Se trata del libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el Terrorismo de Estado, elaborado por cuatro instituciones entre ellas FLACSO y el CELS. Miembros del equipo de investigación nos hicieron llegar una breve reseña del trabajo.
Sábado 5 de diciembre de 2015
El jueves 3 de diciembre se presentó a sala llena en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina) un nuevo libro que estudia la responsabilidad que tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. El trabajo se ubica en el campo de las investigaciones sobre las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado y analiza el rol de los cuadros empresariales (dueños, miembros de dirección y otros jerárquicos) en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras. Este informe es el resultado de un esfuerzo compartido por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el CELS, y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
El colectivo de trabajo, compuesto por abogados, historiadores, sociólogos y antropólogos, funcionó durante un año y medio aproximadamente, en dos instancias conectadas: una mesa de coordinación y un equipo de investigación. La presentación en FLACSO contó con la participación de Horacio Verbitsky (Presidente del CELS), Eduardo Basualdo (Área de Economía y Tecnología de FLACSO), Martín Fresneda (Secretario de Derechos Humanos) y Elizabeth Gómez Alcorta (Programa Verdad y Justicia), y de una multitud que superó ampliamente la capacidad de la sala.
El libro contiene 22 informes donde se investiga a las siguientes 25 empresas: Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma, La Fronterita y Concepción (NOA); Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago y Petroquímica Sudamericana (cordón industrial del conurbano sur bonaerense); Grafa, Ford, Mercedes-Benz, Lozadur y Cattáneo, astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca y Acindar (cordón industrial del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe); FIAT (zona Centro); Las Marías (NEA); y Loma Negra y La Nueva Provincia (interior de Buenos Aires).
Actualmente, casi todas estas empresas están siendo investigadas judicialmente, con distintos tipos de estado y alcance. Algunas causas tienen imputados a dueños o cuadros empresariales, al tiempo que en otras los imputados son militares.
También existen causas que incluyen casos de obreros víctimas de delitos de lesa humanidad como parte de un cuerpo de víctimas más numeroso y heterogéneo. Actualmente, el caso más avanzado contra un empresario es el de La Veloz del Norte de Salta, cuyo ex dueño, Marcos Levín, se encuentra enfrentando el juicio oral y público.
En lo que se refiere a las principales conclusiones extraídas, se señala que un sector del empresariado en el país adoptó un conjunto de prácticas represivas contra los trabajadores de sus establecimientos, y el análisis de este conjunto de casos permite detectar los puntos de contacto de una estrategia represiva común. Estas prácticas, tanto por sus características propias como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado, al vincularse con los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores, se configuran como delitos de lesa humanidad.
El análisis a lo largo del informe muestra que la represión contra los trabajadores se realizó dentro y fuera de los establecimientos laborales, a partir de la combinación del accionar militar y del accionar empresarial, dejando ver la constitución de una alianza represiva. Algunos términos de esta alianza fueron asimismo expresadas en directivas del Ejército, donde éste pretendía distribuir roles, métodos y objetivos represivos. Si bien los análisis confirmaron la responsabilidad de las fuerzas armadas en la concepción y ejecución del plan sistemático de exterminio, el análisis de los casos seleccionados puso de manifiesto que existieron al mismo tiempo roles muy relevantes por parte de sectores empresarios, aportando recursos logísticos, informativos, financieros y materiales, además del hecho extremo de la existencia de centros de detención o lugares transitorios de tortura dentro de las plantas, entre otras prácticas. La variedad, gravedad e impacto de este accionar empresarial y su centralidad para la tarea represiva volvió insuficiente el uso de términos como “complicidad” o “colaboración”, que denotan un papel complementario o subsidiario respecto de una acción desarrollada por otro actor. A partir del análisis de esta evidencia los autores optaron por señalar que existe una “responsabilidad empresarial” respecto de estas políticas represivas.
En los hechos represivos analizados se identificaron figuras empresariales como capataces, jefes de áreas claves, como Seguridad y Vigilancia, Relaciones Industriales o Laborales y Personal, pero también jerárquicos en cargos ejecutivos más importantes, como jefes de Producción o superintendentes de fábrica, e incluso, en algunos casos, miembros de directorio, accionistas o dueños de empresas. Esta represión localizada persiguió el objetivo de disciplinar a la fuerza de trabajo y refleja la preocupación por revertir dos procesos: la alteración del “orden productivo”, la indisciplina y la pérdida de autoridad de empresarios en el ámbito de la producción; y la acumulación de derechos conquistados por los trabajadores que afectaban los costos, los ritmos de producción y la productividad. Estos procesos fueron revertidos en gran medida, en paralelo a numerosos beneficios que obtuvieron las empresas en el ámbito de los negocios, aunque no todas las empresas analizadas –por distintas razones- demuestran en el corto, mediano y largo plazo, un desempeño positivo.
