Luego de la liberación de Rosario Robles, principal responsable de “La estafa maestra”, se plantean dudas acerca de la lucha anti corrupción que supuestamente lleva a cabo la 4T, además de que sigue sin repararse el daño ocasionado contra universidades.
Arturo Rendón Académico de la agrupación Nuestra Clase
Jueves 30 de marzo de 2023
Recientemente tuvo lugar la liberación de Rosario Robles Berlanga, principal responsable de “La estafa maestra”, este hecho plantea dudas acerca de la lucha anti corrupción que supuestamente lleva a cabo la 4T, además de que sigue sin repararse el daño ocasionado contra universidades.
El mes pasado, ocurrió un hecho que indignó a muchos y que deja claros los niveles de impunidad que hay en México, es el caso Rosario Robles, quien, desde el 13 de agosto del 2019, estuvo en prisión preventiva en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, por haber encabezado el caso “La estafa maestra”.
El 24 de febrero de 2023 un juez determinó absolverla de la causa penal en su contra, dictaminando que debía ser juzgada únicamente por una falta administrativa (cargos que ya prescribieron), esto muestra la complicidad de los organismos judiciales por mantener la impunidad de los corruptos, dedicados a enriquecerse a partir de aplicar medidas neoliberales a las mayorías y de saquear el erario público, lo cual afecta a sectores tan importantes como la educación superior, veamos por qué.
La estafa maestra y el golpe a las universidades
La ofensiva contra las universidades fue uno de los grandes proyectos del neoliberalismo, ya que se tenía la pretensión de convertirlas en un gran negocio al servicio de los empresarios y los políticos, permitiendo su quiebra como lo hicieron con otros servicios públicos para poder privatizarlas, excluir a miles de jóvenes de la educación superior, degradar los contenidos o precarizar cada vez más a los trabajadores de la educación superior. Como es el caso de los profesores y profesoras de asignatura, eventuales, interinos, externos o como quiera que estos sean nombrados en las diferentes universidades, ellos son quienes, en su mayoría, están bajo la precarización, la cual les niega todo derecho laboral.
Para operar la estafa maestra, se utilizó a ocho universidades públicas para triangular la operación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que funcionarios públicos pudieran llenar sus bolsillos a partir del padecimiento de las mayorías, utilizando 250 empresas fantasmas entre 2013 y 2018. Así, los desvíos ascendieron a más de ocho mil 350 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu, incluyendo más de cinco mil millones de pesos desviados en esquemas que implicaban instituciones académicas.
Entre esas, encontramos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil 140 millones de pesos con la Sedesol (1) y la Sagarpa (2); la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex (la cual por cierto estuvo en quiebra y por esa razón la rectoría quería realizar recortes a los derechos de los trabajadores), y la de Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa.
La red de complicidades
Para que se pudiera hacer esta movida tuvo que existir una red de complicidades muy grande, como lo muestra la entrevista que realizó la entrevista Proceso a Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien durante el gobierno de Peña Nieto encabezó el Área de Auditoría Forense de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). En dicha entrevista señaló que la red criminal que desvió miles de millones de pesos hacia empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto permanece intocada y expuso que: “Han transcurrido cinco largos años y que no haya ningún resultado es terrible”.
Ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha llamado a declarar al ex presidente de México, ni a otros funcionarios como Luis Videgaray Caso, uno de los secretarios de hacienda del sexenio pasado, así como al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o a los titulares de las dependencias que participaron en los desfalcos, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por otra parte, según lo que señala Buchahin, en la red hubo participación de rectores de universidades que fueron utilizadas como intermediarias para desviar el dinero de las dependencias federales hacia las empresas fantasma, así como la actuación cómplice de varios funcionarios y gobernadores, quienes cerraron los ojos ante los señalamientos que la ASF realizó durante seis años, entre ellos Emilio Zebadúa, quien ante su detención se convirtió en testigo y señaló a Rosario Robles, a Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong, y a Alfredo Del Mazo Maza, porque el dinero sirvió para la campaña electoral del Estado de México de 2017, en la cual triunfó el priista.
¿Y qué dice la 4T?
Pese a sus acusaciones contra los funcionarios del más alto nivel, el testimonio de Zebadúa sólo sirvió para que la FGR hiciera imputaciones contra funcionarios de segundo nivel, a pesar de contar con la formidable batería de herramientas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como las declaraciones de decenas de ex funcionarios, ex rectores o incluso abogados de empresas fantasma que tienen información sobre los esquemas. Por otro lado, en mayo de 2020, el subsecretario de educación superior, Luciano Concheiro, anunció que no habría plan de rescate para 11 universidades en quiebra, y si ahora bien se ha evitado las quiebras inyectando cierta cantidad de recursos, el problema estructural no se ha resuelto.
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De hecho, en tiempos de la 4T, el presupuesto para las universidades no ha aumentado, argumentando problemas de corrupción, sin embargo, el gobierno de AMLO no se ha apostado a abrir procesos contra los implicados más allá de Robles, tampoco a expropiar los bienes producto de la corrupción, los desfalcos, ni reducir drásticamente el presupuesto de las fuerzas armadas (lo cual ha sido al revés). Todo esto como medidas para mejorar la educación pública y reparar el daño ocasionado por los corruptos, pues lo que vemos es una situación de continuidad que perpetúa la degradación de la educación, la precarización laboral, así como el saqueo.
El caso no puede quedar impune sin más, los trabajadores del sector educativo debemos organizarnos para exigir y presionar al Estado para que los recursos sean devueltos y que se castigue a los responsables, ya que encarcelar a estos personajes por sí mismo no resuelve el problema y menos si la red de complicidades sigue existiendo. Por lo que es también importante que los recursos sean gestionados democráticamente por los propios trabajadores, ya que estos funcionarios al servicio de los empresarios no hacen más que enriquecerse con ellos.
