Congreso Nacional. Se frenó en el Congreso la ley de alquileres: millones de inquilinos sin respuesta

La oposición se negó a tratar el proyecto porque el dictamen no cumple con el requisito de estar firmado hace siete días. A continuación las claves de la norma.

Jueves 4 de junio de 2020 15:31

Este jueves en el Senado Juntos por el Cambio y los bloques federales bloquearon el tratamiento del proyecto de ley de alquileres porque no pasaron los siete días reglamentarios desde el dictamen.

Gervasio Muñoz, Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, tuiteó “no hay ley de alquileres. La oposición no dió los votos y el oficialismo fue profundamente desprolijo en el tratamiento de una ley muy sensible. La semana que viene, quizás, será la segunda oportunidad”.

El proyecto fue aprobado en Diputados en noviembre del 2019. La norma apunta a regular las relaciones entre propietarios e inquilinos y cuenta con el apoyo de organizaciones que nuclean a estos últimos.

A continuación las claves del proyecto:

El plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años, en vez de dos.

El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser realizado y publicado mensualmente por el Banco Central.

El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el ABL y ARBA- ni el pago de expensas comunes extraordinarias.

No se le podrá exigir al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes; y el importe del depósito de garantía no podrá ser superior al equivalente al primer mes de alquiler.

Los inquilinos podrán hacer los arreglos y descontarlos del alquiler.

Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: aval bancario, seguro de caución, título de propiedad inmueble, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario).

El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.

El locador deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.

Para la resolución de conflictos, el proyecto establece que deberán crearse en el ámbito público de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo.

Déficit habitacional

El proyecto representa una mejora en las condiciones en la que los inquilinos deben alquilar, una norma que viene siendo boicoteada por los grandes grupos inmobiliarios y que considera los reclamos que plantearon las asociaciones de inquilinos.

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Gervasio Muñoz, Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, afirmó que “luchamos mucho para que se convierta en ley el proyecto de alquileres” y aseguró que las inmobiliarias ejercerán presión para no cumplir con la implementación de la ley en caso de aprobarse, en declaraciones a AM750.

La situación de los inquilinos empeoró con la crisis. Desde Inquilinos Agrupados señalaron que “la situación de los/as inquilinos/as se ve claramente agravada mes a mes, por los efectos económicos de la pandemia en sus vidas. Para lo que será el pago del alquiler de Mayo, un preocupante 59 % de los inquilinos no podrá hacer frente a este gasto, lo que respecta una suba de casi 17 % comparado con el mes de Abril, donde el 42,1 % no podía pagar”.

Este proyecto no resuelve el problema estructural de la vivienda. Se calcula que son más de 3 millones de familias las que tienen problemas habitacionales en Argentina. Esta situación es más grave con la pandemia donde millones de familias viven hacinadas, sin agua corriente o directamente sin techo.

En este sentido el proyecto del Frente de Izquierda de impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que el Congreso se negó a tratar, propone construir con lo recaudado 100.000 nuevas viviendas.