Ayer se desarrolló una manifestación a las afueras del Gobierno Regional donde trabajadores, trabajadoras y dirigentes de la FENAFGORE y la ANEF denunciaron vulneración de derechos laborales y prácticas antisindicales que ha aplicado el Gobernador Jorge Díaz de la Democracia Cristiana. Desde que asumió su cargo ha abusado de sus potestades para tomar estas decisiones arbitrarias, ya que tiene una larga data de despidos.
Jueves 20 de julio de 2023
Una de las dirigentes despedidas es Paula Rojas, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional y la trabajadora Alexandra Camus, esto por motivo de un sumario administrativo que acusan fue totalmente dirigido en particular por emitir dos órdenes de compra autorizadas en 2017 por su jefatura que en ese momento era la ex Intendenta y actual Directora del SERVIU Gladys Acuña. Señalan haber tenido todas las autorizaciones necesarias y que aún así sólo a ellas, siendo mandos bajos, se les desvinculó de sus funciones.
En la movilización de ayer llegaron hasta el Consejo Regional para presentar el caso, allí el Consejero del Partido Comunista Gary Tapia señaló que no tienen atribuciones para actuar sobre la situación, pero Paula Rojas apunta a que se revise el caso y el funcionamiento que está teniendo el Gobierno Regional para tratar los hechos y da a conocer que a su compañera Karina Alvarado, quien se encontraba también presente en la manifestación, le pusieron término anticipado de su contrato en septiembre de 2021 cuando recién había llegado el Gobernador, por una “anotación de demérito” y que la misma Corte Suprema dijo que era un mero capricho de la autoridad.
En una entrevista que hizo la dirigente para el medio “ElAjitador” da a conocer que sus colegas expresan temor a denunciar debido a la difícil situación laboral que se atraviesa en la región y la falta de oportunidades en conseguir un trabajo. Y es que no es una caso aislado, ya son al menos tres funcionarios quienes han presentado su renuncia al Gobierno Regional debido a los maltratos sufridos, pero la Mutual de Seguridad no ha dado ninguna respuesta favorable ante estos casos.
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También en 2021 cubrimos como diario el caso de Ximena Testa, quien fuese funcionaria en la Oficina de Partes del Servicio. Fue un despido totalmente inhumano. Ella es madre de una niña en situación de discapacidad. Por lo tanto, se le había autorizado a salir un poco antes de su horario laboral para así pasar comida por sonda a su hija. Una vez asume Jorge Díaz aplica el despido a la trabajadora por “abandono de sus funciones” y sin ningún derecho ni indemnización. Podemos ver aquí una clara muestra de una autoridad que es incapaz de sintonizar con las necesidades y realidades de sus propios trabajadores, donde no le importa dejar a familias en la calle.
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El llamado de las trabajadoras despedidas y los dirigentes que han apoyado el reclamo es a otros trabajadores, organismos, asociaciones y sindicatos para rodear de solidaridad esta lucha, que hay que enfrentar estas prácticas que sólo perjudican a quienes durante años han entregado un servicio de calidad a las instituciones. Debido a que las autoridades no han brindado ningún tipo de solución real que pueda hacer que el curso de los hechos cambie. Esto refleja una enorme disposición de sectores de trabajadores a enfrentar desvinculaciones autoritarias a través de la organización.
Los hechos se desarrollan en medio de un escenario donde se han levantado distintas movilizaciones, como lo es el caso de la huelga de Fluitek Marco, empresa que presta servicios de ingeniería, mantención y fabricación principalmente a la Minería o también las protestas en el Mall Costanera Center por parte de la Federación Internacional de Trabajadores de multitiendas y servicios contra la precarización y sobrecarga laboral.
Pero a la vez, hay un contexto donde la ultraderecha del Partido Republicano, a través del proceso constitucional, ha realizado una serie de enmiendas que no son más que ataques anti obreros, donde una de ellas es eliminar el derecho a huelga y limitarlo a la negociación colectiva, además de impedir que funcionarios del Estado y trabajadores municipales puedan realizarla, al mismo tiempo la ofensiva patronal donde 100 empresas buscan categorizarse como estratégicas para coartar el legítimo derecho a huelga y movilización de los trabajadores.
Podemos ver como los viejos partidos de la casta política buscan avanzar, con prácticas añejas, las mismas que aplica en este caso Jorge Díaz quien es parte de un partido que se ha opuesto a la autoorganización obrera desde tiempos inmemorables. Desde ya es fundamental enfrentar esta agenda anti derechos, pero con la confianza puesta en las fuerzas de las y los trabajadores junto a sectores populares y con una independencia del Gobierno, quienes pasaron de hacer promesas de ser la nueva generación que renovará la política y apoyaría las demandas populares, a hacer alianza con la vieja Concertación, por lo tanto las reformas sociales quedaron sujetas a si la derecha está de acuerdo o no. Terminaron generando pasividad en los movimientos sociales e institucionalizando los reclamos populares.