En su semanario Desde la Fe del 2 de julio, la Arquidiócesis Primada de México aprovecha los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016 para dotar de sustento estadístico sus reaccionarias declaraciones en torno a la reciente legalización del uso científico y medicinal de la cannabis. Esta Encuesta refleja un incremento del 25% en el consumo de varones y del 105% en mujeres.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 5 de julio de 2017
Según la Arquidiócesis, “México aún no está preparado para impedir que la corrupción e impunidad del comercio ilegal en el mercado negro hagan de esta veta un lucrativo negocio”. Pero las drogas en México ya son un lucrativo negocio y junto a otras "mercancías" comercializadas por el crimen organizado como las armas, órganos y personas, constituyen el principal ingreso económico del país.
Para la Iglesia católica, la reciente aprobación del uso medicinal de la cannabis “abre las puertas a las adicciones”. Pero la realidad es que la ilegalidad de las drogas no garantiza en lo más mínimo que el consumo sea más restringido -ya no digamos que disminuya-. Tampoco dificulta encontrar puntos de compra venta de sustancias como bien demuestra las encuestas oficiales que señalan que del 2011 al 2016, el uso de drogas ilegales entre jóvenes se duplicó aún cuando la distribución, traslado, portación y compra-venta de drogas está prohibida en todo el país.
Lo que sí hace la ilegalidad es volver todo el circuito de producción, distribución y consumo de drogas un juego de azar donde la vida está en riesgo permanentemente al exponer a productores y consumidores al fuego cruzado entre cárteles y las fuerzas represivas del Estado, y a la criminalización del consumo.
Como decimos aquí, dos de cada tres consumidores de marihuana han sido extorsionados por la policía, 60% de las sentencias por delitos contra la salud el 80% están relacionadas con la marihuana y 4 de cada diez presos por drogas están encarcelados por portar dosis para el consumo individual menores a $500.
Queda claro que lo que se persigue en este país desde hace una década con la “guerra contra el narco” es el consumo y a los consumidores, no a los grandes capos de la droga que se vuelven millonarios con los altos costos que genera la ilegalidad, ni a los políticos y empresarios corruptos que se asocian con el crimen organizado para blanquear sus millones y hacer jugosos negocios.
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La Iglesia católica contra los jóvenes
Anteriormente, el ex cardenal Norberto Rivera (que recientemente renunció entre acusaciones por encubrir pederastas), había cuestionado la propuesta de legalización de la marihuana sosteniendo que significaría la “legalización de un problema”.
Como si la regulación que implica la legalización significara legalizar la portación de armas, la pelea violenta por plazas, el blanqueo de dinero ilegal, el trabajo a destajo y los métodos de trabajo forzado y esclavo que viven productores de marihuana y amapola. La legalización significaría todo lo contrario si va acompañada de un programa que ataque los bolsillos de la burguesía que opera en la economía legal e ilegal, de los capos y empresarios que se enriquecen con la prohibición y que hoy están detrás de la legalización medicinal como las grandes farmacéuticas.
No contentos con la alianza reaccionaria que impulsan desde la Iglesia y la ultraderecha mexicana mediante un discurso que patologiza a la comunidad LGBT+ y se opone activamente a derechos como el matrimonio igualitario o al aborto, nuevamente buscan atacar con estas declaraciones nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sumándose a la estigmatización y criminalización de quienes consumen.
Su doble moral conservadora les permite ladrar rabiosamente contra homosexuales, lesbianas y consumidores mientras practican orgías y consumen drogas (que deben ser ilegales según la Iglesia) dentro del Vaticano. Por eso mismo pueden pregonar una preocupación ante la “falta de valores” que genera descomposición y violencia -llevando al consumo de drogas-, mientras enarbolan un discurso homolesbitransfóbico y de odio, se codean con genocidas y corruptos y bendicen empresarios que se mantienen en la riqueza a costa de la miseria de millones de trabajadores.
No a la militarización, sí a la legalización
La moral que les preocupa proteger no es la nuestra, la de las mayorías. Por eso exigen humildad y viven entre la opulencia. Por eso exigen sumisión y acompañan enérgicamente las medidas represivas del Estado. Por eso se “preocupan” de la situación de violencia en el país pero ocultan que la violencia se desató producto de la política del régimen mexicano -subordinada a los intereses estadounidenses- que sacó el ejército a las calles.
Pero nosotros no olvidamos Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato ni Nochixtlán, ni a los normalistas caídos, ni a los maestros desaparecidos, ni a los periodistas asesinados ni a las miles de mujeres víctimas de feminicidio. Por eso repudiamos que la Iglesia sostenga que la mayoría de las muertes violentas han sido causadas por criminales, no por la policía o el Ejército. Y exigimos la desmilitarización inmediata del país junto a la legalización de todas las drogas, para frenar la violencia y cortar los vínculos de las fuerzas represivas con el crimen organizado.
A la par de la legalización, exigimos que el Estado debería implementar programas públicos de salud y atención para quienes sufren efectos nocivos en el cuerpo debido a la dependencia de dichas sustancias, para que cuenten con asesoría profesional y dosis reguladas y de calidad que sean distribuidas en los centros de salud. Esto requiere que se distinga entre el consumo y la adicción, abandonando todo tipo de prejuicios -basados en la moral burguesa- que estigmaticen y criminalicen a consumidores y adictos.
Alertamos que la Iglesia utiliza también un argumento que se ampara en un problema de “salud” (la “preocupación” frente al aumento de adicciones) para ocultar un problema de clase, pues la ilegalidad de las drogas afecta sobre todo a los jóvenes de los sectores populares y de la clase trabajadora, que son los que tienen que enfrentarse a sustancias adulteradas, de menor calidad, y quienes exponen su vida obteniéndolas de manera ilegal.
La Iglesia católica, su aparato religioso y su Arquidiócesis son el principal sostén de esa moral conservadora ligada a las clases dominantes que quiere meterse en nuestros cuerpos para garantizar un mayor control y sumisión.
Repudiamos sus deplorables declaraciones contra la legalización, contra toda lucha contra el gobierno, contra los derechos de las mujeres y contra la comunidad LGBT+.
