Tren Maya. "Seguridad Nacional": la justificación del gobierno para imponer el tramo 5

Este lunes Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó que se ha reanudado las obras del Tren Maya, pese a las órdenes del juez de suspensión definitiva emitidas en abril pasado, argumentando que se trata de un proyecto de "seguridad nacional".

Según el funcionario esto es para evitar que los amparos promovidos por organizaciones ambientalistas retrasen los trabajos de construcción, aseguró también que la declaratoria implica que las Secretaría de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) —y ya no la Secretaría de la Defensa Nacional— serán las encargadas de la obra en el sur de México.

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La semana pasada el colectivo ambiental Sélvame del Tren denunció que el gobierno federal, pese a dicha decisión judicial, reanudó las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, que se encontraban suspendidas. Según activistas esto es una acción ilegal, ya que el gobierno no puede pasar por alto la orden dada por un juez, aún si las obras son de "seguridad nacional".

Abogados ambientalistas, han advertido que, pese a lo dicho por Fonatur, ningún decreto presidencial ni lo establecido en un Consejo de Seguridad están por encima de lo dictado por un juez. Por ello, quienes dieron los permisos para reanudar las obras estarían incurriendo en un delito.

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Ante esto la dependencia señaló que todos los documentos referentes a la construcción del Tren Maya se han declarado como "reservados", lo cuál se presta para todo tipo de opacidades y nula rendición de cuentas, pese al discurso presidencial donde reiteraba que "por encima de la Ley nada".

Esto se da en el marco de la falta de estudios de impacto ambiental y en las múltiples deficiencias de la planeación del proyecto que no contempla un plan de reducción de afectaciones a los ecosistemas, ni al sistema de cavernas y ríos subterráneos que atraviesan el trayecto del tramo 5 sur, donde existe los últimos reductos de las selvas originales del país.

Lejos del discurso presidencial de beneficiar a la región sureste con esta obra se está beneficiando al sector empresarial, tanto extranjero, como nacional, como el caso de Grupo México, perteneciente a Germán Larrea, mismo que fue beneficiado y obtuvo privilegios de todo tipo durante sexenios pasados, tanto con Felipe Calderón, como con Enrique Peña Nieto.

La 4T viene continuando el modelo extractivista, heredado de hace más de treinta años, donde no solo se despoja a las comunidades originarias, sino también la depredación del medio ambiente. Para frenar de tajo estas políticas, es vital que las y los trabajadores tomen en sus manos la lucha por el medio ambiente y el territorio, en alianza con los pueblos indígenas, científicos y ambientalistas, quienes son los que pueden decidir qué proyectos aplicar de acuerdo con las necesidades de la población sin destruir a los ecosistemas.

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