Nuevo gobierno. ¿Se puede quedar bien con el FMI, la UCCAEP y además “resolver” la informalidad y precarización del trabajo?

La Encuesta Continua de Empleo (ECE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada en marzo de 2022 estimó que el trabajo informal alcanza el 45,7% de la población ocupada en el país, lo que serían unas 966.000 personas. Afirman que dicho índice se ha mantenido “estable” recientemente.

El INEC considera que el trabajo informal es en el que se cumplen algunas condiciones, bajo la categoría dependiente: tener salario pero no seguro social otorgado por la patronal, recibir pagos en especie o una única vez, “ayudantes” no remunerados, y bajo la categoría independiente: trabajado por cuenta propia y empleadoras con empresas no constituidas en sociedad, trabajo por cuenta propia ocasional.

Como se ve, ésto no necesariamente toma en cuenta a las miles de personas que trabajan para empresas multinacionales como Uber en calidad de “asociados”, los contratos temporales, por servicios profesionales y demás mecanismos de precarización del trabajo que afectan a sectores de masas tanto en el sector público como el privado. Pero si se trata de una porción muy significativa de la clase trabajadora, pues se extiende por distintas ramas productivas y regiones.

En ése marco es que hay que ubicar las declaraciones de Marta Eugenia Esquivel sobre la informalidad y precarización del trabajo. Además hace falta ver sus “credenciales” (que como el resto del gabinete no indica novedad alguna pues se trata de personal con experiencia en la administración del estado como lo conocemos)o, mejor dicho, su capital político.

Años de experiencia en derecho laboral, claro está, llevando adelante la política del estado para fortalecer su vínculo con los empresarios y facilitar sus negocios. En específico en el Carmen de Siquirres, vinculada a fincas del sector bananero desde la zona de Sarapiquí hasta Sixaola donde participó de negociaciones de contratos colectivos. Las condiciones de las y los obreros bananeros son conocidas, por lo que ésta experiencia deja claro qué se puede esperar de su próxima gestión.

No es extraño que tenga posturas que pretenden enfrentar a un sector de trabajadores contra otros, la clásica fórmula de “públicos contra privados”. En ese sentido, sobre la Ley Marco de Empleo Público comentó a la prensa: “Yo creo que el país se mueve hacia una política más enfocada a la igualdad, que nos perdimos en algún tiempo con la emisión de pluses, que en su momento era la justificación para no aumentar salarios bases y bueno, realmente no es culpa de los trabajadores ese desfase; pero había que poner una condición para poder generar una especie de equilibrio de esas asimetrías tan importantes que se habían generado salarialmente”.

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A simple vista se puede incluso tener acuerdo con que “no es culpa de los trabajadores”, el peligro está cuando afirma que la igualdad salarial tiene que ver con reducir el salario de un sector, no de las jefaturas, no de los políticos, sino de una mayoría de trabajadores públicos, pero sin tocar las ganancias de las grandes empresas donde se consume la vida de millones.

También habla de “un uso abusivo de los fondos públicos” cuando se le consultó sobre las convenciones colectivas. Los salarios serían “abusos”, pero no lo son la deuda externa y los compromisos con el FMI, con las empresas transnacionales mediante las exenciones de las zonas francas. Esquivel asegura que para llevar adelante los objetivos que tiene piensa “crear el mejor equipo de negociadores del estado”, cosa que no es alentadora pues la gran mayoría de los reclamos laborales que toma el Ministerio benefician a las patronales e impiden la organización independiente de las y los trabajadores.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado UCCAEP afirmó que tienen confianza en el personal que anunció el nuevo gobierno de Chaves para “atender las necesidades urgentes del país en materia de saneamiento de las finanzas públicas, reactivación económica” y además que “todos los cambios y transformaciones necesarias para el país deben definirse en los primeros seis meses”. Es claro que la UCCAEP está ya acostumbrada a hacer su lista de deseos y exigencias a quién esté de presidente, es decir, saben quién está en función de quién.

Cuando la nueva ministra asegura que “debe disminuirse la conflictividad laboral, aprendiendo a resolver los conflictos mediante el diálogo” ignora adrede los abusos de las patronales, las herramientas de precarización del trabajo y el hecho de que la agenda de los empresarios es contraria a los intereses de las masas.

Para realmente atacar el problema de la informalidad y precarización del trabajo hay que apuntar a medidas como la jornada de 6 horas laborales con igual salario, distribuyendo las horas de trabajo entre asalariados y desempleados, garantizando el derecho al tiempo de ocio. La clase trabajadora que enfrentó al FMI hace muy pocos años, poniendo en graves problemas al gobierno saliente de Alvarado, puede y debe tomar en sus manos reclamos como éste, así como el rechazo al pago de la deuda externa y los préstamos con el FMI.

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