Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 28 de diciembre de 2022
El Consejo General del Poder Judicial ha tomado una decisión que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional. Esto significa que el tribunal de garantías cambiará de mayoría conservadora (6-5) a "progresista" (7-4) cuando los magistrados tomen posesión en las próximas semanas.
Esta nueva mayoría se mantendrá durante un largo período, ya que no serán intervenidos ni el Gobierno ni el Consejo del Poder Judicial hasta 2031. Durante este tiempo, habrá renovaciones en el Congreso y en el Senado, pero a menos que haya una mayoría parlamentaria clara para la derecha o la izquierda del régimen, estas renovaciones no afectarán la distribución de poder en el Constitucional, ya que los cambios en este tribunal se hacen por consenso de tres quintos de los miembros de las Cortes.
Ahora bien, este avance no garantiza el bloqueo que se vive en la Judicatura. Aunque se ha alcanzado un primer acuerdo para el tribunal de garantías, la dirección del partido popular se mantiene firme en su negativa a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear el Consejo, que lleva cuatro años con un mandato caducado. Esta negativa está vinculada a la decisión del Ejecutivo de derogar el delito de sedición y reformar el delito de malversación con el fin de beneficiar a los líderes independentistas.
Pero como múltiples organizaciones señalan, la reforma del código penal se trata de una reforma que, lejos de avanzar en elementos democráticos, incluye el aumento de las penas para la protesta social. Ya que, si bien con el nuevo Código Penal se podría rebajar algunas penas de los presos y procesados del procés, deja intactas las más de 4000 causas contra otros independentistas y endurece las penas de cárcel contra la protesta social.
Sumado a estos puntos, se habla de una renovación del Constitucional en clave "progresista", pero ¿es esto posible? ¿Hay posibilidad de que un organismo de este tipo tenga algún tipo de orientación "progresista"?
El Tribunal Constitucional es una institución que tiene la “última palabra” en la preservación de los valores reaccionarios de esta democracia para ricos y la Constitución del 78, que defiende la monarquía, garantiza el centralismo españolista, niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos y garantiza la defensa de la sacrosanta propiedad privada de los capitalistas.
Es el mismo TC que decidió que el Parlament catalán no podía votar la investidura de Carles Puigdemont en 2018 y el que prohibió que la Cámara catalana pudiera votar resoluciones sobre el derecho de autodeterminación y la monarquía. Es decir, que ha sido una pieza clave en la persecución del independentismo. Y es el mismo TC que avaló de forma definitiva la “Ley mordaza”, considerando como delitos graves la “perturbación de actos públicos”, ya sean “espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos”.
Por ello, lejos de ver un acto democrático en este primer de desbloqueo del TC o verlo desde una perspectiva "progresista", tan solo se puede interpretar como un capítulo más de este circo dirigido a dedo entre los dos principales partidos del Régimen y sus instituciones.
Los jueces, con mandatos vitalicios y salarios siderales actúan como verdaderos reyes, decidiendo sobre cuestiones fundamentales contra el pueblo trabajador. Son una verdadera casta judicial, que defienden sus privilegios, y viven como ricos, amigos de los grandes empresarios y de los políticos del régimen.
