En septiembre se presentará el proyecto de ley de gratuidad en educación superior. La CONFECH convocó a nueva movilización el jueves 27. El Gobierno dijo que hará "lo que estimamos responsable, viable y posible". Los Rectores de las Universidades privadas lo critican por entrometerse en su propiedad privada. Choque de posiciones e inesperados denominadores comunes.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Viernes 21 de agosto de 2015
Un proyecto moderado, en la medida de lo posible
El 2016 comenzará la implementación de la gratuidad vía discusión del Presupuesto, para el 50% de los estudiantes.
Con cuatro ejes:
El primero, será un proceso gradual.
El segundo, según la caracterización socioeconómica (decil 1 al 5, $163.000 per cápita).
El tercero, cubrirá el costo de un arancel regulado.
El cuarto, para instituciones con ciertos requisitos. Para los CFT e IP, que deben estar acreditados y estar constituidos como una persona jurídica sin fines de lucro. Para las universidades, dos alternativas: o pertenecer al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), o ser una universidad privada creada después del año 1981 que esté acreditada por 4 años o más; no tener como integrantes a sociedades comerciales con fines de lucro, y asegurar la participación de los estamentos estudiantil y/o funcionario al menos con derecho a voz en algún órgano de gobierno superior del plantel. Hay que agregar que se estableció que las universidades estatales no aumenten su matrícula, para que no haya fuga de estudiantes.
El resultado para el 2016 es mezquino: en la Región Metropolitana cubrirá 16% de la matrícula, en el Bio Bio 23%, en Valparaíso 27%, en la región de O’Higgins sólo el 1%.
Tal como dijo el vocero de Gobierno Marcelo Díaz, haremos "lo que estimamos responsable, viable y posible". Aquí se vuelve a mostrar el giro del gobierno: en la medida de lo posible.
Lo más serio, es que mantendrá subsidios a los privados, a las empresas privadas de educación.
Los dueños al choque
Los dueños de las Universidades- empresa, lo rechazan en forma absoluta en el caso de las más lucrativas y poderosas. En otros casos, piden ser incorporadas al financiamiento.
Entre las primeras, la Universidad Adolfo Ibañez y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre las segundas, la Universidad Alberto Hurtado (UAH) o la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC).
El rector de la Pontifica Universidad Católica Ignacio Sánchez acusó como una "inaceptable intromisión" del Gobierno el que se exija participación en los gobiernos universitarios con criterios determinados, agregando que "no tenemos que confundir la entrega de recursos de políticas públicas con el gobierno universitario". El rector de la U. Adolfo Ibañez Andrés Benítez declaró en el mismo sentido que "detrás de este proyecto hay una intención de intervención", rematando con que "yo no estoy de acuerdo con que se diga cómo se deben gobernar las universidades, es una pasada ideológica que no tiene nada que ver con el proyecto".
Los segundos, rectores de la UAH y UAHC, estaba preocupados de perder clientes, pidiendo se los incluya.
Todos hablan en nombre de los estudiantes discriminados. Y juran por el “sentido público” de la educación superior.
Las Universidades estatales, a la defensiva
Los Rectores de las Universidades estatales defienden sus instituciones. El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech) a través de su presidente el rector de la Universidad de Valparaíso Aldo Valle, planteó que era un error adelantar la gratuidad sin haber avanzado a “una reforma sustantiva y estructural del sistema de educación superior”, refiriéndose al fortalecimiento de la educación pública. Contundente afirmó que “no se puede avanzar sólo en distribuir recursos del Estado respecto de un mismo sistema de educación superior, que sabemos es un sistema de libre mercado, de libertad de comercio, con una alta segregación, con baja calidad, totalmente desregulado”.
La dirigencia de la CONFECH abre las puertas a los privados
Marta Matamala de la FEUSACH declaró que “La gratuidad aparece como una medida aislada del resto. Muy mal enfocada en función de los requisitos que se están imponiendo. La gratuidad, en primer término, es para quien tiene hoy una misión pública. Ésta tiene que ser definida con los criterios que los actores sociales estamos definiendo”.
No se trata de un problema de criterios.
La dirigencia de la CONFECH, al hablar del “sentido público”, le abre las puertas a uno de los argumentos fuertes de los dueños de las Universidades privadas.
Las Universidades estatales son las que deben ser financiadas con fondos del Estado. Las Universidades privadas, deben ser financiadas con sus propios fondos.
No hay discriminación a los estudiantes que necesiten estudiar gratuitamente. En la medida que se financie el 100% de las Universidades del Estado, con ingreso irrestricto para todos los que quieran estudiar en estas instituciones.
Un nuevo período de discusiones se abrirán con la presentación en septiembre del proyecto de ley. Será precedido por la marcha del jueves 27 convocada por la CONFECH. Y por su participación en la mesa de diálogo con el Mineduc.