Las principales prácticas empresariales represivas encontradas fueron las siguientes:
Secuestro de trabajadores en las fábricas y despido o retiro forzado de obreros activistas (88%); Entrega a las fuerzas represivas de información privada de los trabajadores y listas de delegados (76%); Presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%); Oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%); Agentes de inteligencia infiltrados (60%); Operativos militares en los predios fabriles (56%); Cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas (52%); Habilitación de instalaciones para el asentamiento de fuerzas represivas (48%); Aportes económicos a las fuerzas represivas (48%); Uso de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro (40%); Control militarizado del ingreso a la planta fabril (40%);
Amenazas de directivos con el uso de la fuerza represiva (36%); Pedidos de detención de parte de directivos (36%); Pedidos de intervención militar en conflictos (32%); Secuestros de trabajadores en el trayecto entre la empresa y el trabajo (32%);
Agencias de seguridad en las empresas (32%); Centros clandestinos de detención en establecimientos de la empresa (24%); Control militarizado de la producción (16%); Retención y tortura en espacios de la fábrica (16%).
Resulta importante señalar que la detección de un tipo de práctica en una empresa depende de las fuentes a las que hemos podido acceder, de manera que su no identificación, en determinados casos, no implica su inexistencia.
A lo largo de esta investigación, para el conjunto de las 25 empresas analizadas, se identificaron casi 900 trabajadores que resultaron víctimas del terrorismo de Estado. 354 víctimas están desaparecidas, 65 fueron asesinadas y más de 450 sufrieron formas diversas de represión y fueron luego liberadas. La mayoría eran trabajadores/as y ex trabajadores/as de las empresas analizadas al momento de los hechos. Entre los últimos, fueron incluidos quienes participaron de los procesos de conflicto y organización obrera hasta los últimos tiempos antes de iniciada la dictadura y fueron despedidos o debieron renunciar a raíz de la represión y para preservar su seguridad. También fueron incluidos casos “conexos”, tratándose de personas que sufrieron la represión a raíz de su vinculación con trabajadores o ex trabajadores o distintas formas de conexión con la empresa, pero no tenían un vínculo laboral. En 5 de los casos existieron entre 60 y más de 100 trabajadores víctimas de la represión: Astillero Río Santiago, Dálmine-Siderca, Acindar, Ingenio Ledesma y FIAT. En otros 5 las víctimas fueron entre 30 y 40, al tiempo que en otras 14 empresas existieron entre 10 y 30 trabajadores víctimas. Una sola empresa de este conjunto analizado, el taller gráfico de La Nueva Provincia, tuvo 2 trabajadores víctimas.
En lo que se refiere a las fuentes utilizadas, se partió del análisis de la prueba acumulada durante la investigación de la Conadep y el Juicio a las Juntas, y de evidencias surgidas de causas y juicios de mayor actualidad. También, de un arraigado cuerpo de estudios sobre el terrorismo de Estado y de contribuciones específicas sobre los casos seleccionados en esta investigación. En términos de archivos, se consultaron: Archivo Nacional de la Memoria, Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, Archivo General de la Nación, CISEA-CESPA (FCE-UBA), Archivo del CELS, Fondo de documentación y series estadísticas del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Fondo Secretaría General de la Junta Militar (Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea del Ministerio de Defensa de la Nación), Centro Documental del Museo de la Memoria de Rosario y Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI), entre otros repositorios específicos. A estas fuentes documentales escritas se sumó un amplio arco de fuentes orales conformado por entrevistas realizadas específicamente para este proyecto y otras realizadas previamente, algunas de ellas disponibles en Memoria Abierta.
En suma, el libro partió de la necesidad de combinar los análisis políticos con los económicos y sociales, para dar cuenta de procesos históricos de gran complejidad. Como escala de análisis, la investigación se centró en los estudios de casos de empresas para hacer foco de forma privilegiada en el proceso represivo desatado sobre los trabajadores y el rol de los cuadros empresariales. En término de selección de casos, se ha buscado la mayor heterogeneidad posible en términos geográficos y de actividad económica. En cuanto al abordaje y método de exposición, cada informe se encuentra organizado en cuatro grandes apartados: trayectoria empresarial, proceso de organización y conflictividad sindical, proceso represivo y análisis de las formas de la responsabilidad empresarial en la represión.
Un primer objetivo principal de este trabajo fue aportar al proceso de justicia, por lo cual se entregó el informe a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, buscamos cumplir con las obligaciones del Estado, de asegurar y garantizar el acceso y producción de información vinculada con graves violaciones a los derechos humanos, considerando que el conocimiento sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado es parte central del derecho a la memoria y a la verdad de las víctimas y de toda la sociedad. Además de convocar a aportes y contribuciones adicionales de todos aquellos que se hayan visto involucrados en este tipo de procesos, se buscó articular esta investigación con la creciente preocupación nacida en los ámbitos internacionales por denunciar, investigar, sancionar y colaborar a evitar el involucramiento de empresas en violaciones a derechos humanos en distintas partes del mundo.
Los dos libros están disponibles para su descarga libre y gratuita en el sitio de Infojus:
