La muerte de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, puso en la palestra nuevamente la discusión sobre la seguridad pública. La derecha hace un festín, mientras el gobierno siguiéndoles el paso lastimeramente, llama a dar suma urgencia para aprobar una agenda represiva sin precedentes. Leyes de gatillo fácil para la galería, mientras no se hablan los problemas de fondo.
Miércoles 29 de marzo de 2023
La agenda de seguridad ha sido el caballito de batalla de la derecha. Entre matinales y parafernalias vemos al que hasta hace unos meses era señalado por el desfalco de 2500 millones de pesos en el municipio de La Florida, un radiante alcalde Carter encabezando las denominadas demoliciones de las narco-casas, junto con Evelyn Matthei en la cruzada contra la delincuencia. Son interesados, y aprovecharon de golpear a todos los manifestantes del estallido social del 2019.
Parecen no existir las denuncias por asesinatos, torturas y detenciones ilegales. 3.000 casos de violaciones a los derechos humanos, 460 heridos oculares y 34 personas fallecidas. Y que su gobierno y el parlamento, permitió aumentar 23 veces el gasto en arsenal para carabineros y más 15 millones de dólares durante la pandemia. Medidas que no fueron para proteger a nadie más que a sus intereses económicos
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Hoy en un chile plagado de desigualdades, con mas pobreza y peores condiciones de vida salen estos próceres de la justicia a dar la receta, el asesinato de la carabinera en Quilpué les permite aprovechar el momento y el gobierno les sigue toda la línea. Boric ya anunció suma urgencia a un paquete de medidas para fortalecer la “seguridad pública”.
Dentro de las leyes sobre seguridad que se encuentran en tabla, una de las más solicitadas por la oposición es la "Ley sargento Retamal", un proyecto que busca que se le entreguen mayores atribuciones, mayores armas a Carabineros.
Tohá anunció un acuerdo por 70 medidas para dar luz verde a proyectos como el de la creación del Ministerio de Seguridad o el que regula por ley las reglas del uso de la fuerza y establece protección para las policías.
El gobierno abrió una ronda de conversaciones para acelerar la tramitación de al menos siete proyectos que van en esta línea y Boric incluso anunció que acompañará operativos policiales como una señal del claro apoyo a la institución.
Hace dos semanas atrás el General Director de Carabineros ya había presionado al Congreso para votar leyes que aumentan las penas contra la agresión a Carabineros y que otorgan una “presunción de racionalidad” cuando un policía responde a un ataque. La derecha aprovechó el clima y fusionó la Ley Retamal y la Ley Naín para que sean aprobadas a la brevedad.
Sin embargo, del total de proyectos de ley que están sobre la mesa, 2 de ellos dicen relación con Carabineros. Los otros, son de aumento de penas y están relacionados con el conflicto en Wallmapu, incluyendo un proyecto de Ley que sanciona las huelgas de hambre, sin establecer un marco de resolución para eventuales conflictos.
Viejas recetas: ningún resultado
Si uno hace el análisis comparado con Latinoamérica se va a dar cuenta que Chile tiene las penalidades más altas de la región junto a Panamá, y eso no ha significado la reducción de delitos. Medidas que endurecen penas o flexibilizan las atribuciones de carabineros no han dado muestras de disminuir la delincuencia en ninguno de estos países. .
Recetas de décadas anteriores, que cuestan caro. En los gobiernos de la concertación y de la derecha el gasto en “seguridad pública” bordeaba los 300 millones de dólares anuales. Pero los resultados de esta inversión nunca llegaron.
Lo que sí aumentó fue la precariedad de la vivienda, aumentaron los bajos salarios y la cesantía golpea la puerta de muchas familias en Chile. Las políticas neoliberales crearon las condiciones perfectas para la “inseguridad”, en un Chile que los únicos que se sienten seguros son los empresarios que aumentaron sus ganancias después de la pandemia.
Sin tomar medidas serias para terminar con la pobreza y las condiciones precarias de vida, los resultados seguirán siendo los mismos.
A un paso para legitimar el “gatillo facil” en chile
Pero hoy quieren dar un paso más, no solo con la creación de nuevas instituciones que implicarán un aumento en los recursos del estado, sino que también flexibilizando las facultades de carabineros haciendo una legislación que legitima el “gatillo fácil”. Policías que cuentan con esta “facultad”, en realidad han permitido redadas en poblaciones populares y centenares de jóvenes asesinados.
