CRISIS DE DESAPARECIDOS. Seguir siendo juez y parte: Nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Este martes, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó un Nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) y fijó la cifra de desaparecidos en México en 37 mil 485 personas. El anterior registro tenía "problemas técnicos" como casos duplicados, datos incompletos y denuncias no contabilizadas, situación que a 12 años del inicio de la "guerra contra el narco" y del vertiginoso aumento de desapariciones, no había preocupado a los gobiernos del PAN y del PRI y que hoy, en los albores de la administración de Morena, llega con cínico retardo.

Este nuevo sistema deriva de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada en 2017. Producto de esta ley es que se creó una Fiscalía especializada y una comisión nacional de búsqueda, mismas que dependen directamente del poder Ejecutivo.

Según reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son apenas seis estados del país en donde se han creado comisiones locales de búsqueda, mientras que once entidades no han puesto siquiera en marcha la operación de las unidades estatales de atención a víctimas. Mientras tanto, por todo el país circulan morgues rodantes autorizadas por el gobierno con cientos de cuerpos sin identificar.

"25 estados no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda y 11 no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas".

El 1er Visitador #CNDH, Ismael Eslava, participó en la Instalación del Sistema Nacional de Búsqueda en @SEGOB_mx. pic.twitter.com/1mGUYJ4Rjo

— CNDH en México (@CNDH) 9 de octubre de 2018

Alejandro Encinas, favorito de Andrés Manuel López Obrador para ser el próximo subsecretario de Derechos Humanos, se sumó a las críticas por la demora de la administración de Enrique Peña Nieto, en la que desapareció un promedio de 12 personas al día, para anunciar esta medida. Encinas adelantó que el caso Ayotzinapa sería prioritario para la administración entrante y que buscarían con ello establecer un precedente para el resto de los casos. La propuesta de una comisión de la verdad impulsada por Morena, sin embargo, no augura más garantía de efectividad que las medidas vigentes pues, en última instancia, continúa dejando en manos del Estado la investigación y la administración de justicia.

¿Cómo se puede hablar desde la defensa de los derechos humanos de un plan que, de fondo, no contemple el fin de la militarización, cuando han sido los mismos organismos de DDHH en nuestro país los que han señalado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en torturas, desapariciones y masacres?

Aunque se de un cambio en la administración, las bases estructurales que permitieron no sólo Ayotzinapa, sino la militarización y la imposición de medidas antiobreras y antipopulares que tiene a las grandes mayorías soportando un incremento del costo de vida y niveles de violencia históricos, parecen acentuarse. Así lo demuestra la postura de AMLO ante las fuerzas represivas, cuya presencia en las calles apunta no sólo a mantenerse, sino a profundizarse.

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La cifra de 37 mil personas "no localizadas" de la que pretende partir este nuevo Registro es una burla, insostenible para organizaciones y activistas que señalan las deficiencias del registro, mismas que las autoridades no tuvieron más remedio que reconocer.

El fin al flagelo de la violencia no vendrá de la mano del Estado al que las masivas movilizaciones de 2014 señalaron como responsable de la desaparición de los 43. Sólo la imposición de una comisión independiente, integrada por personalidades y representantes de sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, nacionales e internacionales, con plenos poderes para llevar hasta el final todas las líneas de investigación, podrá llevar adelante la tarea de brindar a víctimas y familiares verdad y justicia.