”, lo que se ha visto es en verdad la aplicación de un conjunto de medidas y ajustes económicos que ha implicado que el fardo de la crisis siga recayendo sobre el pueblo y los trabajadores.
Menos ha servido para enfrentar a los empresarios, pues las medidas económicas han estado bien acorde a las necesidades empresariales y de las transnacionales como se ha visto con la megadevaluación de la moneda, la liberación de precios, la bonificación del salario, el pago religioso de la deuda externa, entre otras. En lo que dice respecto con la derecha, más bien ha terminado avanzando en firmar acuerdos políticos, que tienen un carácter profundamente antipopular y antiobrero, en el marco de la búsqueda de un reordenamiento político que es funcional a los intereses materiales y políticos tanto de los partidos mayoritarios, de los sectores económicos dominantes y hasta del propio imperialismo.
En concreto estos decretos no han servido ni servirán para combatir el desabastecimiento, la escasez, ni detener las maniobras de los empresarios que fugan capitales o especulan, porque está al servicio de justificar la desastrosa orientación actual y buscar un pacto con la burguesía en nombre de un “nuevo modelo productivo”, y que en los últimos meses se ha venido avanzando con acuerdos con los sectores empresariales como se ve en el “Consejo Nacional de Economía Productiva”.
Las constantes extensiones del “Estado de excepción” que viene realizando el gobierno lleva al país a vivir de manera permanente bajo una situación que implica la pérdida de garantías democráticas. Es que la incorporación de estas figuras de “excepción”, aunque se haga con el pretexto de un supuesto “golpe de Estado” o “contra la derecha”, condiciona las libertades públicas y amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, apunta a reforzar el control social ante el malestar popular que puede llevar a explosiones sociales, así como contra los paros y luchas de los trabajadores, justificando una mayor “militarización” de las zonas populares, la “criminalización de la protesta obrera y popular" y, si lo considera necesario, la represión.
Este es el contenido de lo que extiende Maduro por quinta vez por 60 días más una norma que debe ser enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación, aunque el Legislativo ya la ha rechazado en sus anteriores extensiones. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en todas las anteriores oportunidades la constitucionalidad del decreto que, según ha venido sosteniendo, responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos e instituciones "de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país".
Como hemos escrito desde que entraron en vigencia por primera vez estos decretos, si se trata de enfrentar realmente a la derecha empresarial y proimperialista, entonces el pueblo trabajador necesita las más amplias libertades democráticas, para discutir, organizarse y movilizarse, sin restricciones desde el poder. Demás está decir que la oposición de los socialistas revolucionarios no tiene nada que ver con el punto de vista de la oposición, que muy bien siempre aplicará Estados de “excepción” para reprimir estallidos sociales o las huelgas y tomas de fábrica por los trabajadores, como ya lo ha hecho en otras épocas.
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control de la Asamblea Nacional, así como de “bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento”, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. Así como la suspensión de sanciones contra funcionarios de alto rango del Gobierno que puedan venir por parte de la Asamblea Nacional. Maduro también dispone de atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas- cualquier acción en el marco de lo que llama “la emergencia económica”.
El decreto lo que busca es fortalecer los aspectos más bonapartistas, es decir autoritarios, del gobierno, algo opuesto a los intereses de los trabajadores y el pueblo, y así lo denunciamos en su momento. Maduro pide más poder para que “el gobierno se defienda y defienda al país”, pero lo que los trabajadores necesitan para derrotar todo avance reaccionario, venga de donde venga, y defender sus intereses, son las más amplias libertades democráticas, de organización y movilización, algo que el gobierno ya viene retaceando.
Hasta la fecha los poderes especiales que ha pedido Maduro en nada han servido para solventar la profunda crisis económica que se vive, y menos aún para evitar que sea el pueblo el que siga sufriendo lo peor de esta situación agobiante, y más aún, cuando se disponen a luchar están maniatados por estos decretos y demás leyes que cohíben y cercenan derechos elementales para protestar. Hay que luchar para tirar abajo estos decretos que solo sirven para implementar los planes económicos, favorecer a los empresarios y contra los trabajadores.
