Al presidente hoy le acompañaron ─desde Santa Lucía del Camino, en el Estado de Oaxaca- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, así como Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el gobernador de la entidad, Salomón Jara.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 24 de noviembre de 2023
Jara afirmó que, a casi un año de asumir la gubernatura de Oaxaca, supuestamente se ha logrado tener importantes avances en la disminución de la pobreza y la inseguridad en la entidad. Sin embargo, reconoció que de 570 municipios que conforman la entidad, 83 se encuentran en franca situación de pobreza extrema.
Por su parte, el secretario de Defensa Nacional, aseguró que en Oaxaca los homicidios presentan una tendencia a la baja, sin embargo, delitos como extorsión y el secuestro tienen incrementos.
Ninguno de ellos mencionó nada respecto a que se estuvieran haciendo esfuerzos para dar solución expedita a la crisis del pueblo Triqui. Precisamente, el día de ayer la caravana del Movimiento Unificador de Liberación Triqui Independiente (MULTI), comunidad originaria que ha sido desplazada de Tierra Blanca Copala ─estado de Oaxaca-, marchó desde el Ángel de la Independencia al Palacio Nacional para exigir al gobierno federal que cumpla con su compromiso de garantizar un regreso seguro a sus tierras ancestrales.
El desplazamiento forzado de dichas comunidades indígenas se da en el marco de una situación de violencia paramilitar que se ha configurado en la región mencionada, a la par que han entrado megaproyectos a la zona. Se trata de una forma de lograr el despojo y desposesión de las tierras y bienes naturales de dichos pueblos, en beneficio de grandes empresas.
Alrededor de 143 familias Triquis han sido desplazadas por la vía de las armas de su lugar de origen desde el 26 de diciembre del 2020 a manos del MULT (Movimiento Unificado de Lucha Triqui), grupo de corte paramilitar que ha sido útil a los intereses capitalistas en la región.
No se ahondó sobre estos importantes detalles en la conferencia mañanera, ni sobre las posibilidades de una pronta solución al problema.
Posteriormente, se habló de la captura, ─el día de ayer, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional-, en Culiacán, de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini” o “Chicken Little”, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos” ─también conocidos como “La Chapizza” en chinola-, y a quien los gobiernos de Estados Unidos y México le atribuyen responsabilidad en el tráfico de fentanilo al país gringo, así como la violencia desatada en los dos culiacanazos.
Según la narrativa emanada de las palabras del secretario de Defensa Nacional, el Nini “es quien ordenó las agresiones en contra de la unidad habitacional militar en Culiacán, Sinaloa en contra de nuestros derechohabientes, de nuestras familias” durante el fallido intento de aprehensión de Ovidio Guzmán en 2019.
Estas afirmaciones son sumamente contradictorias tomando en cuenta las evidencias que personas en Sinaloa proporcionaron a medios de comunicación estatales, las cuales daban cuenta de un acercamiento entre elementos del Ejército Nacional y civiles armados que la gente identificó como parte de la estructura criminal que fue desplegada en los hechos del primer culiacanazo ─17 de octubre de 2019-.
Resulta cuando menos difícil reconocerle verosimilitud a la narrativa sobre este tipo de hechos que elaboran las agencias de seguridad nacional tanto mexicanas como yankees, máxime cuando pobladores de las regiones afectadas ofrecen pruebas tan claras de la estrecha colaboración y entendimiento entre las fuerzas armadas mexicanas ─Ejército, Marina y Guardia Nacional- con grupos paramilitares como los que operan en Sinaloa y otras partes del país.
Lo que sí es cierto es el efecto que genera la violencia: desplazamientos forzados; despojo de bienes naturales y tierras para beneficiar a megaproyectos y empresas; campañas de terror para desmovilizar y evitar la organización de las masas con la finalidad de imponer medidas antipopulares ─despidos masivos del sector de la maquila, por ejemplo, en Ciudad Juárez, durante el sexenio calderonista- y antidemocráticas ─frenar la lucha por la exigencia de presentación con vida de desaparecidxs o la lucha contra fraudes electorales en determinados momentos-, son solo algunos de los efectos que la llamada "guerra contra el narco" ha dejado en México, la cual, hay que decirlo, no es una "guerra contra el narco", sino la configuración de un escenario de violencia extrema que lleva años implementándose, fundamentalmente, para hacer avanzar grandes intereses capitalistas ─tanto legales como ilegales- en distintas partes del país.