Un ejemplo de esto es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue acusada de 121 fusilamientos por "gatillo fácil" en los últimos cinco años.Ezequiel Demonty fue detenido y obligado por agentes de la Policía Federal Argentina a cruzar el Riachuelo desde Pompeya hasta Valentín Alsina. El joven, quien tenía 18 años, murió ahogado en el recorrido ya que no sabía nadar. Nehuén estaba conduciendo una motocicleta de regreso a su casa, cuando con luz verde a su favor, fue atropellado por un móvil policial que lo arrastró más de 20 metros. Su madre declaró que las cámaras de seguridad mostraron cómo los oficiales cercaron el lugar durante 45 minutos antes de llevarlo al Hospital Argerich, donde falleció por sus heridas. Las víctimas más comunes tienen entre 15 a 25 años
Más facultades a carabineros: dejar al gato en la carnicería
Ampliar las facultades a carabineros es dar facultades a una institución tremendamente cuestionada. La Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020, en la institución uniformada insisten en que no tienen un conteo propio.
Cientos de expedientes revelaron la coordinación entre ladrones y policías para facilitar el robo de cajeros automáticos entre el 2009-2016.
En 2012 hubo 1.019 funcionarios involucrados en algún tipo de irregularidad: 152 en faltas a la Ley del Tránsito, 137 en delitos militares, 95 en delitos contra la propiedad, 91 en violencia intrafamiliar, 86 en delitos contra las personas, 43 en delitos de drogas, y 37 en delitos de connotación sexual.
Hace un año CIPER publicó un reportaje que reveló que al menos 40 carabineros fueron investigados internamente por nexos con narcos y asaltantes entre 2014 y 2016. Ahora, tras revisar los nuevos antecedentes, este número aumentó a 55 funcionarios durante el mismo período de tiempo.
Esto por lo bajo, en su “combate a la delincuencia” sumemos los casos de corrupción o el denominado pacogate. No olvidamos la auditoría interna que reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones. a fines de 2020 por Carabineros al Fondo de Ahorro Habitacional de la institución. Creado con el fin de entregar créditos hipotecarios a los funcionarios policiales, el fondo está compuesto por dineros aportados por los más de 60 mil carabineros del país, a quienes mes a mes se les descuenta entre el 4% y el 6% de su sueldo con este fin.
Una salida “barata” que ya nos ha salido caro
Mir Puig abogado, especialista en derecho penal y doctor en derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona mencionaba algo interesante “Ahora, ciertamente, es más barato, porque aumentar una pena es barato. Por eso todas las campañas políticas tienen plataformas de derecho penal en sus agendas. Todos los políticos prometen la solución. Efectivamente, los partidos comprenden que es un punto que interesa a la población y que hacer promesas en ese sentido les va a dar votos”. Es verdad, son gestos para la galeria.
El “populismo penal” en las medidas del gobierno esconde el verdadero problema que vive el pueblo trabajador. No busca atacar las causas sociales ni la miseria y pobreza que ha aumentado los últimos tres años.
Es urgente volver a hablar de un plan de viviendas financiado por el impuesto a las grandes fortunas, educación gratuita y de calidad, un sistema de salud que aborde el consumo problemático de miles de jóvenes.
El flagelo de la delincuencia es obra de un sistema del que no hablan
“Los ricos tienen mayores recursos para protegerse. Sin embargo, son los que más se quejan. Basta con visitar las cárceles y ver quiénes están ahí. La muestra social que se ve ahí adentro no se corresponde con lo que se ve en la calle. En una sociedad en la que hay desigualdad, los que tienen más siempre encontrarán más posibilidades de resolver sus problemas, cualquiera que sean.” Así finalizó el experto penalista.
Hablar de seguridad, es hablar de no tener que de vivir de forma miserable y dejar de exigir un garrote para que sean los mismos de siempre los que queden impunes. La izquierda debe volver a reponer estos debates.
El Partido Comunista y el Frente Amplio con sus condolencias institucionales, su urgencia parlamentaria y su sumisión a los políticos derechistas más podridos, abandonaron toda respuesta seria, que realmente busque la seguridad de la clase trabajadora.
Alejandra Valderrama
Redacción La Izquierda Diario Chile. Valparaíso, Chile
