En Santiago del Estero se lleva adelante el proceso judicial por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, ocurrido en noviembre de 2011. El asesino es un empresario sojero, usurpador de tierras campesinas. Contó con sicarios para consumar el crimen.
Sábado 15 de noviembre de 2014
Finalizó la segunda semana del juicio oral contra los imputados, en la localidad de Monte Quemado, a 320 kilómetros al noreste de la capital santiagueña. Los acusados en este juicio oral son Francisco Juárez, procesado por homicidio simple por el asesinato de Cristian Ferreyra y heridas graves a César Godoy; mientras que el empresario sojero Jorge Ciccioli está acusado del delito de homicidio simple, lesiones graves, amenazas y abuso de armas, y como partícipe secundario. Además se juzga a otros miembros de la denominada "banda armada": Carlos Gregorio Abregú, Mario René Abregú, Victor Hugo Juárez y Walter Juárez.
Se trata de un juicio histórico porque pocas veces están sentados en el banquillo de los acusados los propietarios de las tierras, aunque estos las obtuvieron por medio de la violencia y la usurpación. Antes de que los usurpadores asesinaran a Cristian Ferreyra, e hirieran a uno de sus hermanos y a Godoy, amenazaron con matarlos. Entre las pruebas de la causa está el video que registró estas amenazas.
Cristian Ferreyra vivía en la comunidad indígena de San Antonio del Pueblo Lule Vilela, ubicada a 60 km de Monte Quemado, centro norte de Argentina, cuando fue baleado el 16 de noviembre de 2011 por el sicario Javier Juárez, quien cumplía órdenes del empresario Jorge Ciccioli. Ambos están acusados en el juicio, juntos a los demás integrantes de la banda paramilitar que pretendía apropiarse del territorio comunitario habitado por campesinos. Ciccioli es parte de una banda armada para frenar al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
El MOCASE responsabiliza por lo ocurrido al gobierno provincial, porque el problema con el empresario Ciccioli y su grupo armado comenzó ocho meses antes del crimen, cuando alambraron un campo de 3500 hectáreas. Allí se encuentra una escuela pública, pero por el alambrado no se puede acceder, y el Ministerio de Educación provincial no hizo nada para solucionar ese problema.
El MOCASE considera un hecho histórico que se esté juzgando a los asesinos materiales e intelectuales de Cristian, lo que sienta un precedente ante una problemática nacional. En Argentina existen otras muertes de campesinos indígenas que han quedado impunes. A la vez, 63 mil familias campesinas e indígenas se encuentran amenazadas por usurpadores, y en este momento hay más de 9 millones de hectáreas en disputa.
Las audiencias
En la segunda semana de audiencias, fue el turno de los testigos presentados por la querella. Los testigos pudieron revelar cómo actúan los expropiadores de tierras junto a sus bandas paramilitares. Cariló Olaiz es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. En su testimonio contó que conoció a Cristian Ferreyra cuando construyeron los aljibes en su comunidad, en el año 2007. Prosiguió con su relato, en el que daba cuenta que conocía el accionar de estas bandas, y describe que en el año 2009 el empresario tucumano Luque cerca el territorio de San Bernardo y se gestan una seguidilla de conflictos con los campesinos de la región, dado que el alambrado cortó caminos vecinales. Exhibió imágenes satelitales (que la Jueza no aceptó como evidencia), que muestran cómo se han ido desplazando los alambrados y los desmontes durante los últimos años. Y explicó cómo esto provocó la conflictividad en la zona, agudizada en 2011 cuando empieza el desmonte de un territorio de mil hectáreas. El 8 de abril de ese mismo año se presentó la primera denuncia por una topadora que había en el lugar. El propio Olaiz denunció la situación en reiteradas ocasiones ante la Comisión de Bosques. Con todo, el plan de desmonte fue detenido seis meses después del asesinato de Cristian Ferreyra. Olaiz sentenció: "El Estado tuvo que esperar a que muera alguien para tomar una medida".
El juicio oral que se lleva adelante en Monte Quemado finalizará 1 de diciembre, cuando se dicte la sentencia del Tribunal de Primera Nominación a cargo de la Dra. Élida de Suárez.
