Los preparativos para realizar la consulta popular el próximo 1 de agosto han comenzado, sin embargo, el INE ha anunciado que de 104 mil mesas solo se colocarán 59 mil.
Martes 29 de junio de 2021
Sin duda, hay cierto interés ante la propuesta de López Obrador de enjuiciar a los expresidentes, como Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, con el supuesto objetivo de “hacer pagar” a estos personajes la corrupción y los crímenes que cometieron durante su mandato. Basta recordar los negocios de Peña Nieto que se destaparon con el tema de la Casa Blanca, el caso García Luna y su relación con el narcotráfico o los sobornos del grupo Odebrecht que recibieron funcionarios y legisladores tanto del PRI como del PAN, entre otros.
Sin embargo, esta exigencia de justicia no puede limitarse al mero discurso de llamar a confiar que “por la vía institucional” se logre que paguen sus crímenes los expresidentes.
En lo que va del sexenio morenista se han ventilado mediáticamente diversos casos de acusaciones judiciales que mantienen pendientes su procesamiento penal, algunos encarcelamientos temporales, como los de Emilio Lozoya y Carlos Ancira fueron saldados con "acuerdos de colaboración" e incluso la prisión y estancamiento procesal de Rosario Robles. Sin olvidarnos del caso del general Cienfuegos, exonerado por acuerdo entre los gobiernos de AMLO y Donald Trump. A los grandes beneficiarios de la corrupción bajo el manto del PRIAN, les ha ido bastante bien, según parece, entonces ¿Por qué esperar que bajo el gobierno de AMLO sean enjuiciados sus antecesores?
Sin embargo, el INE, congruente con lo que hemos visto en lo que va del sexenio amloísta, en que se ha destacado como férreo aliado de la oposición Prianista y de sus campañas virulentas, ya ha anunciado que colocará apenas poco más de la mitad de las mesas que deberían instalarse. Y es que, más allá de la deferencia amloísta ante los criminales de cuello blanco amparados por el Estado, sabemos que la justicia está hecha para los poderosos.
Así como en otros tiempos salieron libres el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl, quien estaba vinculado al narcotráfico o Elba Esther, quien es hoy aliada de la 4T, también es de esperarse, no sólo que los ex presidentes pueden comprar jueces, fiscales y no recibir el castigo que merecen sino que el mismo Estado que los que los "acusa" les brinde una salida, como ya se la ofreció a Lozoya y Ancira. No hay que confiar en la "legalidad" de los ricos, hay que confiar en la fuerza de la movilización de los sectores populares y de trabajadores.
Mientras que para el INE la consulta será la “más grande de la historia”, para legisladores oficialistas como Fernández Noroña, este instituto estaría intentando boicotear el ejercicio, no obstante, lejos de llamar a la movilización ─opción denegada por AMLO dado que se comprometió a ello para ganarse la confianza de "los de arriba" y que posteriormente se le permitiese llegar al poder─ pareciera que confían en que la consulta “va”.
Claramente el impulso de esta iniciativa de consulta popular, es un punto de apoyo para López Obrador pues puede canalizar así el hartazgo a décadas de políticas antipopulares de los gobiernos anteriores (según algunas encuestas el 78 por ciento de la población estaría a favor de enjuiciar a los exmandatarios). Por ello es que Vicente Fox y otros personeros del PRIAN han salido a llamar a que no se participe en este ejercicio, tienen miedo de que en las masas se tomen en sus manos esta tarea democrática.
Lo cierto es que, aunque es cierto que nunca se habría realizado una consulta federal a esta escala, la legalidad burguesa es un campo minado donde solamente es posible doblegar la voluntad de los poderosos y dar cauce a los reclamos de las mayorías si se manifiestan activamente en las calles.
De lo contrario, aún cuando la consulta fuera masiva y millones se expresen positivamente por el juicio a los corruptos, estos procesos se convertirán en procesos eternos donde los funcionarios del régimen ─como lo han demostrado la paralización de las iniciativas amloístas con el poder judicial a la cabeza─ defenderán a sus amigos ex presidentes sin que se haga realmente justicia. AMLO también, seguramente, pero los magros resultados de la elección intermedia en los centros urbanos, le obliga a retomar un discurso más beligerante de cara al 2024.
Confiar en la fuerza de la clase obrera, construir una alternativa política de los trabajadores para enfrentar a las instituciones de esta democracia para ricos donde el árbitro está lejos de ser neutral, es la única forma de lograr nuestras demandas y terminar con esa lacra que hoy integra la casta política, no solo del PRIAN, sino también de un Morena lleno de ex priistas cuyo principal aliado es el corrupto Partido Verde.
