“Mientras las escuelas se caen a pedazos, Piñera prefiere gastar plata en guanacos.” Así gritan las trabajadoras de la educación en las calles de Antofagasta, poniendo en evidencia una verdad que cada vez es más evidente. Se trata ya no de los insuficientes aportes del Estado a la cultura, la ciencia y la educación, sino que cómo estos sectores son los favoritos a la hora de hacer recortes y reasignación de fondos.
Domingo 6 de diciembre de 2020
En una minuta elaborada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) muestra como el gobierno se prepara para enfrentar la situación económica del país. Con un recorte presupuestario en el 66% de sus programas para el año 2021.
El recorte a la subvención escolar es grave, son -130123 millones que afecta de manera directa a la educación pública. La subvención es el principal recurso fiscal del que depende el funcionamiento de las escuelas. La envergadura de este recorte abarca desde el sueldo de los trabajadores de la educación, hasta el pago de los servicios básicos de cada escuela.
Con una educación pública en crisis que ha sido desmantelada paulatinamente durante los últimos años es incomprensible imaginar que para el gobierno sea un sector que haya que desfinanciar. Sobre todo tomando en cuenta la insistencia del Ministro Figueroa de volver a clases. ¿Sabrá el gobierno que antes de la pandemia difícilmente se podía contar con jabón en los baños de las escuelas? ¿O que las salas están sobrepobladas gracias a que el sistema de financiamiento por subvención obliga a las escuelas públicas a aumentar la matrícula para obtener los recursos necesarios?.
Si lo saben pero la calidad de la educación no es una prioridad para el gobierno. Así queda en evidencia con la reducción de recursos en educación mientras se sigue invirtiendo desproporcionadamente en elementos represivos.
Parte de la justificación de los recortes para ciertos programas es que estos estaban mal evaluados o habría problemas de monitoreo. Lamentablemente esto no aplica para Carabineros que cuenta con 1595 millones, pese a los millonarios robos de la institución, las reiteradas violaciones a los derechos humanos, los montajes y obstrucciones a investigaciones y los escándalos y sonados casos de consumo de drogas, parece que en Chile es más importante comprar lacrimógenas que la nutrición de la infancia, se destinarán 2.125 millones de dólares para fortalecer los organismos represivos el año 2021, incrementando incluso el presupuesto para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la misma encargada de perseguir dirigentes sociales dando cuenta de una clara e injustificada persecución ideológica.
Queda claro que, pese a que el gobierno busca destacar el fortalecimiento de programas como: la gratuidad universitaria, el ingreso mínimo garantizado, el aporte previsional solidario entre otros. Lo cierto es que el recorte desmantela aún más programas que ya actualmente sufren por la falta de financiamiento.
Estas decisiones políticas y económicas están tomadas por un régimen que se desentiende de las necesidades de las y los trabajadores, las mujeres, los adultos mayores, la infancia o la juventud. Y lo hace para cuidar las ganancias de los grandes magnates empresariales que dominan el país, manteniendo y profundizando la desigualdad al mismo tiempo que invierten en elementos represivos para aplastar las posibles rebeliones sociales.
