La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió este miércoles pasado para discutir el proyecto de ley de un retiro del 10% 2.0. Durante años grandes empresarios se han enriquecido con el negocio de las pensiones, hoy en pandemia y con millones de despidos, ¿por qué la crisis debemos pagarla con nuestros bolsillos?
Gaba La Izquierda Diario Antofagasta
Viernes 25 de septiembre de 2020
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió este miércoles para analizar cinco proyectos de ley que regulan los retiros especiales de fondos de pensiones en el caso de afiliados de rentas vitalicias, enfermos terminales y deudores de pensiones alimenticias; así como para posibilitar un segundo retiro del 10 por ciento de las AFP.
La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien impulsa la iniciativa, aseguró que el retiro del 10% "sí tiene piso político, porque tengo el compromiso explícito de más de 14 diputados de la derecha”, confiando en la derecha para una futura y supuesta aprobación.
Por su parte, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, rechazó las mociones, enfatizando que el objetivo principal de este minuto es seguir avanzando en una reforma previsional que asegure mejores pensiones: "Todos queremos que las pensiones en nuestro país sean lo mejor posible, y esto (un nuevo retiro del 10 por ciento) claramente es contradictorio con ese anhelo", afirmó la secretaria de Estado.
Estas declaraciones de parte de la ministra del Trabajo- quien antes del primer retiro del 10% afirmó que las personas "gastarían la plata en plasmas"- son bastante contradictorias si consideramos que el Gobierno ha sido parte, junto a los partidos políticos de los 30 años, de perpetuar un negocio redondo para la clase empresarial, donde el 23,8% del total de recursos que administran las AFP (el fondo acumulado asciende a casi $200.000 millones de dólares) se invierte en 16 grupos económicos/familiares y 18.2% en 10 bancos privado. Es decir, $47.600 millones de dólares ($37,604,000,000,000 de pesos) van directamente a empresas de las familias Luksic ($5.8billones de pesos), Said ($4.8 billones), Yarur ($4.2 billones), Saieh ($4 billones), Matte ($3.9billones), Solari ($3.3 billones).
Ante esto, considerando los casi 2 millones de personas sin empleo y un futuro negro en el ámbito económico, no basta con medidas parches como el retiro del 10%. Pese a que es una medida que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la población y que expresa también la rabia contra las AFP que año tras año se roba los ahorros de millones de personas; sabemos que el monto retirado por las personas tras un breve periodo se hace humo y que son las y los trabajadores quienes terminan "salvándose" con su propio dinero. Esto sobre todo si consideramos que el endeudamiento creció un 84% respecto el primer trimestre del año, reflejándose de manera alarmante en los adultos mayores quienes promedian una deuda de $47 millones de pesos, según estudio “Barómetro de la Deuda”, del trimestre correspondiente a abril-junio de este 2020.
Una salida de fondo pasará por un programa de conjunto para que la crisis la paguen esos grandes empresarios que se enriquecieron a manos llenas durante los 30 años que impugnó la rebelión, que parta por medidas de emergencia como un sueldo de 500 mil pesos, financiado por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, prohibición de despidos y pago de sueldo íntegro a todos los trabajadores, y que integre medidas estructurales y de fondo como el fin del sistema de AFP que sólo entrega miserias.
De cara al plebiscito debemos retomar esta demanda sentida del estallido social y el camino de la movilización hacia la huelga general, donde junto por luchar por una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, nos organicemos por un sistema de reparto solidario y estatal, gestionado por trabajadores/as y jubilados/as, reduciendo el tope para la vida laboral a los 55 años y en el caso de los trabajos pesados a los 50 años, asegurando pensiones base de 500 mil pesos, y que nunca sean inferiores al 80% del sueldo líquido percibido durante la vida laboral.
